Trabajo detecta que el fraude aumenta en hostelería y agricultura
Pese a la caída del empleo, sube la masa del dinero que circula en la calle
El espectacular aumento del paro han provocado que la economía sumergida se dispare un 30% desde el mes de julio, según estimaciones de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social.
Este es el resultado de una investigación puesta en marcha antes de verano por el Ministerio dirigido por Celestino Corbacho, por la que se intensificó en un 30% las actuaciones en materia de economía sumergida (básicamente, empresas con trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social, salarios inferiores a los legales, malas condiciones de seguridad y salud en el trabajo y compañías que utilizan extranjeros sin permiso de trabajo).
En volumen de multas impuestas a empresas y trabajadores, la Inspección espera recaudar más de 300 millones de euros, una cifra histórica que no se había alcanzado antes. El pasado ejercicio, en plena crisis, se recaudaron 292 millones.
Los sectores en los que se ha constatado un mayor aumento de la economía sumergida son la hostelería y servicios y la agricultura, además de la construcción. "El aumento del paro pone a la gente en situación precaria y acepta hacer cosas que en una situación normal ni se plantearía", explica Carlos Moyano, presidente del sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.
Moyano asegura que se están viendo situaciones que hace años habían desaparecido. "Por ejemplo", relata, "entramos en una obra y los trabajadores saltan del andamio y salen corriendo para que no les pillemos. Era una imagen que no se veía desde hace 10 años o más".
En el campo, las actuaciones se hacen con ayuda de la Guardia Civil, para que los trabajadores tengan menos posibilidades de huir. Una situación dramática, según Moyano, de la que culpa sobre todo a los empresarios. "Está claro que ningún trabajador quiere realizar su trabajo en esas condiciones, pero la situación le obliga y los empresarios se aprovechan".
Por distribución geográfica el mayor número de actuaciones inspectoras y multas se han producido en Andalucía (donde se concentra la mayor parte de la agricultura), y Cataluña, Madrid y Valencia (las tres comunidades que engloban mayor número de establecimientos de ocio).
Según los expertos consultados, la economía del dinero negro en España, que el Banco Mundial cifró en 2007 en el 22,6% del PIB, podría superar ya el 25%, lo que equivale a 250.000 millones de euros.
