En pleno escándalo por los sobrecostes que Fomento pagó por las obras del AVE a Cataluña y todavía con las heridas abiertas del accidente de Santiago de Compostela, el ministerio que dirige Ana Pastor ha decidido adjudicar el tren de alta velocidad que unirá Madrid con el norte de España al consorcio liderado por Alstom e Indra, que ha puesto la oferta más cara, tras desestimar al otro grupo de empresas por “baja temerariaâ€.
Con esta calificación, Adif responde a la impugnación solicitada por el otro grupo de compañías –Ansaldo y CAF– que competía por el primer gran contrato de obra pública desde que el PP llegó al Gobierno. La compañía pública y la vasca ofrecieron quedarse con la obra con un descuento de entre el 20 y el 30% sobre el precio mínimo exigido por Fomento, que ronda los 430 millones de euros, mientras que Alstom, Bombardier, Siemens e Indra propusieron una rebaja de entre el 3 y el 4%.
Sin embargo, el operador de la red de ferrocarriles decidió quedarse con la segunda oferta por estimar que ni Ansaldo ni CAF han podido justificar tíécnicamente cómo serían capaces de desarrollar el proyecto a esos precios. La primera de ellas, participada por Finmecanica, grupo propiedad del Estado italiano, ha denunciado la adjudicación a la mesa de contratación, motivo por el cual Fomento no puede anunciar públicamente el resultado de la subasta. CAF decidió aceptar la designación.
Según explican fuentes oficiales de Adif, hasta la llegada de Pastor al ministerio, el Gobierno valoraba igualmente la propuesta económica y la tíécnica a la hora de conceder una obra. El peso de ambos factores era del 50%. Pero la nueva ministra optó por que la parte financiera ponderase un 75%, mientras que la tíécnica pesara menos –un 25%– al concebir que todas las compañías de ingeniería tienen una experiencia más que demostrada en este tipo de desempeños.
Con estos parámetros, la oferta de Ansaldo y CAF no tenía competencia, siempre y cuando demostrase que era viable. Con los criterios anteriores, al reducir el coste más de un 15%, la propuesta habría sido descartada de inmediato por baja temeraria. Pero con las nuevas reglas, Adif procedió a escuchar los detalles para comprobar que el proyecto del AVE al norte de España se podía construir por menos de 300 millones respecto a los 430 de partida de la licitación.
El ente público concluyó que ni la italiana ni la vasca han podido demostrar que pueden ejecutar la obra a ese precio sin que afectase a la seguridad, por lo que se la ha concedido a Alstom, Bombardier, Indra y Siemens. Por su parte, la italiana y la vasca han decidido impugnar la adjudicación, que se encuentra ahora mismo bloqueada.
Veto a Italia
Fuentes próximas al consorcio perdedor aseguran con claridad que el concurso se ha otorgado “a dedo†y que ha existido concertación entre las empresas que componen el grupo vencedor puesto que han ofertado bajas similares que cada uno de los tramos del proyecto. Sospechan que la presión de Indra, empresa de la que el Estado español tiene un 20% y cuyos resultados se han resentido por la caída de la obra pública, ha tenido mucho que ver en la adjudicación.
No es la primera vez que el Gobierno de Mariano Rajoy toma una decisión empresarial que afecta a la República italiana. Recientemente, el Ministerio de Agricultura vetó la compra de Deoleo por parte de un fondo de inversión público trasalpino para evitar que un competidor se quedara con el mayor productor español de aceite. Antes tambiíén se opuso a que Endesa, controlada por la romana Enel, entrase a formar parte del Consejo Empresarial para la Competitividad, que agrupa a las principales corporaciones españolas
