El Gobierno de Josíé Luis Rodríguez Zapatero aprobará próximamente un Real Decreto para incentivar el consumo de carbón nacional y mitigar el grave colapso del sector. El plan ha sido remitido a la Comisión Nacional de Energía con carácter de urgencia. La patronal de empresas elíéctricas intenta hacer recapacitar a la Comisión de sus consecuencias y denuncia que la Administración trasvasará el problema minero a los consumidores. La situación obligará a incrementar hasta un 8% la tarifa de acceso por el uso de la red de distribución. Además, la medida dificultará la supresión del díéficit tarifario del sector e impedirá alcanzar el objetivo previsto para 2009 de rebajar el díéficit por debajo de los 3.500 millones de euros.
El responsable económico del Partido Popular, Cristóbal Montoro, muestra su oposición a la medida por considerar que el perjudicado será el consumidor. Izquierda Unida considera la compensación de 1.000 millones de euros por utilizar carbón autóctono “un chantaje descarado de las elíéctricasâ€. El coordinador general de IU Jesús Iglesias cree que “las elíéctricas nos tienen acostumbrados a poner el cazo siempre que puedenâ€. Esta formación pide al Ejecutivo que aproveche la presidencia europea para garantizar el futuro minero y prorrogar los fondos europeos más allá del 2010. Por su parte, el Gobierno ve difícil la aprobación de un nuevo reglamento comunitario de ayudas públicas al carbón, dado que el reglamento actual que sustenta las ayudas expira en 2010 y pocos países avalan su continuidad. De momento, la Comisión Europea autorizó a España una ayuda pública de 1.247 millones de euros para el período 2008-2010. Y ante la inminente aprobación del nuevo Real Decreto, la patronal de empresas elíéctricas solicita al Gobierno que consulte a la Unión Europea sobre la medida a adoptar; los expertos consideran que Bruselas podría plantear objeciones.
Por su parte, la Comisión recuerda al Ejecutivo español que la reglamentación a la minería del carbón sólo incluye planes de reestructuración que tengan como objetivo mejorar la competitividad y rentabilidad de las minas, planes que contribuyan al cierre de instalaciones y ayudas a la producción para compensar el diferencial de precios entre el carbón nacional y el de los mercados extranjeros. Por otro lado, la propia Comisión tramita un procedimiento sancionador contra España por explotar minas en espacios naturales protegidos por la UE. Además, queda pendiente por aclarar a Bruselas la condonación en Consejo de Ministros de 5.000 millones de euros a las empresas mineras a cambio de nuevos puestos de trabajo.
Zapatero contra Narbona
La ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona echa más leña al fuego y pide que se eliminen definitivamente las subvenciones al carbón. En calidad de embajadora española ante la OCDE defiende “eliminar los subsidios que ahora benefician a los combustibles fósiles, incluido el carbón; subsidios que se dan tanto en nuestro país como en países como China, India o Indonesiaâ€. Narbona considera que las primas al carbón van en contra de las políticas para disminuir las emisiones de dióxido de carbono.
Según la patronal, el borrador del decreto ley establece un mecanismo que provocará la disminución de renovables, ciclos combinados y la utilización del carbón extranjero más eficiente que el autóctono.
El ministro de Industria, Miguel Sebastián se ha reunido con los representantes de las elíéctricas pero no ha logrado convencer a nadie. Si se actuase siguiendo criterios de sostenibilidad, se traicionarían las promesas efectuadas en Rodiezmo por el propio Zapatero. El presidente del Gobierno ha asegurado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York que el cambio climático es “más relevante que la crisis económicaâ€. Sin embargo, a la hora de aplicar las directrices de Kioto en España prefiere apostar por el carbón, aunque sea una fuente de energía cuya combustión provoca altos niveles de emisión de CO2.
La organización ecologista WWF tambiíén critica la postura española sobre el cambio climático. “El Gobierno lanza un mensaje confuso al afirmar que están subvencionando las políticas de energías renovables y, a la vez, se están dando subsidios al carbónâ€, ha reconocido Mar Asunción en la reciente reunión de Barcelona.
Junto al Gobierno Central e IU, líderes sindicales con poder en el partido socialista como el secretario general de SOMA-FIA-UGT Josíé íngel Fernández Villa y la patronal Carbunión presidida por el empresario leoníés Victorino Alonso, constituyen el lobby en defensa de la minería. Carbunión rechaza que el precio fijo para las centrales que quemen carbón nacional sea considerado como una ayuda. La patronal minera justifica las primas por el carácter estratíégico del carbón y recuerda la retribución a otras fuentes de generación como la eólica.
