La propuesta realizada por el ministro de Asuntos Exteriores, Josíé Manuel García-Margallo, ha calado entre los gobeirno regionales. Mientras la Generalitat de Cataluña ya mira de reojo la posibilidad de cesión del cien por cien de la recaudación del IRPF a las comunidades autónomas, otras regidas por el PP como Madrid estarían conformes con esta receta.
Aunque oficialmente el Ejecutivo de Artur Mas niega cualquier tipo de negociación con el Gobierno de Mariano Rajoy, fuentes oficiosas de la administración reconocen que la propuesta es muy interesante por el aumento de los recursos financieros que percibiría la Generalitat y el efecto que tendría sobre los recortes presupuestarios.
Actualmente, las autonomías reciben el 50% de la recaudación del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF). Según la liquidación provisional de la Generalitat correspondiente a 2012, la administración catalana recibió 9.441 millones de euros en concepto del tramo autonómico del IRPF, que es el 50% de la recaudación total por este impuesto en Cataluña. En caso de que la propuesta adelantada por Margallo se hiciera realidad, la Generalitat percibiría (tomando de referencia 2012) otros 9.400 millones de euros adicionales.
La cifra no ha dejado indiferente a un Ejecutivo catalán que (al menos por el momento) tiene que presentar unos presupuestos para 2013 con un díéficit público del 0,7 por ciento. Este objetivo de díéficit supone realizar un nuevo ajuste de 4.400 millones respecto a 2012, una cifra que el consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, se niega a realizar.
Cubre el 'Pacto Fiscal'
Los 9.400 millones adicionales que en teoría ofrece García-Margallo cubre las reclamaciones dinerarias que Artur Mas hizo a Mariano Rajoy el pasado 20 de septiembre, cuando le planteó en el Palacio de la Moncloa su Pacto Fiscal. Entonces, el Parlament fijó el díéficit fiscal catalán (la diferencia entre lo que Cataluña aporta al Estado y lo que recibe) en 16.400 millones de euros anuales, lo que supone el 8 por ciento del PIB autonómico.
En aquel momento, CiU se fijó como objetivo reducir ese díéficit fiscal a la mitad, lo que supondrían unos ingresos adicionales de 8.200 millones, cifra inferior a los 9.400 millones que aportaría el cien por cien del IRPF.
Por el momento, la Generalitat es consciente de que la propuesta es sólo un guante lanzado para empezar a negociar y no quiere caer en errores del pasado. Ayer, el portavoz del Govern, Francesc Homs, aseguró que la prioridad del Ejecutivo sigue siendo "celebrar una consulta soberanista" y se mostró muy escíéptico ante la propuesta de García-Margallo. Homs no cerró la puerta a escuchar las ofertas en este sentido que lleguen desde Madrid, pero remarcó que la proposición de Margallo es a título personal y no del conjunto del Gobierno de Rajoy.
"Parece que estamos en el día de la marmota", ironizó el portavoz y recordó que este tipo de propuestas no son nuevas y que ya tuvieron lugar de forma similar durante la negociación por el Estatut de 2006. Para Homs, esa fase "nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos ahora", por lo que considera que "hay que pasar página de ciertos debates" porque, en el asunto de la financiación, "ya lo hemos intentado todo".
Esperando una oferta formal
Lo cierto es que la idea de recibir el cien por cien del IRPF divide al Ejecutivo de Artur Mas y, en otro nivel, a CiU. En el Gobierno catalán hay consejeros más partidarios de negociar un modelo de financiación que cubra la necesidades de Cataluña, mientras que otros los consideran un paso a atrás y una deslealtad a los votantes que quieren una consulta soberanista. Igual ocurre en la coalición nacionalista, donde Josep Antoni Duran i Lleida apuesta claramente por la negociación.
Artur Mas, que hoy comparece a las doce para hacer balance de sus primeros cien días de gobierno, se debate entre las dos tendencias, pero por el momento ha dado orden de aplazar cualquier tipo de debate interno. En estos momentos, no hay una oferta en firme del Gobierno español y hasta que íésta no exista en CiU nadie se va replantear su independentismo.
Por este motivo, Homs aseguró que el Govern debe cumplir sus compromisos electorales con los que Mas se presentó, en referencia a la consulta soberanista y al derecho a decidir. "Lo que no haremos es cambiar una cosa por la otra, traicionar un compromiso electoral sobre el derecho a decidir por una promesa vaga sobre financiación", indicó, despuíés de negarse a responder si existe una negociación sobre este tema.
Por otro lado, el PSC propuso ayer crear una comisión en el Parlament donde los partidos catalanes debatan el nuevo modelo de financiación de Cataluña. CiU rechazó esta propuesta.
