La Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias contra la compañía Telefónica, la Generalitat de Cataluña, la Diputación de Barcelona y el Consorcio Sanitario de Terrassa (CST) por supuestos delitos de falsedad en concurso público, tráfico de influencias, revelación de información, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y una eventual alteración de precios en concursos públicos.
La primera denuncia sobre los hechos partió de un empleado de la compañía, y la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) abrió una investigación sobre los hechos el año pasado. A primeros de año, envió su informe al Ministerio público, que dictó una resolución de admisión a trámite, y hace unos días abrió “diligencias preprocesalesâ€. En estas constan documentos internos de la compañía, correos entre empleados y directivos de Telefónica, de la Generalitat, de la Diputación y del CST, e incluso grabaciones de conversaciones y de reuniones.
Los hechos hacen referencia a cinco operaciones: la primera de ellas fue un concurso de la Generalitat al que se presentó Telefónica en el año 2009, en el que se modificó la oferta de la compañía despuíés de la apertura de plicas; la segunda operación se traslada al año 2012, en que Telefónica supuestamente recibió información privilegiada de un concurso público de la Diputación de Barcelona; la tercera es la “presunta facturación, en el marco de otros contratos, de los costes de unas prestaciones adjudicadas a Telefónica y finalmente no realizadas†por la Diputación (esa adjudicación se había realizado en el año 2008); la cuarta son “presuntas connivencias para la adjudicación a Telefónica de una parte sustancial de los contratos objeto de 4 procedimientos de contrataciónâ€; y la quinta, la “connivencia, que llega incluso a la elaboración de los pliegos de cláusulasâ€, por parte de Telefónica, en las actuaciones preparatorias de la licitación de los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la información del Consorcio Sanitario de Terrassa, contrato finalmente adjudicado a Telefónica en el año 2012â€.
Lo que hacían en algunos casos los funcionarios era filtrar información sobre las cláusulas que iban a contener las condiciones de los concursos para que la compañía pudiese preparar con tiempo suficiente una oferta competitiva. En ocasiones, incluso, se daban consignas a los responsables de la Administración para que incluyesen datos que interesaban a la empresa y poder así poder presentar su oferta en base a unos pliegos de características tíécnicas o administrativas hechos a medida. En otras palabras, estos procedimientos levantan suspicacias sobre la limpieza de las adjudicaciones.
En el primero de los casos, se iba a adjudicar el suministro de una aplicación para dar apoyo al Gobierno en materia de protección de datos por 216.204 euros más IVA. Pero Telefónica cometió un error de bulto: su oferta económica “era por un precio superior al que previamente se había acordado con el CTTIâ€. í‰ste es el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, el organismo de la Generalitat que se ocupa de controlar todo el sistema de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). El día 27 de mayo del 2009, se realizó la apertura de plicas y, el día 5 de junio, la compañía envió los precios nuevos a la Generalitat.
Para “darle el cambiazoâ€
Un correo electrónico de Jordi Grañas, ejecutivo responsable de cuentas de CTTI, escribía un duro correo a la compañía. “Sólo comentaros que he asistido a la apertura de plicas y lo que ha ocurrido despuíés me parece bochornoso. No entiendo que presentemos una oferta ganadora y nos equivoquemos con el precioâ€. Poco despuíés, Mariano Yagí¼ez, key account manager de Telefónica, escribía a dos altos cargos del CTTI argumentando que “en ningún caso ha sido un error premeditado y sólo se trata de un error humano (...) Gracias por vuestra paciencia y consideraciónâ€. Al día siguiente, uno de los destinatarios, Tomí s Roy, director del área de Calidad y Seguridad y Relaciones del CTTI, le respondía: â€Aceptadas las disculpas. Deseamos tener la reunión, donde esperamos que llevíéis propuestas para corregir tal error, con el espíritu de respetar todo lo que se pactó en su momentoâ€.
Los correos internos de los cargos de la compañía tambiíén son jugosos. El propio Yagí¼ez señalaba en otro correo electrónico poco despuíés que habían de tener la reunión y “explicar en dos minutos lo que ha pasado, pedirle las disculpas correspondientes (todo esto en dos minutos) y entregarle una nueva versión de nuestra oferta. Aunque esto juraríé que no lo decimos, la idea es que incluyamos algunas cosas en nuestra oferta para que nos puedan adjudicar y darle el cambiazoâ€. Y reseña, a continuación, la oferta que han de presentar porque “es lo que quieren que incluyamosâ€.
Fuentes de Telefónica señalaron a El Confidencial que las acusaciones “carecen de rigor y, en algunos casos, son absolutamente falsasâ€. Sobre el contrato con la Generalitat del año 2009, por ejemplo, las fuentes señalan que “es cierto que se modificó tres veces la oferta tíécnica a petición de la Generalitat, pero jamás se alteró el precio, que era de 18.000 euros y no de más de 216.000, como dice la denunciaâ€.
En el asunto de la Diputación, la compañía recibió con antelación las condiciones de un contrato para el servicio de mantenimiento, apoyo y administración de los sistemas de seguridad perimetral de las redes informáticas de la institución, que ascendía a 137.100 euros más IVA. David Sauret, ejecutivo de ventas de la compañía, remitió la información a algunos de sus compañeros. “Estos pliegos no se han publicado todavía. El cliente nos los ha pasado para que podamos planificar bien la estrategia con tiempo y hacer una oferta competitiva con Telindusâ€. Este contrato, sin embargo, no se lo llevó finalmente Telefónica, aunque desde la compañía se asegura que, al final, ni siquiera se presentó una oferta al concurso. “Por tanto, no vemos dónde puede haber delitoâ€, zanjan las fuentes.
Respecto a los cuatro concursos sospechosos del CTTI del año 2011, estos ascendían a 524,5 millones de euros. Se trataba de “aprovisionamiento del puesto de trabajo y apoyo al usuario de la Generalitat de Cataluña†(166,5 millones); del “aprovisionamiento y mantenimiento de aplicaciones de la Generalitat†(139,8 millones); del â€aprovisionamiento de infraestructura de proceso de datos de la Generalitat†(113,9 millones); y del “aprovisionamiento de conectividad y telecomunicaciones de la Generalitat†(105 millones). Lo que se investiga es si en esas adjudicaciones pudo haber o no connivencia.
Pliegos elaborados por Telefónica
Respecto al contrato con el Consorcio Sanitario de Terrasa del 2012, se tramitó por un procedimiento abierto y ascendía a 1.947.000 euros, con IVA incluido. En este caso, sólo se presentó Telefónica al concurso, por lo que fue el adjudicatario. Pero en las diligencias constan 28 correos electrónicos “que evidencian que, en una parte sustancial, los pliegos de cláusulas rectoras de esta licitación fueron elaborados por Telefónicaâ€.
Uno de los correos,enviado por Xavier Canalda, cargo del CST, a la responsable de cuenta de Grandes Clientes y Administraciones Públicas en Cataluña de Telefónica, Carolina Mellado, señala textualmente: “Tal y como hablamos, en relación con el concurso de comunicaciones, para comenzar a trabajar, te envío una lista con los puntos concretos que nos interesan y aportan un valor añadido a la oferta que podíéis presentar. Estos puntos, igualmente, pueden servir más adelante para la puntuación del pliegoâ€. Otro correo de la directiva de la compañía advierte a su equipo de que “esperan que les ayudemos en el pliego y, sobre todo, que les indiquemos aquellos matices que nos interesa que puntúenâ€.
Telefónica asegura que a su compañía sí se le pidió asesoramiento tíécnico. “Pero igual que a otras compañías. Los clientes demandan, a veces, ese asesoramiento, pero lo piden a todos y el propio CST lo ha reconocido así, que nos pidió opinión a nosotros y a las demás operadoras. Al principio, además, el concurso fue impugnado por Orange, luego se hicieron nuevas bases y sólo se presentó Telefónica y por eso se llevó el contrato, pero eso no es ningún delitoâ€, dicen desde la compañía de telecomunicaciones. Tambiíén niegan tajantemente que se facturasen trabajos no realizados. “No es el proceder de nuestra compañíaâ€, subrayan. En el caso de los trabajos cobrados y no realizados, el informe de la OAC que fue entregado en Fiscalía señala que fue la propia Diputación la que desistió de los contratos porque algunos trabajos se ejecutaron “de forma totalmente deficiente o incorrectaâ€. A pesar de ello, el denunciante asegura que la empresa facturó las prestaciones no realizadas “imputando los costes correspondientes en otros proyectosâ€. Aun así, de momento se desconocen en quíé procedimientos de licitación ocurrieron esos hechos.
