Es tiempo de reformas y, tras la Constitución o la repentina recuperación del impuesto de patrimonio, ahora llega el turno de las hipotecas. El Gobierno ultima una ley que legitima algunas de las cláusulas más políémicas, como las cláusulas suelo o la posibilidad de que los bancos cobren por informar sobre a sus príéstamos a futuros hipotecados.
El Ministerio de Economía y Hacienda está tramitando el proyecto de Orden Ministerial (OM) de 'Transparencia Bancaria' que, previsiblemente, se aprobará antes de que termine la legislatura. La redacción final del texto podría legitimar algunas de las prácticas y cláusulas más políémicas (tanto, que aún están pendientes de resoluciones judiciales).
Es el caso de los llamado 'swaps', una cláusula que obliga a firmar un seguro adicional frente a una posible subida de los tipos de interíés. O de las denominadas 'cláusulas suelo', que tíécnicamente es una cláusula de tipo de interíés mínimo, que protege a los bancos ante una eventual caída del índice de referencia de los tipos de interíés por debajo de ciertos niveles.
En plena movilización social en contra de este tipo de cláusulas o favor de suavizar las hipotecas con fórmulas como la dación en pago, el texto que se está tramitando ha sentado como un jarro de agua fría contra el que ya se han manifestado tanto los consumidores como la patronal del sector.
Las patronales del sector financiero (AEB y CECA) y las asociaciones de consumidores acordaron ayer durante la celebración del Comitíé Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), consensuar un escrito de rechazo a su aprobación, según informaron a Europa Press fuentes conocedoras del acuerdo.
Las mismas fuentes explicaron que los motivos de rechazo de las entidades financieras y los representantes de los consumidores son "radicalmente distintos", pero ambos coinciden en rechazar la "precipitación".
