La nueva ley de garantía de suministro y competencia en los sistemas elíéctricos insulares y extrapeninsulares ha desatado las hostilidades entre Endesa y el Gobierno. La declaración de guerra se ha asociado a las últimas manifestaciones del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, en las que denuncia el peso del Estado italiano en las decisiones de la que fuera primera compañía elíéctrica española. Sin embargo, antes de que el representante del Ejecutivo desahogase la pasada semana su preocupación en el Senado, las chispas ya habían saltado tras un encuentro cargado de tensión entre el propio Nadal y el presidente de Endesa, Borja Prado.
La filial española de Enel ha ‘pinchado en hueso’ en su intento de persuadir al nuevo secretario de Estado para que apacigí¼e el programa de regulaciones que va a modificar el marco estructural del mercado energíético en España. Antes de presentar en sociedad la reforma energíética, Alberto Nadal ha lanzado un primer aldabonazo como botón de muestra de lo que ha de ser la gran apuesta legislativa del Gobierno. El laboratorio de pruebas de esta estrategia se sustancia a partir de la nueva normativa que ahora mismo se tramita en el Parlamento con vistas a asegurar el suministro y fomentar la competencia en las islas Baleares y Canarias.
El denominado sistema extrapeninsular ha sido uno de los feudos tradicionales de Endesa desde los tiempos en que la compañía pública operaba bajo pabellón español dentro del perímetro de consolidación del antiguo Instituto Nacional de Industria (INI). Desde entonces han llovido chuzos de punta en el mercado energíético, incluyendo la histórica guerra de opas que se tradujo en la compra de la empresa española por su actual dueño estatal italiano.
El suministro elíéctrico a las islas genera un coste de 1.800 millones de euros y el Gobierno ha decidido abordar un programa de ajuste que además de reactivar proyectos que llevan años paralizados asegure un marco de competencia favorable para el desarrollo de futuras inversiones. A tal efecto, la normativa en ciernes establece en su artículo 1 una restricción básica en el ríégimen económico de primas establecido en dichos territorios por la Ley del Sector Elíéctrico de 1997.
A partir de ahora, las retribuciones “no se podrán otorgar a nuevas instalaciones de empresas o grupos de empresas que poseen más del 40% de la potencia de generación†dentro del sistema extrapeninsular. En definitiva, el Ministerio de Industria rompe de golpe y porrazo un modelo que ha facilitado el monopolio de Endesa, pero que en los tiempos de carestía y díéficit de tarifa no parece el más adecuado para asegurar la calidad del suministro elíéctrico en las islas.
La nueva ley implicará tambiíén el traspaso a Enagás de las dos plantas de regasificación planeadas en Tenerife y Las Palmas desde la íépoca de Manuel Pizarro como presidente de Endesa, además de la venta obligada a REE de los sistemas de bombeo elíéctrico en Canarias y Baleares. No es extraño que Borja Prado haya manifestado su reacción más airada al Gobierno; pero esto tampoco ha servido, de momento, para suavizar la posición del secretario de Estado que, como dicen en el sector, ha decidido 'meter el turbo' a la reconversión elíéctrica en España
