La confusión de poderes entre comunidades y municipios ha disparado los gastos corrientes de estos últimos. El Estado autonómico ha avanzado sin definir sus límites financieros.
La crisis ha alumbrado los problemas crónicos de las haciendas locales. Los bandazos del Gobierno en la última semana para poner límite a la capacidad de endeudamientos de los alcaldes –modificó un decreto en 24 horas– son un síntoma más de algo evidente: el amplio abanico de servicios públicos y obligaciones prestados por los municipios no se sostiene con el actual modelo de reparto de ingresos del Estado.
Tan sólo hace falta echar un vistazo atrás. En 1992, los ayuntamientos realizaban un gasto por habitante de 462 euros, quince años despuíés, superaba ya los 1.134 euros per cápita.
“La reforma de la financiación de los entes locales no es un asunto coyuntural provocado por la crisis. Será difícil hablar de un nuevo sistema si no aclaramos los marcos competenciales de cada administraciónâ€, es decir, quíé servicios corresponden a las comunidades y cuáles son propios de los municipios, explica Antoni Foguíé, presidente de la Diputación de Barcelona y de la Fundación Democracia y Gobierno Local.
La prestación de servicios no obligatorios –es decir, no exigidos a los Ayuntamientos por la ley– ha dejado una huella importante en las arcas locales: suponen entre el 26% y el 30% de los gastos totales, es decir, en torno a 247 euros per cápita, según un estudio sobre Los servicios prestados por los municipios españoles de la profesora de la Universidad de Barcelona, Maite Vilalta.
En su opinión, esta factura adicional (el 87% pasa al capítulo de gastos corrientes) la han motivado “nuevas realidades†como el boom demográfico generado por la inmigración, la incorporación de la mujer al mercado laboral o la sensibilidad hacia el medio ambiente.
Relevancia
Sean gastos necesarios o políticas oportunistas por parte de algún alcalde, este es uno de los capítulos de mayor peso en la reforma de la financiación local que el Gobierno, pese a la tormenta que azota las finanzas públicas, ha prometido terminar antes de las elecciones municipales de 2011.
Los ayuntamientos y las diputaciones provinciales exigen que se aclare esta nebulosa de competencias que comparten en la actualidad con las comunidades. Sin íésta, “es difícil hablar y calcular la suficiencia de recursos financierosâ€, aclara Francisco Pedraja, catedrático de Hacienda de la Universidad de Extremadura.
El otro gran caballo de batalla de los ayuntamientos y diputaciones es la participación en los ingresos de las comunidades autónomas (conocida tíécnicamente como las PICAs). Un derecho reconocido en la Constitución, pero que apenas se ha aplicado.
“Las haciendas locales y autonómicas son las únicas que se resisten a integrarseâ€, considera Javier Lasarte, catedrático de la Universidad de Oviedo. En su opinión, las PICAs deben abordar de lleno el reparto de los impuesto cedidos a las comunidades autónomas [IRPF, IVA y Especiales], porque es ahí donde está el dineroâ€.
Hasta que se apruebe la nueva ley de financiación de los entes locales, si se aprueba, algunos de los nuevos estatutos de autonomía han concretado algo más este contencioso histórico entre municipios y comunidades. No obstante, Pedraja recuerda que si los estatutos comportan un aumento de las transferencias del Estado hacia las comunidades, “parte de ellas deberían ir teledirigidas a los entes localesâ€.
Foguíé piensa que, además de las PICAs y de delimitación de poderes, la reforma debería dejar camino libre a una “revisión de los ingresos propios†de los entes locales. “No para aumentar los impuestos, sino para ajustarlo a una nueva realidadâ€, matiza. Es decir, más capacidad para regular sus propios tributos.
Los puntos de fricción con las comunidades
-COMPETENCIAS
El Estado autonómico ha desbordado cualquier previsión. España se encuentra ya en la primera línea de los países descentralizados. En tres díécadas de continua cesión de poderes e ingresos del Estado, los ayuntamientos creen que las comunidades han sido las vencedoras. Gestionan la mayor parte del gasto público y, con la nueva reforma financiera, absorberán buena parte de la cesta de impuestos –a excepción del de Sociedades y las cotizaciones sociales–. Por eso, el ámbito local clama por una segunda descentralización.
-MíS DE 13.000 ACTORES
El panorama municipal es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. En España hay 8.110 ayuntamientos. Pero si se contabilizan las diputaciones provinciales, cabildos, comarcas y demás estructuras supramunicipales existen más de 13.000 administraciones locales. En este marasmo de poderes públicos se produce un claro solapamiento de funciones y servicios. Por eso, desde la Fundación Democracia y Gobierno Local, Antoni Foguíé solicita no olvidar el papel vertebrados que tienen las diputaciones provinciales en un ámbito tan atomizado.
-Dí‰CADA DE POLí‰MICA
Los planes especiales de inversión local activados por el Gobierno en 2009 (8.000 millones de euros) y 2010 (5.000 millones) no resuelven los problemas de liquidez de los ayuntamientos. El pinchazo inmobiliario ha desinflado las arcas locales –el 48% de los ingresos corrientes provienen del Impuesto de Bienes Inmuebles– y muchos carecen de circulante para hacer frente a las obligaciones. Despuíés de una díécada de reivindicaciones, los alcaldes exigen una pronta solución. Sobre todo, despuíés de verse relegados por la reforma autonómica.
