El plan de reformas del Gobierno avanza. Y ahora toca el turno a los ayuntamientos. El objetivo es racionalizar el gasto en las entidades locales, y con este objetivo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha creado un grupo de trabajo destinado a redefinir las competencias municipales, En concreto, se trata de aprovechar las economías de escala para abaratar la prestación de los servicios públicos de carácter básico; pero, y aquí está la novedad, sin que ello suponga necesariamente la desaparición de municipios.
O dicho en otros tíérminos: los 8.144 municipios españoles seguirán existiendo. Lo que cambiará es que la provisión de determinados servicios públicos (alcantarillado, alumbrado o recogida de residuos sólidos) ya no la tendrá que realizar cada municipio (el nivel de prestaciones depende del tamaño), sino que estos servicios se agruparán en entidades locales de mayor dimensión. Con ello se intenta aprovechar las economías de escala para ahorrar costes y evitar disfuncionalidades en prestaciones como los servicios sociales, la defensa del medio ambiente y del patrimonio histórico o el turismo.
En el Gobierno están convencidos de que el ahorro derivado de cerrar ayuntamientos es mínimo, y que la parte del león del gasto se encuentra en la prestación de servicios que en muchos casos están duplicados. Por eso, lo que se pretende es mutualizar esas competencias dando mayores competencias a las mancomunidades y las diputaciones provinciales, que serían las encargadas de ofrecer, por ejemplo, servicios de ambulancia o de bomberos.
El catálogo de servicios mínimos se realizará en función de la población, y para definir este concepto se ha creado un grupo de trabajo del que forman parte, además de los altos funcionarios de Hacienda, expertos del mundo universitario, municipalistas y los responsables de política local del Partido Popular.
La desaparición de municipios hoy por hoy se descarta debido a la complejidad de la medida y a la fuerte oposición popular que generaría. En algunos casos significaría la ‘muerte’ de algunas comarcas. Incluso dirigentes del PP, como el alcalde de Sevilla y presidente de la FEMP, Juan Ignacio Zoido, se han mostrado en contra. La desaparición se considera que debe ser una decisión ‘voluntaria’ del municipio, pero nunca una medida de obligado cumplimiento.
Competencias impropias
La intención del Gobierno es que en el marco de esta reforma se aborde, igualmente, uno de los asuntos más peliagudos que tiene que ver con lo que los alcaldes denominan ‘competencias impropias’, aquellos servicios que prestan sin que por ley les correspondan
Las comunidades autónomas deberían asumir esas competencias, pero no lo hacen y eso genera continuos díéficits en la financiación local. En otros casos son los propios ayuntamientos los que los asumen para tener más competencias por razones políticas, aunque no tengan dotación económica, con lo que surge duplicidades que ahora se quieren eliminar. Algunos estudios han situado el coste de las competencias impropias en cerca de 10.000 millones de euros.
El registro de entidades locales muestra una situación compleja y en algunos casos insólita. En la actualidad existen en España 13.023 entidades locales. O lo que es lo mismo, hay 8.144 municipios, 50 diputaciones, 11 gobiernos insulares, 3.722 entidades de ámbito inferior al municipio, 1.024 mancomunidades, 81 comarcas, 4 áreas metropolitanas y 17 entidades enclavadas bajo el epígrafe ‘otras’.
Una realidad compleja que se manifiesta en el hecho de que seis comunidades autónomas superan la cifra de más de 500 municipios, mientras que Castilla y León -la región de mayor territorio- alcanza los 2.248.
