«Pueden llevar al Estado a asumir la deuda de las autopistas, pero se enfrentarán a decenas de pleitos judiciales que retrasarán el pago y tambiíén lo reducirán». El Ministerio de Fomento ha puesto el pie en la pared frente a la presión de bancos y concesionarias de autopistas que rechazan la propuesta de rescate del Gobierno para ocho autopistas inviables que constituyen el problema más encallado en el departamento dirigido por Ana Pastor.
El Gobierno está comprometido por la palabra de Pastor de que la solución a otro ejemplo de desastrosa planificación en infraestructuras «no costará un euro a los españoles». Junto con la salida a Bolsa de Aena y la reestructuración de las millonarias inversiones proyectadas para el AVE, las autopistas en quiebra son el tercer gran capítulo pendiente del Ministerio de Fomento dirigido por Ana Pastor tras más de tres años de legislatura.
Y mientras al gestor de aeropuertos le quedan nueve días para dar entrada a socios privados en su accionariado y, con un presupuesto seis veces menor, la red de alta velocidad prepara la inauguración de 1.000 nuevos kilómetros antes de las elecciones generales, las ocho autopistas de peaje en riesgo de liquidación o bajo administración concursal no encuentran salida al bloqueo sobre quiíén corre con la factura de su rescate.
La situación es más que comprometida para Fomento, que con el visto bueno de Hacienda, ofrece a las concesionarias y sus accionistas que acepten una quita del 50% de una deuda de 3.600 millones de euros y el pago del resto con emisión de bonos a 30 años con un interíés del 1%. Banca acreedora, concesionarias y Administración echan balones fuera en un proceso al que el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid, que previsiblemente acumulará todos los casos existentes para crear un convenio común, no ha fijado plazo límite para el acuerdo. Las entidades financieras extranjeras lideran el rechazo a esta oferta.
Con la Ley Concursal y el paso del tiempo, Pastor espera que su propuesta se imponga incluso a quienes no la aceptan. Pero un «no» definitivo sería un duro revíés para Fomento, en última instancia responsable directo de estas infraestructuras cuyo agujero, en tíérminos de deuda asumida y reclamaciones judiciales por expropiaciones, supera los 4.000 millones de euros. La cláusula de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) en los contratos de concesión así lo establece. Quiíén se hace cargo de la factura es ahora una cuestión que flota en un limbo judicial.
«Si finalmente cae la RPA sobre la Administración, los accionistas de las concesionarias saben que se enfrentarán a la Administración en todos los pleitos que quepa presentar», señala una fuente del ministerio al tanto de toda la evolución de este proceso desde la solicitud del primer concurso de acreedores por parte de la AP-41 entre Madrid y Toledo en mayo de 2012. «No correspondería un pago íntegro, por ejemplo, porque habría que tener en cuenta las amortizaciones y toda una serie de apuntes contables que reducirían el importe. Por otra parte, los 4.000 millones de euros no necesariamente se apuntarían como díéficit porque ya hay precedentes en Bruselas de aceptar estos grandes casos como operaciones one-off (transacciones financieras extraordinarias). Así que desde ese punto de vista la Administración no está tan forzada», explican las mismas fuentes.
Con la cláusula de la RPA en la mano, los representantes de las empresas afectadas no aceptan la situación. Aunque en 2014 la contratación de obra púbica aumentó por primera vez en siete años, algunas de las constructoras españolas recuerdan que la política de recortes y saneamiento en Fomento ha reducido la cartera de contratación y que, en último caso, ellos se deben a sus accionistas, que podrían reclamarles explicaciones por no haber defendido sus derechos frente al Gobierno.
Cí‰SAR URRUTIA
