Por... Ignacio Díaz
Debate: en una Legislatura vallada y rodeada por fuerzas de seguridad, diputados provinciales de Neuquíén dieron luz verde el 28 de agosto al acuerdo de YPF con la transnacional estadounidense para la explotación de reservas de petróleo no convencionales. Fuera del recinto cinco mil personas eran reprimidas en una manifestación de organizaciones sociales, ecologistas y obreras que se oponen a la extracción de hidrocarburos mediante la fractura hidráulica y al acuerdo con Chevron, que tiene antecedentes probados de contaminación en Ecuador y Estados Unidos. No se conoce públicamente el contrato firmado entre las compañías.
Está todo listo para que la estadounidense Chevron –ex Standard Oil– comience a explorar petróleo de esquistos (shale oil, según su denominación en inglíés) en un área del yacimiento de Vaca Muerta de la provincia de Neuquíén, el más grande del país. Sólo 16 meses despuíés de la reestatización del 51% de la principal compañía nacional, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la política energíética dio un nuevo giro al concretarse el acuerdo con Chevron.
No fue sencillo para el Gobierno sellar la nueva alianza de YPF con la tercera compañía petrolera más grande del mundo, recientemente condenada por la justicia ecuatoriana por contaminación probada a gran escala en la Amazonía de ese país (ver página 32). Primero debió convencer a muchos de los que en abril de 2012 celebraron la expropiación de la mayoría de las acciones de Repsol en YPF como un acto de soberanía de que el nuevo acuerdo es necesario y no contradice aquella decisión. Y luego a los legisladores de la provincia de Neuquíén para que lo aprobaran sin conocer sus cláusulas ni detalles, que no fueron ni serán difundidos públicamente, como lo aseguró el presidente de YPF Miguel Galuccio tras defender la existencia de “condiciones de confidencialidad y privacidad destinadas a proteger a dos empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva Yorkâ€.
Lo que se conoce públicamente sobre el acuerdo es que Chevron invertirá en el primer año 1.240 millones de dólares para la perforación de 100 pozos de petróleo no convencional. Tras una evaluación la transnacional decidirá si continúa operando en la zona, que según el acuerdo firmado será concedida por 35 años para el desarrollo de 1.500 pozos que implicarían una inversión de al menos 15 mil millones de dólares en conjunto con YPF. La transnacional operará sobre un área de 395 km2, que equivale sólo al 1,2% de Vaca Muerta, pero representa la zona de mayor interíés.
Antes de aprobarse el acuerdo, el Gobierno decretó un ríégimen de promoción de inversión para las empresas que explotan hidrocarburos e inviertan más de mil millones de dólares en los primeros cinco años de operaciones. La medida habilita a las compañías –hasta ahora sólo a Chevron– a partir del quinto año a comercializar libremente en el mercado externo el 20% del petróleo y gas extraído, sin retenciones y con libre disponibilidad de las divisas obtenidas.
Según Galuccio, el acuerdo estará regido por la legislación de “ambos países†y en caso de arbitraje será en los tribunales de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París. Argentina volverá a someterse así a la justicia estadounidense.
Argumentos y críticas El declive en la producción y exploración de gas y petróleo durante la última díécada, sumado al aumento de la demanda energíética, provocaron que desde 2011 el país perdiera el autoabastecimiento y cada vez importe más hidrocarburos. Esta situación le genera al Estado gastos que ya superan los mil millones de dólares mensuales en un contexto de aumento de los precios internacionales del petróleo y el gas.
Tras el fracaso de la gestión privada de YPF por Repsol y del ingreso de capitales nacionales a la compañía en 2007 (grupo Eskenazi), que en conjunto provocaron su vaciamiento, y tras su parcial reestatización en 2012, la estrategia del Gobierno es ahora lograr grandes inversiones para la explotación de gas y petróleo no convencional que permitan además el ingreso de dólares frente a una sostenida caída de las reservas internacionales del Banco Central. Argentina es considerada la cuarta mayor reserva de petróleo no convencional y la segunda de gas no convencional en el mundo, según informes realizados para el Departamento de Energía de Estados Unidos. El objetivo es intentar revertir la píérdida del autoabastecimiento con la explotación de esas reservas no certificadas, para lo cual se necesitan inversiones millonarias y tecnología que YPF no posee.
Además de las críticas vinculadas a la píérdida de soberanía, la no publicación del acuerdo y la aplicación de la fractura hidráulica como míétodo de extracción, tambiíén hubo otras de índole económica. Los hidrocarburos no convencionales tienen una menor tasa de retorno energíético (relación entre la energía que se obtiene y la que se gasta para la extracción), lo que provocará un aumento de su precio para los consumidores, aseguran especialistas. Voces de sindicatos y organizaciones políticas criticaron tambiíén el decreto de promoción de inversiones recientemente sancionado, que además permite a las petroleras que ya tienen concesiones de explotación y encaran explotaciones no convencionales extenderlas sin pagar nada al Estado.
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Fracking: el peligroso míétodo de extracción Los hidrocarburos de yacimientos no convencionales, como son los de formaciones de esquistos (shale) de Vaca Muerta, son extraídos mediante la fractura hidráulica (fracking). Para poder llegar hasta estas formaciones geológicas compactas ubicadas a miles de metros de profundidad, en donde los hidrocarburos se encuentran dispersos, es necesaria una tíécnica de perforación doble: primero vertical y luego horizontal a lo largo de varios kilómetros. Despuíés se procede a la fractura de la roca mediante la inyección de millones de litros de agua a presión mezclados con arena y un conjunto de componentes químicos, que permite que los hidrocarburos asciendan a la superficie. En Estados Unidos, un informe de la Cámara de los Representantes en 2011 dictaminó que de los 2.500 productos empleados en la fractura hidráulica en el país, más de 650 contienen químicos potencialmente cancerígenos. Como entre el 65 y el 90% del líquido inyectado para la extracción queda en el subsuelo, estos productos pueden contaminar acuíferos y napas subterráneas de agua si hay fallas en la integridad del pozo o íéstos migran a travíés del subsuelo.
En distintas ciudades y poblados de Estados Unidos ya se ha registrado contaminación del agua, aumento de los terremotos y destrucción a gran escala de ecosistemas. En la localidad de Dimock (Pensilvania) donde en 2008 la compañía Cabot Oil and Gas comenzó a perforar mediante fractura hidráulica, la instalación de agua corriente de un domicilio explotó en enero de 2009 debido al alto contenido de metano y otros metales filtrados al acuífero que abastece a la pequeña ciudad. Las enfermedades se multiplicaron y en 2012 la Oficina de Protección Ambiental constató la presencia de altos niveles de arsíénico y otros elementos químicos en el agua. La Justicia dictaminó tras ese estudio una moratoria para la excavación de pozos en la zona. En los últimos años se han declarado muchas interrupciones legales de proyectos de exploración en varios poblados, ciudades y Estados de todo el planeta, sobre todo en Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa. La fractura hidráulica ha sido prohibida en países como Bulgaria y Francia.
En Argentina ya varios órganos legislativos de municipios (alcaldías) de distintas provincias han declarado su prohibición en los últimos meses. Tambiíén se han presentado proyectos parlamentarios en el Congreso Nacional y en algunos parlamentos provinciales, aunque difícilmente se logren los votos necesarios para su aprobación. Distintas organizaciones sociales buscan generar conciencia sobre los posibles consecuencias ambientales que tendrá el míétodo de extracción y ya hay una campaña nacional en marcha para su prohibición, difundida a travíés del sitio web
www.argentinalibredefracking.org. Si bien el debate sobre la fractura hidráulica ha surgido a partir del acuerdo YPF-Chevron, en Argentina el míétodo se practica desde 2011 y ya se probó en las provincias de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Neuquíén.
Riesgos de contratos bajo jurisdicción extranjera El 23 de agosto la Corte de Apelaciones de Estados Unidos ratificó un fallo de primera instancia que condena al Estado nacional a pagar a tres fondos buitres y 13 inversores minoristas el 100% de la deuda e intereses contraídos pese a que en 2005 y 2010 Argentina realizó procesos de reestructuración del 93% de la deuda con una quita incluida, sólo rechazados por el 0,45% de esos acreedores. Si la Corte Suprema estadounidense falla a favor de los fondos buitre, el Estado deberá pagar 1.500 millones de dólares y afrontar juicios millonarios con el resto de los tenedores de deuda que habían aceptado la reestructuración, a pesar de que ya pagó más de 173 mil millones de dólares entre 2003 y 2012 a acreedores externos.
