El Tribunal Constitucional español podría generar un agujero en las cuentas públicas similar al de Alemania. Aunque hasta ahora nunca ha sentenciado en contra de los recortes, tiene admitidos a trámite cuatro recursos que ponen en riesgo 19.000 millones de euros de ajustes. Si ocurriera como en Portugal y el TC dictaminara en contra de estas medidas, el Gobierno se vería obligado a aprobar nuevos recortes por un importe de casi 2 puntos del PIB.
La decisión del Constitucional luso de anular cuatro de las nueve medidas de ajuste que el Gobierno portuguíés pactó con la troika ha disparado las alarmas. ¿Podría ocurrir algo parecido en otro país?
Sólo en España, el TC tiene pendientes de resolver varios recursos presentados tanto por la oposición como por varios gobiernos autonómicos. Tras admitirlos a trámite, tendrá que analizar la constitucionalidad de medidas como la eliminación de la paga extra de los funcionarios, la amnistía fiscal, el decreto con los recortes en sanidad y educación, la congelación de las pensiones este año y el ajuste de las primas a las renovables.
Todas ellas suman 19.600 millones de euros en ajustes, que podrían ponerse en peligro en el caso de que el TC considerase alguna medida inconstitucional.
SANIDAD, EDUCACIí“N, ENERGíA…
Los decretos con las medidas de recorte en sanidad y educación son los que ponen en riesgo mayor importe, ya que supone unos 10.000 millones de euros. El alto tribunal ha admitido a trámite los recursos de doce autonomías contra el decreto ley de sostenibilidad de Sistema Nacional de Salud, aprobado en abril de 2012. Entre otras medidas, esta norma incluía el aumento del copago farmacíéutico y la creación de una cartera común de servicios para toda España.
El TC tambiíén aceptó los recursos de Cataluña, País Vasco y Canarias al Real Decreto-ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que preveía el aumento del número de alumnos por clase.
La Audiencia planteó una cuestión de constitucionalidad al entender que pudiera ser ilegal la supresión de la paga extra a los empleados públicos. La norma ha sido cuestionada por contravenir el principio de no aplicación con efectos retroactivos.
LA AMNISTíA FISCAL, TAMBIí‰N EN LA CUERDA FLOJA
La amnistía fiscal fue recurrida por el PSOE y su demanda tambiíén fue aceptada por el Constitucional. De fallar en contra, el Estado perdería los 1.200 millones de recaudados con la medida y tambiíén se quedaría sin los efectos que producirá el aumento de las bases tributarias en 40.000 millones de euros tras el afloramiento de fondos repatriados.
La congelación de pensiones de este año, que ha ahorrado 1.800 millones de euros este año, tambiíén está siendo cuestionado por el alto tribunal. El recurso fue firmado por los grupos parlamentarios del PSOE, de CiU, PNV, Izquierda Plural y UPyD y está siendo estudiado por el TC.
Además, el tribunal tambiíén está pendiente de analizar la conveniencia del decreto que recortó las primas a las energías renovables, tras los recursos de Canarias, Galicia y Extremadura.
