Otorgar a los trabajadores de las azucareras el derecho preferente de compra de las acciones que el Estado aún conserva en estas empresas resulta perjudicial para la valorización de sus deudas laborales, por lo que sería mejor venderlas en oferta pública. Así lo considera el Ejecutivo y por ello observó el proyecto de ley que otorgaba ese derecho a los servidores. El oficio con esa decisión llegó al Congreso el martes 30, pero reciíén ayer fue remitido a la Comisión Agraria.
En ese documento, el jefe del Estado, Alan García, advierte que despuíés de adquirir las acciones, algún grupo empresarial podría ofrecerles una menor cantidad de dinero por sus títulos.
Debido a que ayer fue su última sesión ordinaria, este proyecto tendrá que ser discutido por los nuevos integrantes de la Comisión Agraria, que deberá instalarse en agosto próximo.
En declaraciones a El Comercio, el presidente de la Comisión Agraria, Mario Alegría, explicó que el mandatario observó el proyecto porque íél quiere el mayor beneficio para los trabajadores. Aseguró que en el próximo período parlamentario insistirá para que se discuta esta iniciativa.
REMATE PARA OCTUBRE
En cumplimiento de la Ley 29299, Pro Inversión deberá seguir adelante con la convocatoria a subasta de las acciones que tiene el Estado en las azucareras Pomalca (32,88%), Tumán (7,22%) y Cayaltí (23,55%).
Según voceros de esa entidad del Estado, una vez que concluya la evaluación (“due diligenceâ€) de los estados financieros emitidos por las azucareras, se convocaría a subasta en octubre. De todas estas azucareras, las más atractivas son Pomalca y Cayaltí, por el elevado porcentaje de acciones que el Estado posee en ellas y que de ser adquiridas por una sola persona, la convertirían en el principal accionista mayoritario. El resto de accionistas no tiene más del 22% o las acciones están dispersas entre miles de trabajadores.
