Tal y como había sido desde el principio el deseo del Gobierno, finalmente habrá una sola oferta española por la construcción de la superestructura y la explotación del AVE de Brasil, uno de los proyectos más importantes a los que aspiran las empresas españolas en la actualidad, dada la parálisis de la obra civil nacional.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, vuelve hoy del país sudamericano con el compromiso de las empresas de presentarse al concurso en un único consorcio y no separadas en dos o más grupos, como se había especulado. Fomento había manifestado su intención de impulsar esa unión de intereses con el fin de repetir el íéxito del AVE a la Meca, el mayor contrato logrado por empresas españolas en el exterior hasta la fecha, valorado en unos 6.700 millones de euros.
La titular del principal departamento inversor del Ejecutivo tiene previsto anunciar en los próximos días la composición de dicho consorcio. Fuentes del Ejecutivo rehusaron dar más detalles, pero todo apunta a que el grupo estará integrado por la ingeniería pública Ineco, Indra, la operadora Renfe, Adif, empresas constructoras con amplia experiencia en esta clase de proyectos y la única duda se centra en conocer cómo habrá resuelto Fomento el contencioso protagonizado por Talgo y CAF.
Ambos constructores de material rodante habían expresado su interíés por el concurso, pero no habían conseguido ponerse de acuerdo para acudir a la licitación unidos. Talgo partía con la ventaja de su fuerte experiencia en alta velocidad, mientras CAF ha estado jugando la baza de producir en Brasil. Fuentes conocedoras de las negociaciones reconocieron que Fomento llegó a amenazar a ambos con retirarles su apoyo, algo que se antoja fundamental en un entorno muy complicado para obtener financiación.
Sin embargo, como finalmente el acuerdo ha sido posible, fuentes del Ejecutivo aseguran que la financiación del proyecto está asegurada, contará con capital público-privado y estará garantizada con avales del Estado, tal y como reclamaban las empresas.
Corredor de 511 kilómetros
Se trata de un proyecto muy importante del que durante el viaje realizado por la ministra de Fomento a Brasil se han podido cerrar sus especificidades con las autoridades brasileñas. La primera parte de la licitación, que se decidirá en septiembre, será por la fabricación de los trenes, la operación ferroviaria durante 40 años y la tecnología de señalización, seguridad y control electrónicos, la llamada superestructura. Esta parte del proyecto está valorada en unos 7.065 millones de reales o 2.800 millones de euros. Según los cálculos de la Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de Brasil, toda la obra requerirá una inversión total de 35.000 millones de reales (alrededor de 13.586 millones de euros).
El corredor tendrá una longitud de 511 kilómetros, unirá las dos mayores ciudades del país y tendrá un ramal a Campinas, urbe a 100 kilómetros de Sí£o Paulo. Despuíés, ya en febrero de 2014, está previsto que se firme el contrato con el consorcio que resulte adjudicatario.
El respaldo de Fomento era absolutamente indispensable a la vista de que alguno de los rivales, como es el caso del consorcio galo de Alstom, tiene el apoyo del operador público, en este caso SNCF.
El Gobierno brasileño espera la participación del consorcio español, del francíés, un grupo alemán con Siemens al frente, los japoneses encabezados por Mitsui, los canadienses con Bombardier, y un último consorcio surcoreano con Hyundai como referente. Tambiíén ha confirmado su puja la firma pública italiana Ferrovie dello Stato.
“España tiene una experiencia muy importante, especialmente en trenes de alta velocidad y de carga, así como en carreterasâ€, todas ellas áreas en las que Brasil tiene planeado ejecutar proyectos de gran envergadura, explicó el ministro brasileño de Transportes, Cíésar Borges.
Reparto en la sociedad de rescate de las autopistas
El Ministerio de Fomento ha emprendido una nueva ronda de reuniones con las constructoras para informarlas de la participación que corresponde a cada una de ellas en el capital de la sociedad que rescatará a la decena de autopistas de peaje en riesgo de quiebra, según informaron a Europa Press en fuentes del sector. El Departamento que dirige Ana Pastor reserva a las empresas un máximo del 20% del capital de la nueva sociedad pública de autopistas. El 80% restante estará en manos del Estado a travíés de Seittsa, una sociedad de Fomento.
Su porcentaje es el que resulta de capitalizar (convertir en acciones) ayudas por 473 millones que el Ministerio ha dado al sector. En cuanto a la participación reservada a las empresas, tiene un valor de 121,71 millones de euros, dado que la sociedad de autopistas se valorará en 608 millones, según las estimaciones que un experto externo e independiente (Ernst & Young) ha realizado para el departamento que dirige Ana Pastor. La constitución de esta empresa pública de autopistas es la solución en la que el Ministerio trabaja actualmente para solventar el problema de riesgo de quiebra que afrontan un grupo de autopistas por la caída de los tráficos y el sobrecoste de las expropiaciones.
En virtud del modelo, Fomento dará una participación en esta empresa pública a las empresas a cambio de que aporten a la misma las autopistas que explotan. El objetivo final es reestablecer el equilibrio económico y financiero de las vías para que vuelvan a manos privadas. Con todo, Fomento busca evitar que la quiebra de las autopista obligue al Estado a atender la responsabilidad patrimonial que tiene con estas infraestructuras, con el consiguiente efecto en las cuentas públicas.
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