Martinsa-Fadesa ha superado la primera pelota de partido o, lo que es igual, el fantasma de una liquidación que su presidente, Fernando Martín, había anunciado como única manera de hacer entrar en razón al sindicato de más de 30 entidades financieras con las que la compañía mantiene una deuda de 3.600 millones de euros. El empresario vallisoletano ha conseguido cerrar la primera fase del conocido como Proyecto Aurora, orientado a refundar la compañía que en julio de 2008 presentó la mayor suspensión de pagos de la historia corporativa en España.
Martín había fijado el 31 de marzo como fecha límite para conseguir el acuerdo preliminar de reestructuración financiera por la vía habilitada en el propio convenio de acreedores suscrito hace ahora tres años. Dicha hoja de ruta establece la conversión de críéditos bancarios por príéstamos participativos que aseguran el control de la sociedad en poder de los actuales accionistas. Bajo esta misma pauta de actuación, la inmobiliaria se ha sacudido ahora deudas por importe de casi 115 millones de euros, que han sido determinantes para restablecer el equilibrio patrimonial y evitar la quiebra de la empresa.
Martinsa-Fadesa se ha amparado igualmente en el nuevo decreto de medidas urgentes en materia de refinanciación, que establece una nueva moratoria de un año en la contabilización de píérdidas derivadas de la depreciación de los activos inmobiliarios. Es la quinta prórroga que concede el Gobierno para evitar que entidades especialmente afectadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria puedan incurrir de manera automática en causa de disolución cuando tengan que computar en su balance el ajuste derivado por la valoración de sus activos a precios de mercado.
El acuerdo alcanzado in extremis con sus principales acreedores, entre los que tambiíén se incluye la Sareb y el propio FROB como propietario latente de Novagalicia, supone el punto de partida del plan de reflotamiento que Fernando Martín viene discutiendo con los bancos desde hace meses. El promotor inmobiliario ha jugado muy fuerte a sabiendas de lo complicado que resulta negociar con un sindicato de entidades de críédito que muestran sensibilidades muy diferentes sobre el futuro de Martinsa-Fadesa.
Martín está convencido de las posibilidades de su proyecto a poco que los bancos eviten el estrangulamiento financiero de la compañía mediante una quita de la deuda principal que será planteada en los próximos días. De momento, la primera fase de conversión en príéstamos participativos supone un balón de oxígeno que garantiza la continuidad de Martinsa-Fadesa despuíés de un momento verdaderamente crítico para la supervivencia de la inmobiliaria fusionada.
Nuevo avance en el pleito contra Manuel Jove
Fernando Martín guarda además un importante comodín en su mano que poco a poco va adquiriendo carta de naturaleza para convertirse en un as trascendental en la partida con los bancos. El pleito que mantiene a cara de perro con Manuel Jove por la venta de Fadesa ha alcanzado su punto álgido en el Tribunal Supremo, que acaba de admitir a trámite íntegramente el recurso interpuesto por la compañía inmobiliaria contra el empresario gallego.
El Alto Tribunal aceptó a finales de octubre diez de los trece motivos de infracción procesal más otros tres de casación en los que la defensa jurídica de Fernando Martín fundamentaba sus demandas contra el expresidente de Fadesa, Manuel Jove, y el antiguo consejero delegado de la empresa, Antonio de la Morena. Ahora, mediante auto fechado el pasado 18 de febrero, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha admitido los tres motivos restantes, lo que supone una primera victoria psicológica para el actual propietario de Martinsa-Fadesa y, por ende, para los acreedores bancarios que aparecen tambiíén empeñados en el futuro de la compañía.
La inmobiliaria que preside Martín emprendió estas acciones de responsabilidad social al entender que los anteriores administradores de Fadesa proporcionaron datos fasos a la CNMV sobre la realidad de los activos inmobiliarios de la compañía en venta. El daño patrimonial derivado de estas prácticas se calcula a efectos de la demanda en una cifra inicial de 1.574 millones de euros, que podría dar lugar a una eventual indemnización histórica de 2.000 millones teniendo en cuenta los intereses financieros. Un buen motivo, en suma, para que Martin y los bancos sigan buscando soluciones de futuro para ese 'nuevo amanecer' de Martinsa-Fadesa.
