Los acreedores de Reyal Urbis, en concurso voluntario de acreedores con un agujero patrimonial de 1.724 millones de euros, tienen un mes a partir de hoy para comunicar sus críéditos a la administración concursal, integrada por representantes de la CNMV y de la Agencia Tributaria.
Según ha publicado hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha acordado que el deudor conserve las facultades de administración y de disposición de su patrimonio, pero sometidas a la intervención de la administración concursal. La comunicación de los críéditos deberá remitirse a la firma de auditoría BDO.
De acuerdo con el auto de declaración del concurso, la inmobiliaria arrastra un pasivo inicial de 4.345,4 millones y un activo de 2.621,3 millones, lo que arroja un díéficit patrimonial de 1.724 millones de euros. Además de la deuda financiera que tiene contraída la sociedad con las entidades financieras por 3.613 millones, la principal entidad acreedora de la inmobiliaria es la Sareb, con cerca de 700 millones de euros -de los que 650 millones corresponden a Bankia y a NCG. Según fuentes del sector, al margen de su pasivo financiero, la inmobiliaria debe además cerca de 368 millones a la Agencia Tributaria, mayoritariamente en concepto de IVA, y 215 millones al Instituto de Críédito Oficial (ICO).
Asimismo, se incluyen cerca de 140 millones en deudas con proveedores. El pasado 19 de febrero, y ante el rechazo de la banca a refinanciar su deuda, Reyal Urbis presentó el concurso de acreedores, pasando a protagonizar la segunda mayor insolvencia de la historia de España, solo superada por la de Martinsa-Fadesa, que alcanzó un acuerdo con sus acreedores para pagar sus 7.200 millones de deuda en un plazo de hasta 10 años. De acuerdo con la compañía, que hacía referencia a una tasación de Jones Lang Lasalle, el valor de sus activos a junio de 2012 era de 4.194 millones.
Sin embargo, otras fuentes señalaron a EFE que desde el pasado año el valor de sus activos era inferior a su deuda. Las mismas fuentes indicaron que los detonantes que llevaron a la compañía a solicitar el concurso fueron un embargo de 5 millones de las cuentas de Reyal Urbis para pagar deudas derivadas de pleitos y la última propuesta presentada a la banca para obtener 30 millones de euros de liquidez adicional con los que abonar impagos con los proveedores y con Hacienda.
