El Grupo Consultivo de Reflexión sobre Políticas Públicas, patrocinado por la patronal de la industria aseguradora Unespa, considera que más allá de la crisis actual, el sistema de pensiones español tiene una deficiencia financiera creciente ocasionada por el envejecimiento tendencial de la población, y que no se corrige con la recuperación del PIB, ni tampoco con la incorporación de más reformas paramíétricas del sistema de retiro, esas que movilizan determinadas variables pero no garantizan la sostenibilidad. Prolongan la vida, pero no curan su dolencia.
El documento de los expertos será entregado al Gobierno, a los partidos políticos, sindicatos y patronales, y será la primera gran reflexión para un debate social que ha arrancado ya con las limitaciones a las prejubilaciones y con la búsqueda de un factor de sostenibilidad para el sistema.
Para Rafael Domíénech, Josíé Luis Leal, Josíé María Fidalgo, Felipe Serrano, Victor Píérez Díaz, y Juan Manuel Eguiagaray, que preside el colectivo, la Seguridad Social precisa un cambio profundo en la determinación de la pensión contributiva, y que, respetando los principios de suficiencia, contributividad y equidad, proporcione continuo equilibrio financiero. Ahora carece de tal, y dada la presión demográfica y las supuestas garantías proporcionadas por la ley, su desequilibrio es creciente, y solo puede ser absorbido por cambios bruscos en algunos de los parámetros (edad de jubilación, escala de aseguramiento, etc.) que comienzan a agotar su recorrido.
Manteniendo el sistema de reparto intergeneracional (los activos de hoy financian las pensiones de los pasivos), proponen sustituir los mecanismos de prestación definida actuales (hay un compromiso que asegura a cada cotizante quíé pensión va a recibir si reúne determinadas condiciones), por un mecanismo de aportación definida. En el momento de la jubilación, anticipada o no, la pensión de cada cotizante pasa a ser la suma de todas sus aportaciones a lo largo de su carrera (debidamente actualizadas) dividida por el número de años que se espera que viva una vez retirado; este número de años se determina para todo el colectivo de su generación o su quinta.
Así, las cotizaciones de cada trabajador, desde el primer día, pese a gastarse en el pago de las pensiones de sus mayores (sigue siendo un sistema de reparto), se anotan en una cuenta virtual o nocional, cuyo monto expresa el valor de los derechos que va acumulando. La fórmula proporciona certidumbre a la prestación esperada, pese a conocer solo la aportación, puesto que tal fórmula es fija desde el inicio. En el mecanismo actual, a juicio de los expertos, pese a conocer supuestamente la prestación que uno se está fabricando, puede ser modificada legalmente por cambios bruscos en los parámetros que la determinan, como ha pasado cada ocho años desde 1980.
Con esta fórmula no hay barreras de entrada en el modelo contributivo, pese a que pueda mantenerse un sistema de pensiones mínimas, cuenta cada aportación, y no hay límites de años, como ahora, en el que las aportaciones más allá de 35 años y aquellas que superan el umbral que garantiza la pensión máxima del sistema, se van al limbo de la solidaridad interrentas y entre generaciones.
Además, este mecanismo, a juicio de sus diseñadores, es equitativo entre generaciones, porque evita trasladar al futuro el coste de los excesivos compromisos actualmente garantizados por la norma y el de las reformas no hechas en su momento, y que han ido acumulando vicios financieros muy elevados y que conforman el díéficit implícito del sistema de pensiones. Este mecanismo, que debe moverse en unos parámetros de cierta obligatoriedad, como ahora, proporciona el conocimiento suficiente como para modular quíé parte del ahorro se quiere dedicar, si se estima necesario, a mecanismos de capitalización individual.
Con este modelo, que debería tener fórmulas de revalorización en las aportaciones y en las pensiones, una parte importante de la sostenibilidad estaría en la esperanza de vida de cada generación, pero debe tener tambiíén elementos adicionales que restauren el equilibrio financiero cuando se descuadren recursos y gastos. Además, aporta neutralidad, dentro de unos límites flexibles, y cada trabajador se jubila a la edad que desea, y en función de ello se fija su pensión.
En busca de un retorno del 70% de la última renta
Dado que el modelo de determinación de la cuantía de las pensiones que propone el Grupo Consultivo de Reflexión sobre Políticas Públicas pretende restablecer el equilibrio financiero que ahora no tiene el sistema contributivo de la Seguridad Social, es evidente que para quienes conformasen su retiro con la cuenta nocional la prestación sería más baja que la que ahora proporciona la norma, salvo que las aportaciones partiesen de niveles superiores a los actuales. Para conformar un mecanismo completo de previsión del retiro, los expertos consideran que hay que hay que darle su valor a los sistemas complementarios de capitalización, combinar convenientemente los formatos públicos y los privados, y modificar para ello el patrón actual del ahorro.
Los expertos dan por hecho que esta fórmula que proponen no se abrirá camino de inmediato, y que precisa del debate público de todas las fuerzas sociales y políticas (a todas se proporcionará el documento elaborado), pero estiman que es la única que frenará el descenso de la tasa de sustitución (renta recibida como pensionistas respecto a la percibida como cotizante) de los últimos años.
Consideran razonable que las cotizaciones a la Seguridad Social trasfieran una renta del 70% de la renta de activo, frente a cerca del 80% que garantizan hoy únicamente porque un compromiso normativo así lo establece, aunque sea generando un ingente díéficit cuya financiación se trasfiere al futuro. El umbral de renbta que quiera cada cual, dependerá ya de mecanismos privados de ahorro, cuya consideración fiscal estiman que debe cambiar.
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