Joaquín Almunia tiene en su mano la posibilidad de frenar indirectamente la pretendida compra de Yoigo por Orange o Vodafone. La operación es similar a la que las autoridades comunitarias tienen que resolver antes de finales de año en Austria, donde la empresa de Hong Kong, Hutchinson Whampoa, ha llegado a un acuerdo para hacerse con el control de la licencia que precisamente posee Orange. El ministro de Industria, Josíé Manuel Soria, está muy pendiente de la decisión que adopte el comisario europeo de Competencia porque el Gobierno es bastante reacio a un proyecto que supondrá la desaparición de un operador clave para dinamizar el mercado de telefonía móvil en España.
La puesta en valor de Yoigo, la antigua Xfera promovida por ACS y que ahora controla el grupo nórdico TeliaSonera, se produce en un momento bastante inoportuno para los responsables de la política económica ,que están empeñados en desarrollar nueva competencia en mercados claves para la demanda y el consumo domíéstico. El secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, está ultimando un plan de apertura y desregulación orientado tambiíén a los sectores supuestamente liberalizados. El objetivo no es otro que aumentar la oferta para reducir los niveles de precios y completar verdaderamente esa llamada devaluación interna y silenciosa que, por lo visto hasta ahora, sólo se ha hecho efectiva con la caída de los salarios y del empleo.
TeliaSonera y ACS han decidido vender Yoigo justo cuando la compañía va a cambiar el signo de su cuenta de resultados para presentar los primeros números negros despuíés de una díécada de tribulaciones como cuarto jugador de un campeonato nacional que sólo juegan cuatro. Telefónica, Vodafone y Orange habían descremado el mercado cuando Florentino Píérez se hizo con una licencia UMTS en marzo de 2000. El proyecto estuvo hibernado durante casi cinco años, pero la constancia de sus promotores ha dado finalmente su fruto con un modelo de negocio low cost que ha sido recibido por los usuarios como un soplo de aire fresco en un momento de intensa crisis económica.
Yoigo cerrará este año con un ebitda positivo de 70 millones de euros en números redondos, pero las necesidades de ACS para hacer caja y las prisas de TeliaSonera por salir de España condicionan el futuro de una empresa que se ha convertido en claro objeto de deseo para los otros dos grandes operadores extranjeros que luchan contra Telefónica. Vodafone quiere poner buena cara al mal tiempo que atraviesan sus negocios en nuestro país consolidando su posición de challenger al trono incontestable que ocupa la compañía presidida por Cíésar Alierta. Para France Tíélíécom, a travíés de su marca Orange, la ocasión la pintan calva porque la antigua Xfera es lo que necesita para redondear su apuesta como segundo player desbancando a la propia Vodafone.
El pulso entre los dos colosos de la telefonía móvil puede doblegar, sin embargo, los esfuerzos que durante muchos años han caracterizado la política del Partido Popular. De hecho, fue un Gobierno de Aznar el que frustró la compra de Hidrocantábrico por Unión Fenosa bajo el argumento de que “cuatro operadores son siempre mejor que tresâ€. Tal aserto, no por viejo menos de actualidad, define perfectamente el nivel de preocupación que existe dentro del Ministerio de Industria.
La consolidación del mercado de telefonía móvil en España requeriría algún potencial comprador adicional, algo que tampoco se descarta a la vista de las propuestas que hasta ahora han llegado a Deutsche Bank, la entidad asesora contratada por TeliaSonera. Ni Vodafone ni Orange llegan a los 1.000 millones de euros que, en números redondos, solicitan los propietarios de Yoigo. Dicho precio se ajusta sobre la base de un capital de 236 millones de euros más unos críéditos participativos de 701 millones y responde tambiíén a un valor de mercado de 300 euros por cada uno de los 3,6 millones de clientes que ya ha alcanzado la compañía en España.
Los ofertantes tratan de aprovechar las urgencias de los vendedores para rebajar la cuantía de sus propuestas bajo el argumento de las restricciones regulatorias que exige la inversión. Es cierto que tanto Vodafone como Orange tendrían que ceder licencias y afrontar pagos por avales del Estado y acuerdos de roaming con Telefónica que han servido para impulsar el desarrollo de Yoigo. La cuestión ahora es si TeliaSonera y ACS están dispuestos a coger el dinero y salir corriendo, aun a costa de generar minusvalías en la venta. Lo que está claro es que a Industria la posibilidad de que un competidor pujante sea fagocitado por algún otro de sus rivales no le hace mucha gracia. Lo mejor para el Gobierno sería que Almunia pusiera la proa a los chinos de Hutchinson con unas condiciones tales que impidieran la operación en Austria y sirvieran para hacer lo mismo en España
