El Gobierno actuó fraudulentamente en su afán por sacar adelante el canon digital, que finalmente entró en vigor en 2008. Para conseguir su propósito, elaboró una Orden del Ministerio de la Presidencia en la que se dictaminaba el pago por compensación por copia privada. Si fue María Teresa Fernández de la Vega, entonces vicepresidenta del Gobierno, la responsable de tal disposición, ha sido ahora la Audiencia Nacional la que se ha encargado de anular la misma por incumplimiento de los requisitos legales.
En su opinión, el Ejecutivo actuó fraudulentamente al dejar al margen al Consejo de Estado, cuyo informe era obligado al tratarse de un reglamento dictado en ejecución de la Ley de Propiedad Intelectual. Curiosamente, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la AN asegura que el Consejo de Estado sí realizó un informe sobre el anteproyecto de ley.
En dicho documento, se advertía negativamente de la “parquedad de la regulación†en relación con el tipo de equipos y soportes digitales que deben pagar el canon y la cuantía del mismo. Proponía diferentes fórmulas “para remediar dicha deficiencia de tíécnica legislativa observadaâ€.
Ante este informe negativo, el Gobierno optó por prescindir de solicitar un segundo a este órgano una vez elaborada la Orden. Por eso, la Audiencia acusa al Ejecutivo de “volatilizar†la labor del Consejo de Estado, que cumple un control preventivo de la potestad reglamentaria para conseguir que se ejerza con ajuste a la ley y al derecho.
La mala actuación del Gobierno no queda ahí. Según la AN, cometió otra infracción durante el proceso de dicha orden no elaborando las memorias justificativa y económica, “inherentes a todo reglamentoâ€, sobre la necesidad y oportunidad. Y eso que, poco antes de su entrada en vigor, todos los partidos políticos, excepto PSOE, aprobaron una moción en el Senado para que el Ministerio de Cultura presentara una memoria de las entidades de gestión, sus balances y cuentas, además de datos sobre cómo se distribuye la recaudación del canon digital. Es más, el propio Ministerio de Economía y Hacienda alertó de la ausencia de estas memorias y mostró su conveniencia de presentar la Orden con estos documentos.
No se devolverá todo lo recaudado
Lo que la Audiencia no puede hacer, por falta de competencia, dice, es ordenar la devolución de todo lo recaudado durante estos más de dos años de vigencia y que afectaría, principalmente, a la Sociedad General de Autores (SGAE).
Esta resolución viene a ampliar la ya dictaminada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró ilegal el pasado octubre el canon digital a los soportes de reproducción adquiridos por empresas y profesionales para fines distintos de la copia privada al ir en contra del Derecho de la Unión.
