Por... STEPHEN OHLEMACHER
WASHINGTON -- El presidente Barack Obama no lo ha mencionado; tampoco su rival republicano Mitt Romney. Empero, el 2 de enero, 163 millones de estadounidenses verán que pagan más impuestos sin importar quiíén gane los comicios de noviembre.
Una reducción temporal del impuesto de la Seguridad Social expirará a fines de este año y son muy pocos los políticos en Washington que estíén a favor de prolongarla. Ni Obama ni Romney han propuesto prolongarla, y en cualquier caso no será debatida en el Congreso este año, ya que los legisladores de ambos partidos se muestran reacios a la idea.
Incluso los republicanos renuentes a cualquier aumento de los impuestos se sienten poco inclinados a prolongar una exención fiscal que podría costar al trabajador medio unos 1.000 dólares al año, y a una familia en la que trabajen ambos esposos unos 4.500 dólares.
¿Por quíé hay tanto político decepcionado con la posibilidad de prolongar la exención fiscal?
Los republicanos pusieron en duda si reducir los impuestos hace dos años ha contribuido al repunte económico. Los políticos de ambos partidos dicen que temen que ponga en peligro la financiación de la Seguridad Social.
Los respaldan grupos de presión como la asociación de jubilados AARP, que se opone rotundamente a una extensión.
"La exención fiscal tenía como fin su temporalidad y hay un sólido respaldo partidista para que expiren", dijo el senador republicano Orrin Huch de la Comisión Financiera del Senado. "La prolongación de una exención fiscal temporal tiene serias consecuencias a largo plazo para la Seguridad Social, y francamente no está claro que haya ayudado a apuntalar la debilitada economía".
Las exenciones fiscales aprobadas primero por el presidente George W. Bush, que expirará a fines de este año.
La Seguridad Social es financiada por un impuesto del 12,4% en salarios de hasta 110.100 dólares, un umbral que subirá a 113.700 en el 2013. La mitad es pagada por las empresas y el resto por los trabajadores. En el 2012, el Congreso y Obama redujeron la proporción pagada por los trabajadores del 6,2% al 4,2%.
