El nuevo modelo aeroportuario en el que trabaja el Gobierno y que fue presentado ayer por el ministro de Fomento, Josíé Blanco, en el Congreso de los Diputados excluye el traspaso de la gestión de estos centros de transporte a las comunidades autónomas, aunque regula la participación de estas últimas en la toma de decisiones estratíégicas a travíés de filiales en las que operarán las mayorías cualificadas.
Para conseguir una mayor eficiencia económica, Blanco anticipó que la gestión aeroportuaria ahora en manos de AENA tendrá una estructura mercantil de carácter estatal, equiparándose así al entorno europeo. Fomento llevará al Congreso un proyecto de ley que actualizará las atribuciones del propietario de los aeropuertos españoles como responsable de la navegación aíérea. A la vez creará la sociedad estatal AENA Aeropuertos SA, encargada de la gestión de todos los aeropuertos ahora encomendados al ente público. En dicha sociedad se dará entrada al capital privado en un porcentaje que, según Blanco, no superará el 30% del accionariado.
Las funciones de esta sociedad consistirán en supervisar la prestación de todos los servicios aeroportuarios, la gestión de las infraestructuras y de los bienes de dominio público y patrimonial que integrarán los correspondientes recintos, la planificación estratíégica, comercial y de promoción, las propuestas de planes directores y de presupuestos, así como las tasas y aprobación de precios privados. En toda esta transformación, anunció Blanco, se contará con los sindicatos.
El nuevo modelo reservará un trato especial a los grandes aeropuertos de la red pública con un alto volumen de tráfico y especial complejidad en su gestión. En su comparecencia Josíé Blanco evitó definir si este trato se reserva sólo a los aeródromos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, tal como señalaba el anterior plan elaborado por su antecesora Magdalena ílvarez, o se ampliará a otras instalaciones. Dijo que ese asunto será materia de negociación con las comunidades autónomas.
Estos aeródromos singulares serán, cada uno, gestionados de manera individualizada por una sociedad filial de AENA Aeropuertos. El capital de cada una de estas filiales será el 100% de la mencionada matriz. Los consejos de administración de cada una, por el contrario, contarán con una mayoría de representación estatal y en ellos tendrán tambiíén cabida las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las cámaras de comercio. Las grandes decisiones estratíégicas se adoptarán mediante "mayorías cualificadas".
Blanco, a modo de ejemplo, dijo que en estos órganos se sentarán 13 consejeros, siete de los cuales serán designados por AENA, cinco por las comunidades autónomas, que serán tambiíén portavoces de los ayuntamientos y las cámaras de comercio, y uno por la iniciativa privada. Así pues, se considerará que se reúne la mayoría cualificada a partir del respaldo de nueve miembros, lo que obligará en cada caso a una negociación entre las partes. Las comunidades autónomas podrán ejercer en su caso, pues, un papel de bloqueo de las grandes decisiones.
La ley regulará la retribución que estas sociedades deberán satisfacer a la sociedad estatal AENA por la utilización de los bienes situados en los recintos aeroportuarios. El ministro anunció tambiíén en este contexto una reordenación tarifaria que sintonizará con la normativa comunitaria que se incorporará a la legislación española antes del 15 de marzo.
Josíé Blanco señaló que este no es el momento de transferir la gestión aeroportuaria a las comunidades autónomas, aspiración reiterada, sobre todo, por Cataluña, pero se comprometió a esforzarse porque El Prat se convierta en un gran aeropuerto de enlace internacional, para lo que ya está en contacto con las principales compañías que operan en el mismo.
La participación de las comunidades y ayuntamientos en la gestión se canalizará tambiíén a travíés de los llamados comitíés aeroportuarios, encargados de coordinar las políticas urbanísticas, y de los comitíés de rutas aíéreas, que velarán por la eficacia de cada instalación. Blanco informó que estos comitíés tendrán una composición paritaria entre el Estado y las distintas autonomías.
El calendario esbozado ayer por el ministro de Fomento para la entrada en vigor del nuevo modelo abarca lo que resta de legislatura. Antes de marzo, el Gobierno aprobará un programa estatal de seguridad y antes de junio modificará la comisión de investigación de accidentes en la aviación civil. Durante los próximos tres meses, Fomento regulará tambiíén las obligaciones de la nueva AENA y las condiciones generales del servicio de navegación liberalizado.
El anteproyecto de ley de Modernización del Sistema Aeroportuario verá la luz antes de junio y contendrá la separación de AENA navegación de la gestión aeroportuaria, así como la creación de la sociedad AENA Aeropuertos S.A. Tambiíén establecerá las relaciones financieras entre la sociedad matriz y las filiales, así como la configuración de los consejos de administración de estas últimas.
Los comitíés aeroportuarios verán tambiíén la luz antes de junio. Por último, Fomento elaborará un real decreto para regular la participación de las comunidades autónomas en la gestión de los grandes aeropuertos. En la última fase se dará entrada al capital privado.
El nuevo modelo aeroportuario presentado ayer por Blanco tiene una especial proyección política en Cataluña, la comunidad que más se ha distinguido en los últimos años por reivindicar el acceso a la gestión directa de El Prat. El portavoz de CiU en el área de Fomento, Pere Macias, rechazó ayer el plan presentado por Blanco porque considera que no permitirá una gestión individualizada de este aeropuerto y, además, excluye el traspaso a Cataluña de los aeropuertos de Gerona, Reus y Sabadell. En su opinión, las comunidades sólo podrán ejercer un papel de bloqueo en las filiales donde se adopten las grandes decisiones estratíégicas. De la misma opinión es el portavoz de ERC, Joan Ridao, para quien El Prat estará "condenado a ser un mero satíélite de Madrid" y de Francisco Jorquera, del BNG que, al igual que el PNV, abogó por un modelo aeroportuario más descentralizado.
El portavoz de Fomento del PP, Andríés Ayala, avaló el mantenimiento del grueso de las competencias que corresponden a AENA y solicitó al Gobierno que encauce la participación de las comunidades autónomas en todos los aeropuertos, sin excepción. En su comparecencia, Josíé Blanco dejó abierta la puerta a que alguno de los aeropuertos de la red de AENA pudieran ser descatalogados como de interíés público, por lo que podrían transferirse al gobierno autónomo correspondiente.
