Por Vidivi
Tras la reforma de las cajas late la voluntad de bancarizar el sector, que se piensa servirá, a modo de bálsamo de Fierabrás, para sanarlo de sus males
JUAN BENGOECHEA El Correo digital
Un día no apto para supersticiosos -martes 13 de julio de 2010- apareció en el BOE la reforma de las cajas de ahorros. Su publicación constituye el lógico corolario de la cura de adelgazamiento en la que se halla inmersa la práctica totalidad del sector.
Lo urgente de su tramitación no es ajeno, sin embargo, a la entrada gradual a partir de 2013 de Basilea III, que, entre otras cosas, exige a las entidades bancarias del mundo desarrollado más, y mejor, capital para realizar su labor de intermediación. De quedarnos como estábamos, su aplicación hubiese tenido un efecto demoledor sobre las cajas, dadas las limitaciones que su naturaleza fundacional les impone para hacerse con ese preciado recurso. Afortunadamente no ha sido así, y los dos grandes partidos nacionales consensuaron la reforma, evitando de paso que alguno de sus ‘barones’ regionales la bloquease interponiendo un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Tras la reforma, las cajas cuentan ya con un amplio abanico de alternativas para ampliar su capital. En teoría se deja que cada entidad elija el ‘traje a medida’ que mejor se adecúe a sus preferencias. Así, pueden seguir como hasta ahora emitiendo cuotas participativas, con o sin derechos políticos. Tambiíén pueden integrarse en un Sistema Institucional de Protección (SIP) o ceder el negocio financiero a un banco. Pero estos dos últimos modelos les obligan a retener al menos el 50% del capital de tales sociedades, en caso contrario se convierten en meras fundaciones circunscritas a la obra social. Esta variedad de fórmulas ha creado un cierto desconcierto, lo cual explica los contradictorios juicios con que ha sido recibida la propuesta. Pero tras esa aparente diversidad late, como hemos visto, la voluntad de bancarizar el sector, que se piensa servirá, a modo de bálsamo de Fierabrás, para sanarlo de todos sus males.
En concreto, se cree que dicha bancarización, al recortar el poder de los políticos regionales, permitirá profesionalizar las cajas. El problema radica en que la llave del cambio se deja en manos de esos mismos políticos, ya que las iniciativas en su contra son muy tímidas. Las incompatibilidades se circunscriben a los cargos electos, pero nada se dice de aquellos otros sujetos a la disciplina de los partidos. Aún así, cabe esperar que la disciplina del mercado acabe imponiíéndose sobre cualquier tentación continuista. Porque si optan por el statu quo tendrán serias dificultades para satisfacer Basilea III, cuyas exigencias pueden superar los 30.000 millones de euros.
Así pues, actuando en un mercado domíéstico que no les va a deparar grandes alegrías en los próximos años, necesitan seducir al inversor. En caso contrario, se arriesgan a incurrir en un díéficit de capital, que llevaría aparejada la intervención del Banco de España.
La reforma de las cajas, en la medida en que alienta la bancarización, tambiíén permite recuperar al Estado competencias en materia financiera. Conviene recordar que el Banco de España es supervisor único en el caso de los bancos, pero no en el de las cajas. En estas últimas, a tenor de la doctrina del Constitucional, tiene que compartir competencias con las comunidades autónomas. Al estar cegado el camino directo para acabar con esa dualidad jurisdiccional, el legislador ha optado por la vía de la bancarización. Lo malo de esta forma de actuar es que deja sin resolver el problema de las entidades que, hallándose bajo tutela autonómica, tienen un tamaño y complejidad que las convierte en sistíémicas. Como ha puesto de manifiesto la crisis, si alguna de esas entidades se viese en dificultades la responsabilidad de intervenirla recaería en el Estado, dejando que la factura la paguen a escote todos los españoles.
Cuando las cajas avisten la Tierra Prometida, tras una larga y compleja travesía del desierto, ya nada será como antes. La mayoría se habrá transformado en banco, siguiendo la ruta abierta en su día por Italia. Algunas seguirán apegadas al terruño, manteniendo el modelo tradicional. Otras, sin renunciar a ese modelo, se lanzarán a la conquista de nuevos horizontes. Entre íéstas últimas habrá dos o tres que, por sus características, serán de índole sistíémica. En beneficio de la estabilidad, esas entidades deberían ser supervisadas únicamente por el Banco de España. Si algo nos ha enseñado la crisis es que el autogobierno en el ámbito financiero es una amenaza para el contribuyente.
Los 11.000 millones de euros en ayudas públicas a las cajas son, al entender de algunos, 11.000 millones de razones para reflexionar sobre la necesidad de devolver al Estado competencias de supervisión hoy en manos autonómicas.
