De risa, la inflacion seguro que es un 1% como mucho, ya nos sabemos toda la mafia de los que quieren seguir mamando del bote, ahi va la noticia, pego:
El Gobierno admite que el recibo de la luz que pagan los 10 millones de hogares sometidos a la tarifa regulada eléctrica (PVPC o precio voluntario para el pequeño consumido) se incrementará en 2021 un 25,8%: llegará hasta los 644 euros anuales frente a los 512 euros que abonaron de promedio en el ejercicio anterior. Pese a esta escalada de precios que, según todas las previsiones, va a continuar, el Ejecutivo ha declarado que no intervendrá los precios finales de la electricidad que paga el consumidor a través de la fijación de topes máximos ni modificará el sistema de pool con el que se fijan los precios mayoristas de la electricidad.
Así lo ha desvelado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su comparecencia en la tarde del lunes en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de esta espiral alcista en el precio de la electricidad, cuyo coste mayorista batió este lunes un récord (124,45 euros por megavatio hora), que mañana se volverá a pulverizar hasta alcanzar los 130,53 euros.
Pese a ese incremento, Ribera dejó claro una serie de líneas rojas que no está dispuesta a traspasar, como le pide su socio de Gobierno Unidas Podemos, otros grupos políticos de oposición y organizaciones de consumidores. No intervendrá los precios finales que paga el consumidor; no impondrá precios máximos ni mínimos; no modificará el sistema de subastas para fijar el precio mayorista ni su mecanismo de precios marginales; y no discriminará regulatoriamente ningún tipo de energía (nuclear e hidroeléctrica, en particular) porque eso supondría vulnerar las normas europeas.
“Este Gobierno jamás va a impulsar la adopción de medidas que sepamos de antemano que son frontalmente contrarias al derecho comunitario. Es lo peor que se puede hacer. No hay nada más perjudicial para los ciudadanos y el tejido productivo de un país que adoptar medidas frontalmente contrarias al marco comunitario; eso acaba convirtiéndose en pérdida de confianza en el país y en multas y sanciones más intereses, a veces en ámbito comunitario, o como recientemente ha ocurrido con el canon hidráulico (modificado en la etapa de gobierno del PP por el ministro José Manuel Soria en 2012), con sentencias que nos obligan a devolver 1.400 millones a las hidroeléctricas”, ha advertido ña vicepresidenta en alusión a la petición de Unidas Podemos de que se fijen precios máximos.
La ministra enfatizó que los precios mayoristas de la electricidad —que se han triplicado respecto a los de hace un año— solo son una parte del recibo (alrededor del 24%), por lo que su alza no se traslada directamente al recibo. Por todo ello, pidió no recurrir a alarmismos. Además, aseguró que, pese a los últimos incrementos, la tarifa regulada sigue siendo un 20% más barata que la libre (la que fijan libremente las compañías con los clientes que la contratan).
Acusación a las eléctricas
No obstante, acusó a las eléctricas de haber demostrado “escasa empatía social” en este periodo de incremento continuo de los precios, y advirtió, en expresa referencia a las hidroeléctricas, a las que se ha acusado del desembalse masivade los pantanos buscando precios mayores de la electricidad, de que modificará la Ley de Aguas para impedir este tipo de comportanientos.
Ribera reiteró las dos medidas estructurales que tiene el Gobierno sobre la mesa para abaratar la factura en torno al 15% en los próximos años. La primera es una fórmula para reducir los llamados windfall profits ―beneficios caídos del cielo― que reciben las centrales no contaminantes, principalmente nuclear e hidráulica, por el encarecimiento del CO₂.
La segunda es la creación de un fondo (Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico o FNSSE) para sacar del recibo en los próximos cinco años el coste de las primas a las renovables, y repartirlo entre todos los comercializadores energéticos, incluidos los de gas e hidrocarburos. La fórmula elegida para impulsar ambas medidas, el proyecto de ley, retrasará sin embargo su entrada en vigor, y ha hecho que salten chispas entre los socios del Gobierno: Unidas Podemos ha reclamado al PSOE que acelere su tramitación vía decreto.
