La semana pasada y la actual responsables de las diferentes áreas del negocio de Novagalicia y los equipos de los bancos y fondos de inversión interesados en presentar oferta vinculante por la firma gallega –Santander, BBVA, La Caixa, Banesco y el fondo Guggenheim principalmente– mantienen reuniones clave para la presentación de sus propuestas. Responsables del Banco de España y del FROB tambiíén se están reuniendo con estos grupos.
El objetivo es facilitar todos los datos y aclarar las dudas existentes antes de que el próximo día 16 de diciembre presenten sus ofertas vinculantes. El FROB adjudicará Novagalicia al mejor postor, es decir, al que presente la oferta que menos costosa sea para el contribuyente siempre que íésta sea un 50% superior a la segunda mejor, o sea superior en más de 200 millones de euros a la siguiente.
En caso contrario, el organismo que dirige Antonio Carrascosa realizará una segunda vuelta en la que participarán únicamente los tres mejores postores, a los que se les solicitará una propuesta definitiva.
Este sistema, empleado por primera vez en España pero muy corriente en Amíérica, beneficiaría a la gran banca española, que no tendría problemas en subir su propuesta en unos cuantos millones más si verdaderamente está interesada por Novagalicia.
De momento, el grupo que ha mostrado un mayor interíés por NCGes el venezolano Banesco, firma que ya controla en España Banco Etcheverría. Pese a ello, activar una segunda vuelta en la subasta supondría mermar sus posibilidades, ya que sería complicado que pudiera subir considerablemente su primera propuesta.
El objetivo del FROB es obtener unos 1.500 millones de euros por la venta de Novagalicia, el 55% de su valor en libros. Pese a ello, varias fuentes consideran complicado que pueda obtener estos fondos. Los interesados en pujar por la firma gallega han solicitado inicialmente un esquema de protección de activos (EPA) para cubrir los posibles desfases que pueden encontrarse en la cartera de activos inmobiliarios que no se han traspasado a Sareb, o en otros críéditos, además, aseguran que la cartera de participadas en su conjunto presenta minusvalías. Otra duda existente es el porcentaje de activos fiscales diferidos (DTA en sus siglas en inglíés) que pueden utilizar como capital de primera categoría. Los críéditos fiscales suman unos 4.500 millones, pero unos 2.000 millones corresponden al traspaso de activos inmobiliarios a Sareb, con lo que existen dudas si las provisiones generadas para este fin pueden ya o no computar como DTA. A lo que se suman las previsibles indemnizaciones que habrá que abonar a Aviva o Caser, aseguradoras del grupo que firmaron contratos con las antiguas cajas –Caixanova y Caixa Galicia– por separado, al romper su contrato inicial.
