Mientras el pasado viernes Manuel Manrique, presidente de Sacyr, estaba en Madrid, a miles de kilómetros, el director general de la Autoridad del Canal de Panamá, Jorge Quijano, se reunía con el embajador de Estados Unidos en el país centroamericano para buscar una alternativa ante las diferencias internas de los miembros del consorcio que tienen paralizadas las obras de la ampliación.
Quijano mantuvo un encuentro con el embajador Jonathan Farrar justo el día que las dos partes, ACP y Sacyr, decidieron extender hasta este martes el plazo de la negociación, que vencía el pasado 1 de febrero. Fuentes próximas al caso aseguran que la cita estaba fijada con antelación, ya que el embajador americano había pedido visitar las obras. Pero lo cierto es que Farrar tenía muy reciente la última vez que visionó el desarrollo de las esclusas, puesto que a finales de noviembre acompañó al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, a recorrer la zona en lo que fue interpretado como una advertencia contra Sacyr, Impregilo, Cusa y Jan de Nul.
El máximo responsable de la ACP ha asegurado tener un plan B por si el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) decide finalmente retirarse. Una alternativa que pasaría, según distintas fuentes, por la americana Bechtel, la constructora que quedó segunda en la puja por ganar las obras de la ampliación al estimar el proyecto en 1.000 millones de dólares más que Sacyr y sus socios.
Como se sabe, GUPC reclama ahora 1.600 millones de dólares adicionales para acabar las esclusas, una ampliación que apenas avanza desde que el 30 de diciembre amenazaron con no continuar si la ACP no le reconoce unos sobrecostes presuntamente justificados. Pero el paso de los días ha provocado que comiencen a saltar algunas alarmas, como las financieras.
Porque el pasado viernes venció una de las garantías que la ACP tenía derecho a cobrar por los anticipos concedidos a GUP por 780 millones de dólares. El banco avalista es Scotiabank, que aseguró el cobro de dichos adelantos por 248 millones de dólares. La Autoridad puede ejecutar ese contrato de forma inmediata, sobre todo porque Sacyr e Impregilo le han solicitado suspender dicha devolución hasta que la obra estíé acabada.
A finales de marzo, expiran otros dos seguros en concepto de anticipos por instalaciones que ascienden a 350 millones de dólares, y cuyos avalistas son HSBC y Scotiabank. Estos vencimientos dificultan aún más las negociaciones porque la ACP puede acogerse a estos contratos, sumar los cerca de 400 millones de dólares no certificados del presupuesto vigente y acabar prácticamente las obras.
Un camino que cada vez toma más cuerpo ante las diferencias entre Panamá y el GUPC, que a su vez tiene unas grietas significativas en sus posiciones. Mientras que Sacyr sigue convencida de que la única alternativa es acabar las obras, especialmente por la presión que está haciendo la ministra de Fomento, Ana Pastor, Impregilo no está por la labor si no se le garantiza la rentabilidad del proyecto. Más aún, Paolo Moder, el representante de los italianos, advirtió de que, debido a que la propuesta de Zurich no ha salido adelante, España debería poner dinero si está tan interesada en acabar la construcción en las condiciones que exige Panamá.
O lo que es lo mismo, mantiene la postura de exigir los 1.600 millones de sobrecostes para que la obra le díé un beneficio cercano al 6%. Lo que se temen todas las constructoras implicadas en el conflicto es que, si la ACP no paga los reformados, las píérdidas serán de cientos de millones de euros. Hasta la fecha, ya han reconocido números rojos de 324 millones de euros y dando por bueno que Panamá les abonaría 489 millones de euros adicionales por las modificaciones.
