La Audiencia Nacional admite a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción aunque la familia ha regularizado 200 millones de euros.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, su hermano Jaime Botín, y otros diez familiares por los presuntos delitos de fraude fiscal y de falsedad documental. La familia Botín regularizó su situación de forma voluntaria hace dos meses y pagó 200 millones de euros. El Ministerio Fiscal dice que no ha podido “determinar si las regularizaciones realizadas han sido completas y veracesâ€.
Los hechos denunciados se remontan a mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Tributaria (AEAT) sobre unos contribuyentes con fondos en cuentas de la filial suiza de HSBC, entre las que estaban los denunciados, y que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio entre 2005 y 2009.
La familia Botín expresó ayer su sorpresa por el auto ya que aseguró que “está al corriente de todas sus obligaciones fiscalesâ€, despuíés de haber realizado una regularización “voluntaria y completa†de sus declaraciones fiscales de entre 2005 y 2009. Los fondos en Suiza ascienden a unos 900 millones de euros. La regularización de 200 millones procede de la imposición del 40% del IRPF a los rendimientos durante cinco años, más la tributación del 1% del Patrimonio de tres años, ya que este impuesto desapareció, más recargos.
En el auto, la Audiencia Nacional dice que Hacienda no ha podido verificar la ingente cantidad de información, en gran parte en inglíés y en francíés, que ha aportado la familia Botín y que ha enviado el caso a la Fiscalía para que no prescriba el próximo 30 de junio.
A Francisco de la Torre, secretario de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, le parece que el auto es “eminentemente tíécnicoâ€, para verificar si la presentación de las complementarias ha cumplido todos los requisitos, sobre todo, que sean veraces y completas.
El artículo 305 del Código Penal dice que la responsabilidad penal se extingue si se regulariza la situación de forma voluntaria y sin mediar notificación expresa de actuaciones de comprobación, requisitos que los imputados cumplen. El propio auto admite que “la presentación de declaraciones complementarias y la realización de los ingresos correspondientes podrían suponer la exención de responsabilidad penalâ€.
De la Torre apunta, con la información pública disponible, que si se demuestra ahora que la declaración complementaria fue veraz y completa, serán absueltos. Y, sobre la oportunidad de la denuncia, recuerda que “la carga de la prueba en estos casos la tiene el contribuyenteâ€.
Hasta 50 titulares de las políémicas cuentas de la filial suiza de HSBC se iban a enfrentar a un macroproceso penal, público y ejemplarizante antes del 30 de junio, según adelantó EXPANSIí“N el pasado 23 de marzo. í‰sta es la intención de Hacienda, que ayer se materializó de forma pública.
Los contribuyentes debían responder a sus últimos requerimientos en marzo, con el fin de que la AEAT preparara los informes para que la Fiscalía Anticorrupción pudiera presentar la querella. En juego, unos 6.000 millones de euros de los que Hacienda quiere recuperar el porcentaje que cree que le corresponde, según adelantó Expansión.com el pasado 23 de junio.
Diego Artacho, socio de Rousaud Costas Duran, se pregunta “hasta quíé punto los jueces y fiscales aceptarán como prueba válida unas informaciones de origen robadoâ€, en referencia a que las autoridades francesas enviaron a la Agencia Tributaria los datos de unas 3.000 fortunas españolas con ahorros en cuentas opacas en Suiza que había robado un antiguo empleado de la entidad. En Francia no han prosperado algunos procesos por la ilicitud en la obtención de la prueba.
Proceso ejemplerizante
Ayer en los círculos financieros se comentaba que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la denuncia en un momento en el que los mercados rondan a España y en el que los indignados del 15M culpan a la clase política de la crisis.
Es ahora cuando se inicia un proceso penal que, según adelantó este diario, afectaría a rostros conocidos de la política, de las finanzas o del mundo del espectáculo. Lo habitual es que estos procesos se diriman en juzgados o en audiencias provinciales, pero las cuantías en las cuentas de HSBC y la dispersión de sus contribuyentes lo han llevado a la Audiencia Nacional.
