La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha reclamado este jueves que se les deje actuar de incógnito regulando un procedimiento de obtención de información sin necesidad de identificación previa por parte de la Inspección.
Este procedimiento, tal y como ha dicho el inspector de Hacienda Josíé María Peláez durante los XIII Encuentros Tributarios, sería "un medio eficaz" para luchar contra algunas conductas infractoras, como el ofrecimiento de productos o servicios destinados al fraude o la prestación de servicios sin IVA. En esos casos, según ha dicho Peláez, el defraudador tendría que preguntarse si el cliente es verdadero o no y si denunciará posteriormente la operación para salvar su responsabilidad.
Por otro lado, los inspectores han reclamado que la Agencia Tributaria disponga de fondos para pagar informaciones confidenciales de las que se derive el afloramiento o la recuperación de cuotas defraudadas, similar al que existe para el pago de operaciones relacionadas con la persecución del contrabando.
En concreto, proponen que se incluyan en dicha norma partidas confidenciales para las investigaciones de la Agencia que puedan dar como resultado la denuncia por delito fiscal. Esta medida, según ha dicho, ha sido utilizada con íéxito en EE.UU. o Alemania, que pagó a un informante de un banco de Leichtenstein.
Por otro lado, piden que se potencie la figura de la denuncia tributaria, introduciendo una modificación en la ley para que el denunciante participe en un porcentaje de la sanción que se imponga al denunciado. Peláez ha recordado que esta medida ya estuvo vigente en España hasta 1986 y que, entonces, el denunciante tenía derecho a participar en un porcentaje del 20% al 30% del importe de la sanción.
Asimismo, los inspectores apuestan por la obligatoriedad de obtener el NIF español cuando se opere en España y por no reconocer personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el tráfico mercantil español o a entidades cuyos titulares sean, directa o indirectamente, residentes en dichos territorios.
De la misma forma, piden que se implante la tasa sobre las transacciones financieras internacionales, la obligatoriedad de identificar a los clientes de filiales y sucursales de entidades españolas radicadas en paraísos fiscales, evitar la deslocalización internacional de empresas y operaciones, tipificar como infracción tributaria o delito el ofrecimiento de productos destinados al fraude y el establecimiento de la responsabilidad solidaria de los despachos y entidades bancarias que comercializan productos diseñados con tíécnicas de ingeniería fiscal.
A nivel internacional, los inspectores solicitan que el G-20 proclame la plena vigencia de su declaración de 2009 de que la era del secreto bancario ha terminado, que el Reino Unido reconsidere el acuerdo con Suiza que perpetúa el secreto bancario y que se acuerde exigir a los grupos multinacionales la rendición anual de un informe financiero por cada país en el que operan sus filiales.
Piden intercambios de información
Asimismo, reclaman que se generalicen los intercambios de información en base al modelo FATCA, que se obligue a los bancos a proporcionar información de la identidad de los clientes de sus filiales en paraísos fiscales, que se considere el intercambio automático de información como el estándar de transparencia necesario en los convenios con la OCDE, que se cree una lista internacional de paraísos fiscales y territorios no cooperantes y que se modifique la directiva sobre la fiscalidad del ahorro de la UE suprimiendo el ríégimen de excepcional retención y anonimato.
Según Peláez, si existen paraísos fiscales es porque los demás países y organismos internacionales lo permiten, ya que constituye "una autíéntica vergí¼enza" que en la Europa del siglo XXI existan países cuyo principal medio de subsistencia es ocultar el dinero procedente de todo tipo de actividades delictivas.
