La muerte de la energía fotovoltaica: El gobierno cambia la normativa y las empresas perderán 700 millones
Por Javier Anta para el Economista
Todos sabemos que el presidente del Gobierno, Josíé Luís Rodríguez Zapatero, es un entusiasta de la energía solar fotovoltaica. Tambiíén sabemos que su ministro de Industria, Miguel Sebastián, aboga por adelantar a antes de 2020 el objetivo europeo de cubrir el 20% del abastecimiento energíético con renovables. Las renovables son la máxima prioridad de una España renqueante por culpa de nuestra desmesurada dependencia de las importaciones de combustibles fósiles.
Lo que no sabíamos es que ese fomento de las renovables pasa por dejar a la fotovoltaica paralizada, en el mejor de los casos, hasta el próximo mes de marzo, lo que provocará píérdidas de 700 millones de euros a las empresas españolas, pondrá de patitas en la calle a unos 20.000 trabajadores muy cualificados y ahuyentará un volumen de inversión de unos 6.000 millones de euros.
Política energíética equivocada
Es muy dudoso que el sector fotovoltaico nacional pueda levantar cabeza despuíés de una debacle económico como el que hay, pero, por si acaso quedaba alguna duda del claro apoyo del Gobierno a la fotovoltaica, íéste ya ha anunciado que para 2009 el volumen del mercado solar español será, como máximo, un 30% del volumen de actividad que está teniendo hasta septiembre de 2008: se pasará de instalar 1.000 MW a 300 MW.
El Gobierno, cuya máxima preocupación energíética es el irracional díéficit tarifario provocado por el incremento del precio de los combustibles fósiles, considera que la solución no es disminuir nuestra dependencia de ellos, sino castigar a una fuente de energía alternativa que tenemos al alcance de la mano, en la que somos líderes mundiales, y que ha probado sobradamente su fiabilidad y su capacidad para evitar males mayores justo cuando se habla sin rubor de un barril a 200 ó 300 dólares.
Y si bien es cierto que el sector fotovoltaico nacional crece a un ritmo insostenible, con una ratio del 450% anual en 2007, y que precisa una ralentización de su actividad, no hay duda de que una cosa es enfriarlo y otra muy distinta congelarlo o, directamente, meterlo en un ataúd. ¿Cómo piensa el Gobierno que están reaccionando los inversores cuando su confianza, alentada por las palabras de los máximos representantes del país, se ve arruinada por los hechos?
Los beneficios de la fotovoltaica
De fondo está el problema del coste de la electricidad fotovoltaica, muy superior al del resto de las fuentes del mix de generación español, si no tenemos en cuenta las numerosísimas externalidades positivas de la tecnología, que compensan con creces su aparente mayor coste.
Pero aquí tambiíén hay un importante error de concepción: el punto de competitividad de la solar no es el precio de la electricidad en el mercado elíéctrico -unos 6-7 c/kWh-, sino el que pagamos los consumidores cuando compramos la energía a la red elíéctrica -unos 17 c/kWh ahora, sin contar la generación del díéficit de tarifa-, porque no podemos colocar una central tíérmica en el tejado, pero sí podemos colocar allí unos paneles, autoabastecernos de energía y ahorrar muchos euros con ello.
Este punto de competitividad, sin ningún tipo de ayudas, llegará antes de 2015 y, además de abrir un mercado gigantesco para la tecnología solar, será muy positivo para todos. En ese momento, que en el ámbito energíético es mañana mismo, además de ser directamente rentable para nuestros bolsillos, frenar el calentamiento global y evitar carísimas importaciones energíéticas, la fotovoltaica supondrá una importante mejora del sistema elíéctrico, al descargar las redes en las puntas de verano -alejando el riesgo de sufrir apagones- y reducir la necesidad de nuevas infraestructuras de red por su carácter distribuido e inmediato al punto de consumo.
Una apuesta de futuro
Sin embargo, para que esto ocurra, y sean realidad las flamantes palabras del Gobierno, los hechos no deben contradecirlas tan meridianamente y el sector fotovoltaico nacional tiene que seguir desarrollándose.
España tiene la gran oportunidad de mantenerse en la vanguardia de la gran revolución industrial que supone transformar el modelo energíético global en sostenible y obtener un volumen enorme de ingresos por la exportación de nuestra tecnología al resto del planeta.
El sector fotovoltaico español, que, a fin de cuentas, lo único que hace es seguir las reglas que diseña el propio Gobierno, puede devolver con creces a la sociedad española la inversión que íésta realiza ahora al confiar en íél.
