Probablemente no haya sido el único Gobierno, ni en el único ejercicio. Pero lo cierto es que el Tribunal de Cuentas ha detectado importantes irregularidades en los contratos adjudicados por las entidades del sector público estatal durante el año 2008, con el Gobierno de Zapatero, con prácticas que vulneran los obligados principios de transparencia y concurrencia.
En su informe de fiscalización de la contratación celebrada en el ejercicio 2008 por las entidades del sector público estatal sometidas a la legislación de contratos de las administraciones públicas, el órgano fiscalizador del Estado detecta, en primer lugar, que los expedientes de contratación que legalmente han de ser remitidos al Tribunal de Cuentas "son numíéricamente inferiores a los que incluyen las relaciones de contratos y los que constan en el Registro de Contratos del Sector Público".
Vulneración de la ley de contratos
Pero, omisiones aparte, el Tribunal denuncia cómo el análisis global de los pliegos revela que se han realizado prórrogas del plazo de ejecución del contrato, sin precisar su límite temporal, "lo que vulnera los principios de concurrencia y transparencia e infringe lo dispuesto en el artículo 67.2 del Reglamento General de La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas".
Además, la concreción de los criterios objetivos de adjudicación "es insuficiente", destacando "su falta de precisión, tanto en su contenido como en las fórmulas o míétodos de valoración y ponderación".
Contratos de consultoría
De otro lado, los pliegos "valoran las ofertas económicas en función de la proximidad a la media aritmíética de las bajas, por lo que no obtienen mejor puntuación las ofertas más económicas, sino aquellas más cercanas a la media". Práctica que, para el Tribunal "resulta antieconómica y que distorsiona la puntuación global de las ofertas, y que pudiera resultar determinante en la adjudicación del contrato".
Respecto al cumplimiento de los requisitos formales de los expedientes de contratación, el informe del organismo que preside Manuel Núñez advierte de, entre otras, las siguientes omisiones y deficiencias:
La sustitución de los informes tíécnicos solicitados por el órgano de contratación previamente a la adjudicación por un cuadro resumen de puntuaciones. La carencia de documentos acreditativos de la publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial de la Unión Europea de la adjudicación de los contratos, en los casos que dicha publicidad resulta preceptiva.
La tramitación como contratos administrativos de consultoría y asistencia y de servicios, de expedientes que tienen carácter de contratos privados.
La improcedencia de la revisión de precios, sin que conste en el expediente una resolución motivada del órgano de contratación.
Y, respecto a las garantías, el Tribunal explica que se constituyen con posterioridad a la formalización del contrato, o bien se calculan sobre el importe de la adjudicación en lugar de sobre el presupuesto base de licitación.
Relevantes son, tambiíén, las denuncias de las incidencias durante las distintas fases de ejecución de los contratos, como la relativa a los expedientes de contratación de obras que "reflejan la excesiva frecuencia con que, en este tipo de contratos, se producen incidencias durante su ejecución que conllevan incrementos de costes y plazos".
