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Autor Tema: El Gobierno se divide ante la idea de una amnistí­a fiscal  (Leído 950 veces)

Zorro

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El Gobierno se divide ante la idea de una amnistí­a fiscal
« en: Diciembre 26, 2008, 09:50:20 am »
El Gobierno se divide ante la idea de una amnistí­a fiscal

Publicado en Expansión por C.Cuesta/E.S.Mazo

Presidencia ha lanzado el debate. El departamento de Solbes rechaza la posibilidad de aplicar una amnistí­a. Mientras, CiU y el cí­rculo más cercano a Zapatero la defiende.

Jesús Caldera, desde la Fundación Ideas, y con el mandato de Presidencia del Gobierno de abrir el debate, lanzó la idea de la posible aplicación de una amnistí­a fiscal. Y apenas dos semanas despuíés se ha convertido ya en uno de los motivos de mayor debate y tensión dentro del Ejecutivo.
La idea contaba desde el primer momento con el apoyo del propio presidente del Gobierno, Josíé Luis Rodrí­guez Zapatero. Y habí­a sido respaldada en parte por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, partidario del afloramiento del dinero negro que podrí­a estar oculto en billetes acumulados por las familias (principalmente de 500 y 200 euros).

Caldera desarrolló la idea, centrándola en un plan de captación de dinero procedente de los paraí­sos fiscales, de forma que los capitales opacos e ilegales pudiesen cruzar las fronteras nacionales sin castigo penal. Además, según el plan de Caldera, podrí­an disfrutar de un ríégimen fiscal beneficiado en el momento de entrar en España.
Pero la idea no quedó ahí­ y ha levantado ya una intensa políémica tanto dentro como fuera del Gobierno. Los últimos debates mantenidos en Presidencia apuntaban ya a una amnistí­a, tanto para los capitales en el exterior como en el interior. Es decir, un plan de afloramiento general de dinero evadido y negro.

Los últimos estudios sobre economí­a sumergida elaborados por la Unión Europea aseguran que el volumen de actividad negra en España podrí­a alcanzar el 22% de su PIB, es decir, más de 220.000 millones de euros.

Presidencia ha logrado un apoyo externo. CiU ha sido uno de los primeros que ha puesto manos a la obra en la labor de difundir la idea: un panel de expertos convocado por el partido catalán hace tres semanas ha incluido ya la idea de la amnistí­a fiscal como un remedio viable frente a la falta de liquidez y la caí­da de recaudación fiscal (más de un 11% en el año) que sufren las arcas tributarias nacionales. Este foro se nutre, además, de una petición pública lanzada por el Col.legi de Gestors de Catalunya: hacer una emisión de carácter extraordinaria de deuda a bajo interíés, durante cuatro años, con el objetivo de aflorar dinero negro. De esta forma, se lograrí­a financiación a bajo coste para ayudar, ví­a príéstamos, a las pequeñas empresas. Una estrategia similar a la empleada por el Ejecutivo tambiíén socialista en 1991 –ver información adjunta–.

La medida afectarí­a a dos colectivos adicionalmente: a los inspectores fiscales y al equipo de seguimiento del blanqueo, constituido en el Banco de España bajo el nombre de Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) y que engloba a personal del Banco, de la Agencia Tributaria y del Tesoro. Fuentes de la Inspección han mostrado ya su rechazo total a una amnistí­a mientras que, fuentes internas de Economí­a, han señalado ya que la postura del personal del Banco de España no será distinta.

Dentro del propio Partido Socialista, el debate ha dividido a la formación. Pese al respaldo abierto de Caldera, numerosos colectivos han mostrado ya a la Ejecutiva su rechazo a una medida que beneficiarí­a a los contribuyentes defraudadores y con mayores recursos de todo el sistema fiscal español, algo que no consideran muy acorde con los supuestos principios del Partido Socialista.

No es algo nuevo para España
No serí­a la primera vez que se aprueba una amnistí­a fiscal en España. El último antecedente se remonta, de hecho, a 1991, fase previa a la última recesión y situación más parecida a la actual. Fue entonces cuando Carlos Solchaga, como ministro de Economí­a, ofreció a los suscriptores de pagaríés del Tesoro (ajenos a los ojos de Hacienda) que pudieran regularizar su situación. Las opciones eran dos: la primera, canjear esos tí­tulos por la que llamó Deuda Pública Especial, un activo libre de impuestos y que preservaba la identidad del inversor, aunque de menor rentabilidad.

La segunda alternativa pasaba porque esos suscriptores hicieran declaraciones complementarias por esos pagaríés sin sanción. Un movimiento conjunto que permitió aflorar casi 780.000 millones de las antiguas pesetas (4.700 millones de euros) opacos para el Fisco desde 1991. Antes de aquella medida de Solchaga, entre 1977 y 1978, el Estado aprobó una amnistí­a en el IRPF y en Sociedades, que se basó en regularizar bienes ocultos, como fórmula, en el fondo, para vertebrar un buen funcionamiento del sistema fiscal en los comienzos de la democracia.

Entre una y otra etapa, el Ejecutivo de Aznar acusó al Gobierno saliente del PSOE de realizar una amnistí­a «encubierta», que, sin embargo, jamás se demostró.El PP denunció que el PSOE perdonó a determinadas empresas pagos por valor de más de 1.200 millones de euros.



Voy del oro a Squirrel Media y tiro porque me toca.

fancy4

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Re: El Gobierno se divide ante la idea de una amnistí­a fiscal
« Respuesta #1 en: Diciembre 26, 2008, 04:48:18 pm »
esto es una trampa encubieta para que determinados politicos y personas de renombre tengan  su amnistia fiscal despues de robos y estafas ,pero los demas pagaremos mas , y desde luego solo se aflorara un 15% como maximo el resto no conviene a muchos de esas personas asi podran seguir robando, otra no es el momento idoneo con la crisis esa gente no invertira ,lo ideal seria como hizo italia en momentos de expansion economica que si invirte la gente
esto son medidas sin rumbo y desesperadas ,que los socios ocultos de nuestro gobierno proponen para sus intereses ,este gobierno agoto todo los recursos y ahora quiere hechar mano de ladrones y mafias para mitigar su inoperancia pero nadie da duros por pesetas ¿que tendremos que pagar los de siempre para que esa gente sea mas rica legalmente ? y como no les van a ayudar los catalanes cuando el 23%de esa economis es de ellos incluido los ladrones politicos ay ay ay donde vamos a llegar me esta ocurriendo empezar a estafar total tendre amnistia fiscal jajsaja

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Re: El Gobierno se divide ante la idea de una amnistí­a fiscal
« Respuesta #2 en: Diciembre 26, 2008, 05:04:07 pm »
 no hace falta irse tan lejos.Un ejemplo sencillo,el Impuesto de Donaciones y Sucesiones.Puede darse el caso que para un mismo perfil fiscal (me refiero a la escala maxima) este impuesto tribute en la comunidad de Madrid en menos del 1%,en la Valenciana en un 2% 3% y en Catalunya un 33% ?¿?¿ que me lo expliquen!! No somos todos Españoles? yo por lo menos tengo un DNI que asi lo dice,pero este pais no nos trata a todos por igual,eso por no entrar en temas fiscales mas espinosos.No puede ser que dentro de un mismo paí­s existan estas discriminaciones fiscales tan grandes,porque entonces lo que se fomenta es tonto el ultimo.y el que roba es el listo y el primero por dios no fomentemos mas el robo de lo que esta ya en este pais con medidas de amnistia fiscal para politicos ,ladrones de guante blanco,mafias,ect mas control a esta gente y los que estan para eso a trabajar y no mirar las musarañas  :004: :004: :004: :004:

fancy4

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Re: El Gobierno se divide ante la idea de una amnistí­a fiscal
« Respuesta #3 en: Diciembre 26, 2008, 05:11:58 pm »
«Amnistí­a fiscal encubierta»
 

El portavoz de Hacienda del Grupo Popular, Francisco Utrera, denunció ayer ante la Comisión de Economí­a del Congreso que el Plan de Prevención del Fraude Fiscal que propone el Gobierno promueve la «inspección basura» al motivar e incentivar mayor número de inspecciones, «pero más superficiales».
En opinión de los populares, limitar la inspección fiscal a dos años, en lugar de cuatro -como se viene realizando hasta ahora- «supone eliminar toda posibilidad de detectar fraude en los ejercicios 2000/01 y 2001/02 o, lo que es lo mismo, adoptar una amnistí­a fiscal encubierta para los defraudadores en esos ejercicios».

«La restricción a dos años del periodo de inspección abre la puerta a las inspecciones basura», subrayó.

En este sentido, el portavoz popular destacó que, con este plan, «el trabajo de los inspectores de hacienda se va a basar en iniciar multitud de actuaciones inspectoras, incentivando el número y la superficialidad de las mismas, que es justo lo contrario de lo que deberí­a ser un plan de prevención del fraude fiscal».

Por su parte, Fernández Ordóñez respondió que el plan persigue la inmediatez y la coacción del defraudador y afirmó que las valoración del portavoz popular sólo pueden ser calificadas como «una barbaridad o una estupidez».

 
esto es de hace casi 4 anos y es lo que queria zp y ocaña pero al final se tuvo que tragar las palabras no salio para adelante y espero que esta amnistia no salga y si sale que se beneficie primero el pequeño y no el grande

fancy4

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Re: El Gobierno se divide ante la idea de una amnistí­a fiscal
« Respuesta #4 en: Diciembre 26, 2008, 05:15:55 pm »
La CNMV y no Hacienda controlará uno de los vehí­culos de inversión de las grandes fortunas
AMANDA FIGUERAS | AGENCIAS
 
 
 
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MADRID.- CiU ha logrado sacar adelante su propuesta para que las sicav -un vehí­culo de inversión usado por los grandes patrimonios- estíén controladas por la CNMV, "para evitar que el dinero se vaya de España".

Para lograr el íéxito, el partido optó por renunciar a su idea inicial de que esta medida tuviera carácter retroactivo (desde 1997), lo que habrí­a anulado los expedientes de Hacienda a sociedades que no cumplí­an con la ley.

"Buscamos el apoyo del mayor número de fuerzas posible, así­ que sólo defendemos la enmienda 81 para que la CNMV sea quien diga si las Sociedad de Inversión de Capital Variable (sicav) cumplen o no con la ley. Si no lo hace, entonces podrá intervenir Hacienda" explicó a elmundo.es el diputado de CiU en el Congreso Josep Sánchez Llibre.

¿Más seguridad, o perdón?

Sánchez Llibre dijo que su iniciativa pretende eliminar la sensación de "inseguridad" que provoca la entrada de Hacienda a investigar estos productos de inversión. "Queremos evitar que el dinero se vaya a otros paí­ses de Europa donde tiene productos similares. Por eso esta enmienda es para acabar con la descoordinación".

Por su parte, el presidente de los Inspectores de Hacienda, Josíé Marí­a Peláez, habí­a denunciado que si se daba el visto bueno a las enmiendas de CiU "se estarí­an perdonando las ilegalidades de las grandes fortunas, mientras que eso no sucede nunca con el contribuyente medio".

Nuevo escenario

A partir de ahora, cuando los inspectores fiscales detecten que alguna Sicav no cumple con los requisitos exigidos, será la CNMV quien debe pronunciarse sobre la improcedencia de incoar expediente de revocación o suspensión y dictará la suspensión o revocación en el plazo de seis meses desde que la Agencia Tributaria le informe.

En el transcurso de dicho plazo sin que la CNMV se pronuncie, el órgano regulador habilitará a la Administración Tributaria para dictar el acto de liquidación que proceda, si bien las calificaciones que lo motiven sólo tendrán efectos tributarios, mientras que todas las revocaciones o suspensiones acordadas por la Comisión deben ser comunicadas a la Agencia Tributaria.

Lucha de intereses

Los grandes patrimonios en España vienen utilizando desde hace años las Sociedad de Inversión de Capital Variable como un medio para gestionar su dinero. La mayorí­a de las veces se trata de grupos familiares que se benefician de las ventajas fiscales de este producto, ya que en el impuesto de Sociedades al 1% y no al 35%.

Hasta ahora, la CNMV controlaba la parte que tiene que ver con Bolsa de las sicav, como se desprende por sus funciones; mientras que Hacienda tení­a la potestad, según la Ley General Tributaria, de investigarlas para comprobar si pueden o no tributar al 1%.

"Por mucho que quiera, la CNMV sólo puede analizar los aspectos formales, por eso es previsible que si se queda con todas las competencias, nunca saque a las sicav que incumplan del registro, porque no podrá saber si los socios son reales o simples instrumentos, por ejemplo", añadió.

"Amnistí­a fiscal"

Los inspectores alzaron la voz hace algo más de un año y comenzaron a investigar cómo muchos 'ricos' canalizaban sus inversiones a travíés de sicav que no cumplí­an los requisitos exigidos para gozar del ríégimen tributario especial (en especial, el mí­nimo de 100 accionistas exigido).

Por su parte, los expertos coinciden en que hay un fraude habitual que consiste en que una familia crea una sociedad y para alcanzar el número mí­nimo de inversores utiliza miembros de otras sicav a los que otorga una participación irrelevante y ningún derecho de decisión, es decir, hay una especie de tráfico de "partí­cipes de ocasión", "mariachis" o "hombres de paja".

"Queremos dejar claro que esto no es para nada una "amnistí­a fiscal" para grandes fortunas, como ha publicado la prensa", aseguró el diputado de CiU en el Congreso Josep Sánchez Llibre, quien añadió que tratan de evitar la falta de seguridad jurí­dica de las sicav y corregir la descoordinación entre la CNMV y Hacienda.

Unos 200 expedientes parados

En cuanto a cifras, desde la Organización de inspectores aseguran que, con los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la mano, al cierre de 2003 un total de 375 sicav no tení­an el mí­nimo de 100 socios, mientras que en 2004, el requisito del importe de patrimonio mí­nimo (2,4 millones de euros) era incumplido por 489 sicav.

Así­, en 2004 comenzaron la comprobación de unas 200 sicav que, de aprobarse el carácter retroactivo de la competencia concedida a la CNMV, quedarí­an anuladas. Por ello denuncian que habrí­a una "amnistí­a fiscal y una violación flagrante de la igualdad de los ciudadanos".

Josíé Marí­a Peláez cree que con esta modificación es la primera vez que se sustituye a la inspección tributaria por otro organismo, en este caso la CNMV, para realizar la comprobación de un ríégimen tributario especial, algo que calificó como una "autíéntica barbaridad".

Reglamento

Según el fiscalista Fíélix Borstein, al margen del resultado que se alcance en el Congreso, parece claro que "no se cumple el espí­ritu de la Ley, que busca que las sicav no queden controladas por familias".

"Se da un enfrentamiento entre los inspectores y el Ministerio de Hacienda, algo similar a lo que ocurrió hace 15 años con los seguros de prima única. Pero aceptar el carácter retroactivo significarí­a reconocer que algo no ha funcionado desde el principio", aseguraba.

Por otro lado, en el aire están todaví­a las incógnitas de cómo será el nuevo Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, que se prevíé mas de lo mismo beneficia a unos y que paguen otros