Falta de homogeneidad en los estados contables; no presentación de cuentas de entidades, consorcios, fondos, fundaciones y del sector público empresarial; valoración indebida de las participaciones en las sociedades mercantiles del Estado; elaboración inadecuada de los inventarios y no inclusión de deudas no vencidas. Estas son algunas de las irregularidades que el Tribunal de Cuentas ha detectado en la declaración remitida por el Gobierno sobre la ejecución presupuestaria del Estado en el año 2007.
El presidente del Tribunal, Manuel Núñez, presentó en el Congreso el informe del organismo fiscalizador sobre la Cuenta General del Estado correspondiente a ese ejercicio, en el que refleja que el endeudamiento total de la Administración del Estado al final del año 2007 se elevaba a 338.238 millones de euros, con una ligera disminución del 1,1% respecto al año precedente. No obstante, denuncia que en esta cifra no se ha incluido la deuda no vencida que el Ministerio de Defensa mantenía con la empresa Navantia por 11.594 millones de euros.
Como tampoco se incluyen las deudas que mantiene el Estado con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) por 225 millones, con Renfe por 81 millones y con la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre por 257 millones. En total son 12.157 millones los que el Gobierno ocultó o dejó de contabilizar.
Anticipos a las autonomías
El informe del Tribunal empieza denunciando que las cuentas "se han confeccionado de forma incompleta", al no haberse integrado en ellas nada menos que las correspondientes a cinco organismos autónomos, tres organismos públicos, cinco consorcios y un fondo carente de personalidad jurídica, además de las cuentas anuales de 24 empresas públicas y las de 12 fundaciones. Un incumplimiento de la Ley General Presupuestaria, ante el que el Tribunal resalta que ha reclamado "formalmente a la Intervención General del Estado y a las propias entidades la remisión de las cuentas no rendidas", sin que haya obtenido respuesta hasta la fecha.
Respecto al activo circulante, en la rúbrica de "otros deudores" figuran, entre otros, pagos pendientes de aplicación por 5.919 millones de euros, entre los que se incluyen los anticipos a las comunidades autónomas a cuenta de la liquidación definitiva de los tributos cedidos. Hecho ante el que el Tribunal objeta que, con independencia del respaldo legal que pudiera amparar este procedimiento contable, "tales anticipos no representan críéditos, sino gastos del Estado, cuyo registro como tales, por el retraso en la liquidación definitiva, se desplaza a ejercicios posteriores, lo que afecta, como es natural, a la representatividad de la contabilidad presupuestaria y patrimonial".
En relación a la cuenta de resultados, el informe de fiscalización resalta que la cuenta consolidada del resultado económico patrimonial del sector público administrativo presentó un saldo positivo imputable al ejercicio de 43.342 mi- llones de euros que, teniendo en cuenta las observaciones puestas de manifiesto por el Tribunal, pasaría a ser de 41.115 millones.
