El fraude al sector público no sólo afecta a Hacienda. Tambiíén a la Seguridad Social. Y lo que dice la última campaña del sistema público de protección social para determinar la existencia de fraude en el pago de complemento de mínimos es que algo más de 65.000 pensionistas cobraron de forma ilegal esta ayuda del Estado en la última campaña de prevención. O lo que es lo mismo, el erario público abonó de forma fraudulenta 117,2 millones de euros a pensionistas que no tenían derecho a cobrarlos.
Los complementos de mínimos son las cantidades que abona el Estado a los beneficiarios de una pensión de carácter contributivo que no alcancen el umbral mínimo fijado cada año en los Presupuestos Generales del Estado. En otras palabras, los complementos a mínimos garantizan un nivel mínimo de subsistencia a todos los pensionistas.
¿A cuánto asciende esta cantidad? Para 2013, el Estado ha asumido que tendrá que destinar 7.895 millones de euros a ese fin (el 100% del coste del programa). Pero, según la Seguridad Social, una parte relevante de ese desembolso se percibe de forma fraudulenta.
En conjunto, la proporción de pensiones con garantía de mínimo es del 27,75%. O lo que es lo mismo, algo más de una de cada cuatro pensiones recibe alguna subvención del Estado. Lo paradójico del caso es que en la mayoría de los casos no se trata de un comportamiento excepcional derivado de alguna situación sobrevenida, al contrario. La Seguridad Social ha constatado que aproximadamente el 45% de los perceptores se conforman de forma reincidente respecto de la deuda por complemento a mínimos de 2008. La importancia de los complementos a mínimos es capital, toda vez que en agosto de 2012 había nada menos que 2,47 millones de pensiones que los percibían.
El sistema público de protección social realiza anualmente una campaña de inspección sobre los perceptores del complemento de mínimos, pero la sorpresa de los nuevos gestores ha sido comprobar que en los últimos años estos programas de fiscalización se habían congelado. Los datos de fraude de 2012, de hecho, se corresponden con percepciones cobradas de forma ilegal en 2009. Lo que hace el INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social) es verificar el nivel de ingresos de los pensionistas correspondiente a cada ejercicio mediante un cruce informático con la administración tributaria.
Las regiones con mayores complementos a mínimos se distribuyen de forma desigual por provincias y comunidades autónomas, siendo la de mayor proporción Extremadura, con un 53%, mientras que en el País Vasco se registra un 13,5%. En la parte alta tambiíén se encuentran Castilla La Mancha (44%) y Andalucía (36%).
Un fraude en aumento
Los 65.287 casos de fraude descubiertos en la última campaña se sitúan entre los mayores niveles alcanzados hasta ahora. Y para hacerse una idea de lo que significa sólo hay que tener en cuenta que, entre 1999 y 2008, nunca se superó la cifra de 52.000 casos de fraude.
Cuando la Seguridad Social detecta la existencia de algún abono abusivo, lo que hace es reclamar las cantidades percibidas de forma ilegal, aunque de manera escalonada. El reintegro de las deudas por complemento a mínimos se materializa preferentemente, según la Seguridad Social, a travíés de descuentos a aplicar sobre la pensión, salvo que el deudor opte por reintegrar la deuda en un solo pago.
El importe del descuento se sitúa entre un 15% y un 20% de la cuantía de la pensión cuando esta sea igual o superior a la pensión mínima de jubilación vigente para mayores de 65 años, o entre un 10% y un 14% cuando la pensión sea inferior a la mínima indicada.
El fraude en el cobro de complementos tuvo mayor relevancia en 1997, cuando nada menos que 108.294 pensionistas fueron detectados al cobrar de forma ilegal una parte de su prestación.
El derecho a percibir el complemento a mínimo no se consolida en la paga de los pensionistas, se revisa de forma anual, y es incompatible con la percepción por el beneficiario de ingresos de trabajo, de capital, o de cualquier otra fuente de renta, aunque siempre que la suma de todas las percepciones, excluida la pensión a complementar, exceda de una determinada cuantía. Este tope máximo de ingresos se fija anualmente en la ley de presupuestos, y para 2013 se ha establecido en 7.063 euros al año para los pensionistas que no tengan cónyuge a cargo, y de 8.239 para los que lo tienen.
