La dirección de la Agencia Tributaria (AEAT) destituyó la semana pasada de forma "fulminante" a una inspectora de Hacienda de la oficina tíécnica de grandes contribuyentes, tras rechazar un recurso de reposición presentado por la multinacional cementera Cemex contra una sanción multimillonaria. Como consecuencia del relevo de esta inspectora dimitió el jefe de dependencia de grandes contribuyentes. Fuentes del organismo público estatal no descartan que se produzcan nuevas dimisiones. El movimiento ha generado un gran revuelo en la Agencia Tributaria.
Tanto el organismo público encargado de la gestión de impuestos como el Ministerio de Hacienda achacan el relevo de esta inspectora, que ocupaba un cargo de libre designación, a la reestructuración en la Agencia Tributaria tras la llegada del nuevo director general, Santiago Meníéndez, que lleva cuatro meses en el cargo.
Otras fuentes vinculan directamente la destitución con el expediente fiscal de Cemex. El gigante cementero tiene abierto un acta de inspección desde el 7 de julio de 2011 en todos los impuestos que le son aplicables entre 2006 y 2009, según explica la propia empresa en sus cuentas anuales. La sociedad contabilizó una provisión de siete millones de euros al cierre del ejercicio pasado por la inspección en el IRPF y el IVA, en el que se incluyen los intereses de demora y las posibles sanciones.
La multinacional con filiales por todo el mundo acumula, además, unos críéditos fiscales por bases imponibles negativas en el impuesto de sociedades de 7.410 millones de euros. Otras fuentes señalan que el motivo del cese podría estar en que la inspección había dejado pasar por trámites defectuosos actas de 2.000 a 3.000 millones de euros relacionadas con estos beneficios tributarios. Precisamente el tratamiento de estos críéditos fiscales serían el objeto del revuelo levantado en la Agencia, según varias fuentes de la propia AEAT.
La empresa rehusó ayer hacer comentarios sobre su situación fiscal y alegó que desconoce el origen del conflicto interno en el organismo estatal. Al final la sociedad ha terminado pagando a Hacienda lo que le correspondía, según fuentes de la inspección.
Cemex facturó el año pasado 8.794 millones de euros y presentó unas píérdidas de 1.262 millones de euros. Solo los gastos financieros ascendieron a 656 millones de euros. La empresa de capital mexicano centraliza en la matriz radicada en España sus operaciones con las filiales repartidas por todo el mundo.
El revuelo provocado en la Agencia Tributaria tras el descabezamiento de la oficina de grandes contribuyentes provocó la reacción de la organización profesional de Inspectores de Hacienda (IHE), la asociación mayoritaria en el sector, que defendieron a su compañera. La organización remitió el martes un comunicado interno a sus socios, en el que señalaba que "la causa del cese parece radicar en la firma de un acuerdo, mediante el que se resolvía un recurso de reposición contra una sanción tributaria derivada de un acta de disconformidad, el cual se produce en contra de las instrucciones dadas por la delegación central de grandes contribuyentes". En la nota interna, avanzada por Expansión, de los inspectores se explica que "la desestimación del recurso de reposición se fundamentó en que el obligado tributario no alegó ninguna cuestión que no hubiera sido alegada previamente durante la tramitación del expediente recurrido".
Tras el cese de la inspectora la semana pasada se produjo una reunión de urgencia entre el delegado central de grandes contribuyentes y un buen número de inspectores de Hacienda. El directivo admitió, según tres fuentes de la organización, que había dado orden de paralizar el recurso presentado por la empresa contra la sanción incluida en el acta fiscal. El sentimiento en el seno de la Inspección de Hacienda es que ha podido haber alguna orden política para no perjudicar en exceso a una empresa que anunció hace un par de meses que convertirá a España en su centro de exportación en Europa.
El PSOE presentará una iniciativa parlamentaria para pedir explicaciones al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por la destitución. "Nos preocupa la intromisión política en la Agencia Tributaria", señaló ayer el diputado socialista Pedro Saura, que recuerda que se han producido más de 300 relevos de cargos de libre designación en los dos años que lleva el PP en el Gobierno.
