La deuda pública española aumentó a un ritmo del 10% entre enero y septiembre de 2011, una cifra que duplica el avance del endeudamiento en la UE. España es uno de los países de la vieja Europa que recurre con más intensidad a los mercados en busca de financiación. La única parte positiva es que, todavía, el endeudamiento español se encuentra por debajo de la mayoría de países de la UE, Alemania y Francia incluidos.
Un día da para mucho. Por ejemplo, para que la deuda pública europea aumente en 1.800 millones de euros. El endeudamiento de los Veintisiete cerró 2010 en 9,8 billones de euros y en septiembre de 2011 alcanzó ya los 10,3 billones, según los últimos datos que acaba de publicar Eurostat. Supone un ritmo de crecimiento del 5%. España duplica esa cifra y las emisiones de deuda del conjunto de las Administraciones públicas (central, autonómica y local) avanzan al 10%. Solo Portugal, entre los países de la vieja Europa, registra incrementos superiores.
Reino Unido es otro de los grandes países europeos que más recurre a los mercados de deuda; sin embargo, su no pertenencia al euro le permite financiarse, de momento, a precios inferiores a la mayoría de Estados de la moneda común. La deuda pública británica aumentó en los tres primeros trimestres del año anterior un 9%. Francia, por su parte, elevó las emisiones un 6,1%. En Italia, el país más endeudado de la UE, el incremento fue mucho menor, del 2,2%.
El caso más curioso es el de Alemania. Entre enero y septiembre incrementó su nivel de deuda pública solo un 1,4%. Sin embargo, respecto al tercer trimestre de 2010, el aumento fue del 12,6%, un nivel similar al registrado por España en ese mismo periodo. Ello indica que, a finales de 2010, Alemania aprovechó para sobreendeudarse. Es decir, emitió más bonos de los que precisaba para financiar su díéficit y aprovechar así el bajo coste de colocación de su deuda. En cambio, países como España acuden a los mercados obligados. Los números rojos en España superaron los 80.000 millones de euros, lo que obliga al sector público a endeudarse por un importe similar.
¿Por quíé España no está intervenida?
En cualquier caso, España tiene una ventaja. Cuando estalló la crisis económica mantenía un nivel de deuda pública muy bajo, del 40% en 2008. Sin esa circunstancia, hubiera precisado, al igual que Grecia, Irlanda y Portugal de un rescate financiero. De hecho, a pesar del fuerte incremento de la emisión de bonos, la deuda pública española todavía es muy inferior a la que registran la mayoría de los países de los Veintisiete. Cerró 2011 en el 70% del PIB, por debajo de la media europea.
De hecho, el endeudamiento español supone el 6,8% del total de la UE cuando su PIB alcanza el 8,5% del conjunto (ver gráfico). Países como el Reino Unido o Francia mantienen un nivel de deuda superior a su aportación al PIB comunitario. En cualquier caso, la mala noticia para España es que seguirá emitiendo bonos por encima de la media ya, que precisará nuevamente de financiación externa para cubrir su saldo fiscal negativo. El conjunto de las Administraciones públicas cerraron el año anterior con un díéficit superior al 8% y deberían reducirlo al 4,4% para este año. Sin embargo, el Gobierno sabe que ello resulta prácticamente inasumible y por ello negocia con Bruselas un nuevo escenario de consolidación fiscal más realista con las malas previsiones económicas.
El FMI calcula que el díéficit público se moverá en torno al 6,8%. Es decir, España precisará que el mercado le preste unos 70.000 millones de euros. De hecho, el Gobierno de Mariano Rajoy ya ha anunciado su intención de recortar en todas las partidas presupuestarias. Sin embargo, por más que quisiera, no hay forma de reducir en el corto plazo el capítulo de gastos financieros. El pago de los intereses de la deuda, tanto en los presupuestos estatales como en los autonómicos, seguirá creciendo.
Mayor control sobre las autonomías
El Gobierno de Mariano Rajoy reconoce en el anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria que hasta 2020 la deuda pública superará el 60% del PIB, umbral máximo permitido por la legislación europea. La normativa que el Ejecutivo remitió al Consejo de Estado el pasado viernes contempla que cuando la economía alcance tasas de crecimiento real de, al menos, el 2% o generar empleo neto en tíérminos anuales, "el ratio de deuda pública se reducirá, como mínimo, en dos puntos porcentuales".
Para lograrlo, el Ejecutivo extremará el control sobre las comunidades autónomas, cuyos presupuestos serán supervisados al detalle por el Ministerio de Hacienda. Además, la posibilidad de endeudarse de los Ejecutivos autonómicos estará vinculada al cumplimiento de sus planes de reequilibrio financiero.
La prioridad, reducir deuda
El anteproyecto de la Ley de Estabilidad contempla que en el caso de que cualquier Administración obtengan ingresos superiores a los previstos -algo hoy por hoy difícil-, los recursos se destinarán a reducir el nivel de deuda pública.
Los últimos datos del Banco de España muestran que la deuda autonómica alcanzó en el tercer trimestre de 2011 su máximo histórico al sumar los 135.151 millones de euros, el 12,6% del PIB. La Administración central, por su parte, mantuvo un endeudamiento que alcanzó los 517.581 millones, una cifra que equivale al 48,4% del PIB.
Nadie cumple. Si bien la legislación europea estipula que la deuda pública de los Estados miembros no podrá superar el 60% del PIB, la mayoría registra cifras muy superiores. Incluso países como Alemania, que ha hecho de la austeridad una bandera, sobrepasa ese umbral.
