Más de 400.000 personas han llegado a beneficiarse de un sueldo procedente de alguno de los niveles del sector público sin que figuren en el registro oficial que maneja el Ministerio de Hacienda.
Ese registro es el denominado Boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, recientemente actualizado con las cifras correspondientes al primer semestre de 2012 (cerradas el 1 de julio del pasado año). El mencionado informe contabiliza tanto a los funcionarios como a los asalariados del sector público con otro estatus laboral, todos los cuales sumaron un total de 2,63 millones de personas.
Sin embargo, ese número se eleva notablemente, hasta los 3,04 millones si se consultan los registros de la Encuesta de Población Activa relativos al segundo trimestre del ejercicio anterior (y, por tanto, cerrados tambiíén a 1 de julio de 2012).
Difíciles de controlar
La diferencia que media entre las cifras del censo del Ministerio que dirige Cristóbal Montoro y los números que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) es notable: 405.000 personas. ¿A quíé se debe la discrepancia?
La causa fundamental estriba en que el estudio de Hacienda deja deliberadamente fuera a los empleados de los sectores más difíciles de controlar de las Administraciones. En particular, la nota metodológica muestra cómo quedan excluidos, aparte de todos los altos cargos (cuyo nombramiento siempre obedece sobre todo a razones políticas), el personal que trabaja para las numerosas empresas públicas que tanto las comunidades autónomas como las entidades locales han creado en los últimos años.
Estos organismos contituyen la parte más oscura de la Administración, en la medida en que la ley permite que sus gastos queden fuera del cómputo oficial del díéficit, como la Comisión Europea viene denunciando desde el año 2007, y además a la hora de conformar su plantilla, por lo general, no recurren a funcionarios de carrera(sólo el 1,5 por ciento de su plantilla tiene esa categoría) y no siempre están claros cuáles son los criterios de selección.
El INE sí que sigue la pista a este tipo de organismos, de hecho establece una rúbrica específica para ellos, y pone de manifiesto que, sólo por trabajar en empresas públicas de este tipo, cobraban un sueldo 142.000 personas.
Se resisten a desaparecer
En los últimos meses, Hacienda presiona a los gobiernos autonómicos y a las entidades locales para que acaben con ellas, y aun así todavía se las han arreglado para aumentar su personal en los últimos trimestres hasta sumar casi 160.000 en el primer cuarto de 2013.
Con todo, el INE tambiíén llega más allá que el boletín estadístico de Hacienda al contabilizar el personal asalariado en otro tipo de organizaciones satíélite de las Administraciones como los variopintos consorcios y fundaciones que han surgido a su alrededor.
La exhaustividad de la EPA permite así determinar que en el primer semestre de 2012 estaban a sueldo de las comunidades autónomas 1,72 millones de personas y no únicamente los 1,33 que se encuentran bajo el control del Ministerio.
El nivel de opacidad tambiíén es elevado en el ámbito de la Administración Local, y así lo tuvo que reconocer el Gobierno cuando anunció, en febrero de este año, la puesta en marcha de la reforma de ese nivel del sector público que, a estas alturas del ejercicio, se ha topado con tantas trabas que todavía no ha podido entrar en funcionamiento.
Sueldos desconocidos
De hecho, el secretario de Estado Antonio Beteta sorprendió al reconocer que no podía ni aproximar la cifra de concejales que cobran por ejercer su función, aun cuando uno de los ejes de la reforma, presentada en febrero, era reducir de forma radical el número de ediles a los que les pagan por serlo.
Así, de acuerdo con el censo de Estadística, 600.400 personas son asalariadas de ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades, 30.000 personas de las que reconoce Hacienda.
La EPA es tambiíén todo un testimonio de hasta quíé punto el sector público puede convertirse en una maraña a travíés de la cual es muy difícil orientarse, incluso para aquíéllos que están plenamente integrados en ella.
Hasta tal punto es así que Estadística ha tenido que crear un apartado para las personas que son asalariadas de alguna Administración, y como tales se reconocen pero que no son capaces de determinar cuál es.
En el segundo trimestre de 2012, el total de esas personas que no sabían identificar a su pagador ascendía a 1.300; con todo, remontándose más lejos en la estadística, puede descubrirse que en 2005 el número de desconocedores superaba los 15.000.
