El exceso de optimismo con el que el Gobierno elaboró las cuentas en 2009 obliga a las autonomías a devolver una porción sustancial de los anticipos.
Las alegrías presupuestarias provocan digestiones pesadas. En plena vorágine del crash financiero y del derrumbe de la actividad nacional, el Gobierno elaboró unas cuentas del Estado para 2009 que, a día de hoy, simbolizan un cuento de hadas. Hace justo un año, el Gobierno anunciaba una destrucción de sólo 99.500 empleos, que se ha traducido en 1,5 millones. Y planteaba un avance del PIB del 1%, lejos de la histórica corrección del 3,6% sufrida el año pasado.
El ex vicepresidente económico Pedro Solbes, autor de esos Presupuestos Generales, solía ironizar en el Congreso con que las previsiones caducan el mismo día en que se formulan. Los sobresaltos de la actual crisis lo confirman. No obstante, de los presupuestos dependen las estimaciones de ingresos y gastos del Estado. Y, por tanto, todas las políticas de transferencias al resto de Administraciones. Fruto de todos estos desfases, las comunidades deberán devolver 25.000 millones al Estado en 2011, según las estimaciones facilitadas a EXPANSIí“N por Standard & Poor’s.
El sistema de financiación autonómica tiene un mecanismo especial de reparto de los fondos. El Gobierno realiza en cada presupuesto una previsión de ingresos fiscales de las comunidades que les concede en forma de anticipos de liquidación. Dos años despuíés, cuando se cierran las cuentas del ejercicio, se hace balance: si los anticipos han estado por debajo de la recaudación final de impuestos –como ocurría en años de bonanza–, el Gobierno abona la diferencia a las comunidades. Pero puede ocurrir tambiíén que el Estado entregue una cantidad inicial muy por encima de los ingresos finales, por tanto, las autonomías deben devolver la diferencia.
Esto ocurrió por primera vez en 2008 y las comunidades deberán abonar por ello 7.000 millones a las arcas del Estado en 2010. Sin embargo, el trago duro de digerir es el del próximo año, puesto que 25.000 millones suponen, aproximadamente, 2,5 puntos del PIB.
Este mareo de cifras conlleva otra importante consecuencia colateral. En pleno proceso de ajuste de las cuentas públicas a los objetivos impuestos por la Comisión Europea –fuerza a España a rebajar el díéficit total de las Administraciones desde el 11,4% del PIB actual hasta el 3% en 2013–, el Gobierno va a poder maquillar con 25.000 millones el saldo del Estado, traspasando a las comunidades en forma de díéficit este pesado lastre.
La contabilidad (devengo) obliga a imputar los ingresos y gastos en el momento en que se producen, al margen del cobro o pago de ese dinero. Es decir, las comunidades computarán este nuevo díéficit, pero tendrán un margen de tiempo para pagarlo.
Una buena gestión
Los problemas de las liquidaciones negativas fueron previstos, en parte, en la reforma de la financiación autonómica. Las comunidades pactaron ampliar de dos a cinco años (hasta 60 cuotas) el periodo de pago al Estado.
El Gobierno es responsable de los desajustes iniciales de los presupuestos de 2009. Sin embargo, las comunidades no son ciegas a la realidad de la recaudación de impuestos (mensualmente, Hacienda ofrece un informe de ejecución). “A lo largo de 2009 se sabía ya que los anticipos entregados eran excesivos, pero muchas comunidades no se han ajustado sobre la marcha a esta nueva realidadâ€, afirma la analista de S&P, Myriam Fernández de Heredia. Es decir, los ejecutivos regionales, por lo general, han llegado demasiado tarde tambiíén a la austeridad en sus gastos.
En este contexto, ¿en quíé queda la nueva financiación territorial? El papel negociado dista bastante de la realidad. Las comunidades tendrán una mayor participación en los grandes impuestos (IRPF, IVA y Especiales), pero de poco les servirá mientras no se recupere el empleo, el consumo y la inversión.
