FCC y ACS son dos empresas constructoras, pero están sufriendo como cualquier elíéctrica la incertidumbre sobre la regulación del sector energíético. Mitsui ha paralizado la compra del 50% de la filial de renovables del grupo presidido por Esther Koplowitz, mientras que el holding dirigido por Florentino Píérez no ha podido cerrar ventas de activos verdes por 1.500 millones a la espera del nuevo real decreto.
Ambas sociedades, como Iberdrola, Endesa o Gas Natural, están aguardando la nueva normativa que Josíé Manuel Soria prometió el pasado 30 de marzo, cuando anunció una subida del precio de la luz del 7% y un aumento del 5% del gas para los consumidores domíésticos. El titular de Industria y Comercio desveló tambiíén tras el Consejo de Ministros unos recortes para las empresas distribuidoras de unos 1.700 millones de euros.
Unas medidas que, según aseguró Soria, no serían las últimas. El responsable de Industria adelantó que en las próximas semanas llevaría a cabo una revisión más profunda del funcionamiento del sistema energíético. Un aviso ha paralizado cualquier operación en el sector y que, curiosamente, ha golpeado con más intensidad a las constructoras que en su día se metieron a generar electricidad. Especialmente a aquellas que están ahora desinvirtiendo para hacer frente a sus elevados niveles de deuda.
Son los casos de FCC y ACS. La primera alcanzó hace siete meses un acuerdo para vender el 50% de su filial de energías renovables a Mitsui por casi 700 millones. A finales de febrero, la Comisión Europea dio vía libre a la operación que, sin embargo, todavía no se ha podido ejecutar. Fuentes próximas al grupo controlado por Esther Koplowitz reconocen que la transacción se ha frenado por la decisión de la multinacional japonesa de no rubricarla hasta conocer los detalles de la nueva regulación.
Para FCC es un contratiempo significativo porque la compañía está haciendo grandes esfuerzos para desprenderse de negocios que no son considerados estratíégicos con el fin principal de reducir su endeudamiento. El presidente ejecutivo, Baldomero Falcones, se ha comprometido con los grandes inversores a mejorar sus ratios financieros. Recientemente ha vendido su actividad de handling aeroportuario por 135 millones.
La compañía bajó el pasado año su deuda en un 19% hasta los 6.200 millones, pero en ese importe ya ha desconsolidado los 700 millones de deuda que espera ingresar por el acuerdo con Mitsui. Una transacción que ahora está en el aire hasta que Soria refrende la nueva regulación. Para FCC es vital esta operación porque en julio deberá hacer frente a una más que previsible ampliación de capital en Cementos Portland por unos 300 millones de euros.
La incertidumbre está perjudicando todavía más a ACS. El grupo presidido por Florentino Píérez anunció el pasado año compraventas de activos renovables por casi 2.000 millones. Sin embargo, tan solo ha podido cerrar desinversiones por apenas 400. Los otros 1.600 millones están pendientes de cuál será la normativa sobre el sector que prepara Soria, según indican fuentes próximas al holding de los March y de los Albertos.
Como FCC, ACS tambiíén ha eliminado de su balance la deuda relacionada con estos activos, pese a que no ha podido concretar su traspaso. Según el último informe trimestral del grupo, los príéstamos vinculados a estos parques eólicos y plantas termosolares ascienden a 3.700 millones de euros. Por ello, cualquier retraso adicional castigará aún más la delicada situación financiera y bursátil de ambas multinacionales.
FCC ha perdido este año un 40% de su capitalización, mientras que ACS ha visto evaporarse el 36% de su valor de mercado. Un desplome que se eleva hasta el 55% si se toman como referencia los últimos doce meses. Y eso que los inversores ya han descontado que el 30 de junio recibirán los casi 4.000 millones (unos 2.000 cada una) que les adeudan las administraciones gracias al príéstamo del Gobierno.
