Las elíéctricas y su asociación, Unesa, han presentado en el Supremo los recursos contra la orden de tarifas de octubre que se saldó con una bajada de los peajes de más del 10% y que consideran "ilegal". Las empresas, que tienen de su parte un dictamen de la CNE y sentencias anteriores, han pedido en algún caso la suspensión cautelar de la orden.
El cálculo de la tarifa de último recurso (TUR) y los elementos que la componen -especialmente los peajes de acceso- se han convertido en "meros precios políticos modulables según la conveniencia y los intereses políticos imperantes en cada momento". Así lo denuncia Unesa en el recurso contencioso-administrativo que ha presentado en nombre de sus cinco asociadas -Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y Eon España- ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Gobierno (ahora en funciones) de bajar los peajes en más de un 10% en octubre.
Además de este recurso colectivo, al que ha tenido acceso CincoDías, las compañías han presentado otros tantos a título individual, en los que piden la anulación de los artículos 1 y 5 de la orden ministerial por la que se fijó, "de forma ilegal", las tarifas elíéctricas en el cuarto trimestre. En la mayoría se solicita la suspensión cautelar. El Gobierno forzó una congelación de la TUR en vísperas de las elecciones generales, vulnerando la Ley Elíéctrica, según las compañías. El Supremo debe decidir en breve si acepta o no las cautelares solicitadas que, según fuentes jurídicas, tienen muchas posibilidades de salir adelante, pues hay ya una jurisprudencia clara.
En los escritos de interposición (que se formalizarán en sendas demandas) el sector se apoya en el informe de la Comisión de Energía sobre la propuesta inicial de septiembre, en la que Industria planteaba no modificar los peajes. Finalmente, a la vista del incremento de precios de la energía (el otro componente de la TUR) en la subasta Cesur celebrada despuíés, el ministerio decidió bajar en igual porcentaje (más del 10%) los peajes.
Este "cambio sustancial" entre la propuesta remitida a la CNE y la revisión que al final aprobó el Gobierno, exigía, "so pena de incurrir en nulidad de pleno derecho", un nuevo trámite de audiencia del consejo consultivo de la electricidad de la CNE, que habría permitido presentar alegaciones. De hecho, uno de los argumentos de los recursos es el incumplimiento "flagrante" de dicho trámite.
Las elíéctricas tienen su mejor defensa en el dictamen del regulador sobre la propuesta inicial de Industria, esto es, la que planteaba no ya bajar los peajes, sino mantenerlos. En íél, la CNE considera necesario que las revisiones trimestrales de los peajes se utilicen para "corregir la senda de díéficit de tarifa y alcanzar cuanto antes la suficiencia, tal como exige la normativa".
Según la Comisión, la deuda acumulada a 31 de agosto era de 19.892 millones de euros (22.392 millones si se incluyen los 2.500 millones del desajuste de 2010). Y advierte que es peligroso "para la sostenibilidad del sistema" que se usen los peajes para compensar los aumentos del coste de la energía en la TUR.
Mantener los peajes, tal como había propuesto el ministerio para el último trimestre, suponía superar el límite legal de díéficit permitido para 2011 entre 700 y 800 millones. Por tanto, solo para recuperarlos sería necesaria una subida del 11,3% en 2012. Para colmo, con una rebaja del 10% de los peajes, la subida del próximo año debía ser del 18,6%, según los datos del regulador que las empresas muestran ante el Supremo.
En su opinión, la rebaja de los peajes "carece de justificación racional"; vulnera el principio de aditividad de la tarifa y el techo de díéficit anual que permite la ley. Y critican una deuda, cuyo elevado coste financiero perjudicará a los futuros consumidores.
En medio de la confusión sobre los peajes de enero
La tramitación de los recursos ante el Tribunal Supremo contra la orden de tarifas de octubre coincide con la confusión generada en torno a la próxima subida tarifaria de enero. El plazo límite, y ya totalmente forzado, para poder enviar la propuesta de revisión de los peajes a la CNE coincide con el día anterior a la formación del Gobierno, que será el 21, y con el de la celebración de la Cesur. Con todo, la toma de posesión de los nuevos ministros será el 22.
Si, como aseguran fuentes políticas, el titular de Industria en funciones, Miguel Sebastián, no quiere enviar una propuesta que le pueda perjudicar, ya que será el Gobierno de Rajoy el que apruebe la orden definitiva, los plazos no se lo van a permitir. Aunque la orden no debe pasar por Consejo de Ministros, sí debe verla la nueva Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Si no se respeta el trámite de audiencia, será nula de pleno derecho y si no hay revisión, Rajoy se enfrenta a un vacío legal.
Para las elíéctricas la situación es grave, pero cada vez parecen tener más posibilidades de triunfar en los tribunales. En los que ahora han presentado ante el Supremo adjuntan multitud de sentencias favorables. Como la de la demanda contra la bajada de los peajes de julio de 2010, en la que el alto tribunal se alineó con sus tesis. Un fallo que no fue aplicable, pues el Gobierno había corregido posteriormente dicha rebaja, pero sentó jurisprudencia.
En esta ocasión no parece que el Gobierno del Partido Popular vaya a cubrir el desajuste de octubre, pues ello supondría subir los peajes más del 20% en enero. Pero si no lo hace así estaría incumpliendo la ley que limita el díéficit y se encontraría con nuevos recursos de las elíéctricas en los tribunales.
La norma es "una expropiación" del patrimonio de las empresas
Una de las medidas que más ampollas ha levantado entre las empresas es la incluida en el artículo 5 de la orden ministerial. Este artículo traslada al 1 de enero de 2012 la liquidación del díéficit de 2011, que las elíéctricas debían cobrar este año y que se calcula en 3.000 millones de euros.
Una medida "irracional", según las denuncias, con la que se pretende cumplir de forma "artificiosa" la previsión legal de díéficit de este año. Sin embargo, con ello solo se consigue empeorar la situación, indican en el sector.
En uno de los recursos, una de las empresas considera que esta medida "es una expropiación ilegítima de un derecho" que forma parte del patrimonio de las que están obligadas a financiar el díéficit. Por ello solicitan, como medida cautelar, que se suspenda su aplicación y, subsidiariamente, la que afecta a las cantidades ya liquidadas por la CNE hasta octubre, mes en que entró en vigor la norma.
