La administración de Evo Morales compró acciones de Transredes por un valor cercano a los 300 millones de dólares y además asumió una deuda tributaria de la empresa que asciende a 50 millones de dólares. Esta transacción comercial entre el gobierno y las transnacionales fue denominada “nacionalización†del transporte y de la comercialización externa e interna de hidrocarburos.
Mediante los decretos 29706 del 16 de septiembre de 2008 y 29726 del 1 de octubre de 2008, el gobierno decidió comprar el paquete accionario de Transredes perteneciente a Shell Gas Latin America BV y a AEI Luxembourg Holdings a 48 dólares por acción.
Ashmore y Shell del consorcio TR Holdings recibieron del Estado 120,6 millones de dólares cada una, mientras que los accionistas minoritarios obtuvieron alrededor de 66 millones de dólares.
Además, el Estado asumió una deuda de Transredes con Impuestos Nacionales por 214.892.484 bolivianos equivalentes a 50 millones de dólares.
El gobierno nacionalizó la deuda de Transredes para evitar un arbitraje internacional que le hubiera costado al Estado mil millones de dólares, explicó el presidente de YPFB Carlos Villegas y aseguró que la empresa nacionalizada pagará la deuda con su flujo de caja.
El gobierno compró las acciones y reconoció las deudas de las empresas capitalizadoras, pese a que íéstas incumplieron sus compromisos e incurrieron en una serie de delitos lesivos al Estado, observan el analista Mirko Orgáz García y el investigador Roberto Fernández Terán, autor del libro “Gas, petróleo e imperialismo en Boliviaâ€.
Durante la capitalización de Gonzalo Sánchez de Lozada, el Estado entregó a precio cero reservas hidrocarburíferas, no hizo una evaluación real de los activos y se arrogó todo el pasivo de las empresas estratíégicas. Y ahora en el mal llamado proceso de nacionalización se continúa aplicando los mismos mecanismos para estafar al país, critica Orgáz.
En la compra de acciones de Transredes se ocultó información, se fijaron cláusulas de confidencialidad y se subrogaron pasivos financieros, tributarios, laborales, comerciales, regulatorios, ambientales y sociales de las empresas extranjeras, con el consiguiente daño económico al Estado.
A pesar de su fuerte retórica nacionalista, el gobierno del MAS reconoció las inversiones de las empresas transnacionales petroleras por un valor cercano a los 1.500 millones de dólares, además de la devolución de los costos recuperables que se expresan claramente en la firma de los nuevos contratos, así como en la ampliación de la venta de los volúmenes de gas a Brasil y Argentina. Estos acuerdos endeudan a YPFB y otorgan enormes ventajas a las corporaciones que explotan hidrocarburos, asegura Roberto Fernández.
YPFB se encuentra casi asfixiada por deudas y con una díébil capacidad financiera para desarrollar sus operaciones porque tiene que pagar inversiones pasadas, costos de recuperación, compra de acciones, indemnizaciones, y tambiíén garantizar el pago de una parte de la renta dignidad.
Según Villegas, el valor patrimonial de Transredes al 31 de diciembre de 2007 fue de 562 millones de dólares y 1,196 millones de dólares en activos. Las utilidades de YPFB Transportes en 2008 ascendieron a 322 millones de bolivianos y su saldo de caja a mayo de 2009 fue de 118 millones de dólares.
La semana pasada, el presidente de YPFB Transportes Gildo Angulo denunció que el gobierno compró Transredes con sobreprecio. Se trata de una “calumnia para desestabilizar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianosâ€, respondió el presidente de YPFB Carlos Villegas.
Angulo fue destituido este martes y fuentes de la empresa confirmaron a la agencia ABI que Ciro Camacho fue posesionado como nuevo presidente de YPFB Transportes.
