Con los Presupuestos que presenta hoy el Gobierno, el ajuste acometido por el equipo económico de Mariano Rajoy ascienda ya a un mínimo de 47.175 millones. La cifra surge de la suma del recorte de gasto y alza fiscal de diciembre, cifrados en su conjunto en 15.000 millones de euros, un tijeretazo del entorno de los 10.000 millones a los Ministerios, modificaciones en Sociedades que pueden elevar la recaudación en 7.000 millones, y los 15.000 millones que competen a las comunidades autónomas para llegar al 1,5% de díéficit este año.
Los Presupuestos Generales del Estado de 2012 serán, sin duda, los más escrutados por la UE y los mercados. Para dar la talla ante tal examen, el Gobierno se dispone a sentar las bases que den credibilidad al cumplimiento del 5,3% de díéficit a cierre de ejercicio.
Las Cuentas intensificarán el ajuste fiscal con un tijeretazo del 7% en los gastos y del entorno del 15% en la dotación a los ministerios, que no se distribuirá de forma lineal, sino con más incidencia en aquellos en los que la inversión tiene más peso. En cómputo conjunto, la dotación de todas las carteras ministeriales para 2011 ascendió a 66.284,83 millones de euros, de modo que un tijeretazo del 15 por ciento se aproxima a los 10.000 millones de ajuste.
El ministro de Economía, Luis De Guindos, avanzó que el esfuerzo del ajuste debería producirse en el gasto improductivo, donde "hay muchas posibilidades".
Este reforzamiento del ajuste se debe a que, en su primer planteamiento, los Presupuestos estaban llamados a lograr un 5,8% de díéficit este año, la cifra que veía factible el Gobierno y que pretendió hacer valer ante Europa. Pero Bruselas apretó las tuercas a España exigiendo un desequilibrio máximo del 5,3% del PIB en 2012, lo que obliga al Ejecutivo a reforzar el proyecto previo.
Relanzar los ingresos
Celebradas ya las elecciones andaluzas y asturianas, el pasado domingo, el calendario electoral ya no condiciona al Gobierno a la hora de endurecer las medidas tendentes al equilibrio presupuestario, esa quimera a la que apela sistemáticamente el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como pilar central de la política económica.
Para lograrlo, no bastan recortes como los que incluye el proyecto que hoy sale del Consejo de Ministros rumbo a las Cortes. El equipo económico del Gobierno precisa relanzar los ingresos, lo que ha sumido a sus integrantes en una serie de declaraciones discordantes en torno a los impuestos. Así, De Guindos ha hablado de subidas impositivas "lo más limitadas posible", mientras que Montoro insiste en que no se tomarán medidas fiscales que perjudiquen al crecimiento y el empleo, ni inequitativas o injustas, aunque sí reconoce "reformas parciales dentro de los grandes impuestos y contribuciones más equilibradas y mejor ponderadas entre los agentes económicos", un discurso más coincidente con el presidencial.
De hecho, Mariano Rajoy indicó el martes que el Ejecutivo no tomará medidas que dañen el consumo y la exportación. Se ha especulado con muchos tributos y de hoy en adelante se abren los tiempos para retoques tributarios que se concretarían en una reforma de algunos extremos del Impuesto de Sociedades -sobre todo en materia de beneficios fiscales y limitación de la deducibilidad de gastos-, y algún alza de Impuestos Especiales, con el tabaco como primer candidato.
En materia de IVA, sólo se producirán cambios en última instancia. Si, tras todas las actuaciones, el cumplimiento de la meta de díéficit se complica, lo que emplaza a 2013 una eventual decisión sobre una subida. Se trata de un impuesto indirecto que ya sufrió una elevación en julio de 2010 y íésta no ha reportado un alza correlativa de los ingresos recaudatorios.
Además, los Presupuestos de 2012 extenderán a todo el año las medidas adoptadas de forma urgente el pasado 30 de diciembre. Además de congelar el salario de los funcionarios, se mantendrá la ampliación de su jornada laboral de 35 a 37,5 horas. Una medida que este año afectará tanto a trabajadores de la Administración Central como de las perifíéricas.
La Ley Presupuestaria mantendrá la congelación de todas las plantillas de la Administración salvo en el caso del personal docente, sanitario, las fuerzas armadas, las de seguridad y la inspección tributaria y laboral, cuya tasa de reposición de vacantes podrá llegar al 10%. Aunque no se descarta que pudiera ampliarse en algún caso excepcional.
