La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, propuso a la compañía española Repsol un preacuerdo de indemnización que rondaba los 1.500 millones de dólares más el 20% de Vaca Muerta para compensar la expropiación de YPF, ejecutada el mes de abril del año pasado. Las negociaciones se alargaron durante varios meses hasta expirar el 1 de marzo, sin que Repsol asumiese los tíérminos en los que estaba redactado el preacuerdo, según explican a El Confidencial fuentes del Gobierno argentino. Durante las últimas semanas de febrero, se multiplicaron los contactos internacionales para tratar de llegar a una solución, contactos que al final fueron inútiles.
Repsol envió el pasado viernes un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que negaba la existencia de negociaciones u oferta alguna “y sin que quepa atribuir ese carácter a los meros contactos que hayan podido tener lugar, oficiosos, exploratorios o a algún otro nivel diplomático o en el curso del procedimiento ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones)â€. En otras palabras, la empresa reconoce que ha habido contactos, aunque no negociaciones formales.
Las fuentes consultadas por este diario, no obstante, señalan que “ha habido reuniones y negociaciones, porque queremos llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partesâ€. Y detallan que tambiíén hubo intensos contactos con la Caixa, principal accionista de Repsol. Según el diario argentino La Nación, “el presidente de Caixabank, Isidro Fainíé, estuvo en la Casa Rosada (residencia oficial de Cristina Fernández) el pasado lunesâ€. El rotativo se refería al día 25 de febrero, aunque tambiíén detallaba que durante el pasado mes Fainíé visitó la capital argentina y mantuvo diversas reuniones. Otras informaciones fechan su visita a la Casa Rosada dos días antes, el 23.
La última semana de febrero, el diario ímbito Financiero recogía tambiíén la existencia de contactos, aunque destacaba el anuncio del presidente de Repsol, Antoni Brufau, sobre el inicio de acciones legales contra el Gobierno argentino en los tribunales de aquel país, en España, en Estados Unidos y en el organismo de arbitraje del Banco Mundial, es decir, el CIADI.
La ‘oferta’ de Argentina
El documento que Argentina puso sobre la mesa, según manifiestan a este diario las mencionadas fuentes, preveía la constitución de una joint venture para explotar los yacimientos de Vaca Muerta, de los que se pueden extraer tanto petróleo como gas. Esta sociedad conjunta estaría formada por YPF, la compañía expropiada a Repsol, y el Gobierno de aquel país. El Ejecutivo argentino se comprometía a ceder, como compensación, su paquete de acciones de la explotación a Repsol, lo que significaría alrededor del 20% del capital. La valoración de este paquete de acciones sobrepasaba los 3.500 millones de dólares. El 80% del capital restante quedaría en manos de la propia YPF.
Además, Argentina se comprometía a pagar a Repsol unos 500 millones de dólares en efectivo y otros 1.000 millones aproximadamente, aparte, en bonos soberanos de la República Argentina. En total, pues, alrededor de 1.500 millones de dólares.
En el preacuerdo que maneja el Gobierno argentino, se señala como condición necesaria que Repsol acepte la participación accionarial de ese 20% en la joint venture como única indemnización a percibir con motivo “de la expropiación del 51% de las acciones clase D de YPF SA y del 60% de acciones clase A de Repsol YPF Gas SA dispuesta por la ley número 26.741â€. Tambiíén señala, como segunda condición, que desista de todas las acciones y reclamaciones iniciadas contra la República Argentina y contra YPF.
Un acuerdo "inasumible"
Es decir, a cambio, Repsol asumiría su parte de acciones en la sociedad explotadora de los yacimientos petrolíferos del país sudamericano, pero debería renunciar a las acciones legales contra el Gobierno de Cristina Fernández. Estas condiciones son rechazadas de plano por el presidente de la petrolera, Antoni Brufau. Entre otras cosas, este no ve con buenos ojos una alianza en la que, paradójicamente, su accionista mayoritario es YPF, empresa que hace un año controlaba la propia Repsol, ya que tenía el 51% de las acciones antes de la expropiación. Además, el dinero que el Gobierno de Cristina Fernández le ofrece debe ser invertido íntegramente en Argentina, por lo que la compañía española no podría disponer del mismo.
Para Repsol es inasumible que, tras aportar todos los activos que le cede el Gobierno argentino a la sociedad conjunta, YPF mantenga el control operativo y societario de la nueva compañía explotadora. Además, en el acuerdo Argentina quería especificar que la empresa española tendría solamente "derechos usuales" de un accionista minoritario.
La situación es delicada para todos. Para Repsol porque, al menos momentáneamente, sigue sin disponer de un activo que era de su propiedad. Y para Argentina porque, con el pleito iniciado por la compañía española, necesita urgentemente financiación para poder explotar los yacimientos. Repsol ya ha anunciado que cualquier empresa que firme un contrato con el Gobierno de Cristina Fernández será denunciada ante tribunales internacionales, lo que ha frenado cualquier inversión en Vaca Muerta.
