El Gobierno ha decidido cerrarse en banda frente a la posición del presidente de Bankia, Josíé Ignacio Goirigolzarri, que ha pedido al FROB aclaraciones sobre la eventual factura que deberá ser asumida por la fallida salida a bolsa en julio de 2011. Fuentes oficiales han señalado que el presidente de la entidad nacionalizada está en su derecho de intentar asegurar el mínimo riesgo de un fallo judicial contrario a los intereses del Estado, pero aseguran que el Ejecutivo no va a tirar la toalla hasta que dicha sentencia se produzca. En otras palabras, Mariano Rajoy se niega a ponerse la venda mientras no se reciba el hipotíético golpe por parte del juez Fernando Andreu.
La resolución del ‘caso Bankia’ se está dilatando mucho más allá de lo que sería deseable para los actuales gestores del banco. Goirigolzarri ha decidido aplazar la formulación de las cuentas hasta conocer el alcance de las provisiones que deberá efectuar si se demuestra la responsabilidad patrimonial del Estado por la OPV de hace tres años y medio. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha señalado que el recibo a pagar no debe superar los 600 millones de euros, de los que dos tercios deberían ser sufragados por la matriz BFA, controlada directamente por el FROB, y un tercio por la propia Bankia.
Las declaraciones efectuadas la pasada semana por el responsable de la política económica a la agencia Reuters han abierto un debate dentro del Gobierno que se ha saldado con una argumentación mucho más drástica, que se resume en la necesidad de cerrar filas para que nadie entienda que la batalla judicial está perdida de antemano: “El hecho de que Luis de Guindos tenga sus propias estimaciones financieras no debe ser entendido por Goirigolzarri como la evidencia de que la salida a bolsa vaya a ser revertida de manera inexorable. El presidente de Bankia quiere acotar los riesgos, pero se equivoca si piensa que el Gobierno va a hacer lo mismoâ€, han señalado fuentes de toda solvencia.
Los citados medios estiman que tampoco hay fundamento para equiparar los títulos de Bankia con lo ocurrido en el caso de las participaciones preferentes. El Gobierno salió en defensa de los preferentistas teniendo en cuenta que se trataba de un producto sofisticado que había sido comercializado aprovechando en gran parte la falta de conocimiento de los compradores. En el caso de las acciones cotizadas en bolsa, la situación es distinta, por lo menos mientras no se demuestre la falsedad de las cuentas con que Bankia salió a bolsa. Las fuentes oficiales recuerdan que la entidad se colocó en el mercado a un 30% de su valor en libros, un precio realmente bajo y que hace más difícil explicar que los promotores de la oferta pública pretendían estafar a los inversores.
Los resultados de Bankia, un mal menor
El Gobierno trata de mantenerse al margen de las suspicacias que rodean la evolución del procedimiento judicial de Bankia y tampoco quiere entrar en consideraciones sobre el informe de los peritos designados a instancias de la Audiencia Nacional. La ríéplica institucional tendrá que ser formulada por el consejo rector del FROB, que lleva días elaborando un informe contrapericial con el objetivo teórico de presentarlo al juez Andreu para desmontar las tesis de los dos inspectores del Banco de España. El papel del fondo de rescate dependiente del Ministerio de Economía es crucial para comprobar si el Gobierno está dispuesto realmente a poner toda la carne en el asador del ‘caso Bankia’.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no ha escatimado esfuerzos por hacer llegar al FROB la conveniencia de ajustar una estrategia de defensa con todas las consecuencias para evitar que el desenlace judicial se traduzca en un nuevo ‘agujero’ para las cuentas públicas. La posibilidad de que la salida a bolsa de Bankia se traduzca ahora en un sobrecoste para los contribuyentes es algo que espanta tambiíén al presidente del Gobierno y que podría generar graves repercusiones sociales en un momento de clara tensión política. Las mencionadas fuentes oficiales recuerdan que en 2015 se van a producir cinco citas electorales, incluyendo de forma separada las elecciones locales y autonómicas, lo que obliga a un continuo examen ante los ciudadanos.
Con este panorama, los problemas puntuales que puedan afectar a los resultados de Bankia constituyen un mal menor que el equipo presidido por Goirigolzarri deberá asumir como un gaje de su propio oficio. El Gobierno quiere que el FROB trabaje al servicio de los intereses del Estado y no como accionista de referencia al amparo de una entidad financiera que ya ha recibido ayudas públicas por importe de 22.000 millones de euros. La resolución de los tribunales terminará poniendo las cosas en su sitio, pero mientras se sustancia el conflicto cada palo tendrá que aguantar su propia vela. Dicho de otra forma, si Bankia no cree en una sentencia favorable de la Audiencia Nacional lo único que tiene que hacer es provisionar totalmente el eventual fiasco y asumir, de momento, las plenas consecuencias en el cierre del ejercicio 2014.
Josíé Antonio Navas
