Dentro de un año, el 4 de noviembre de 2014, la supervisión única europea será una realidad. No habrá más retrasos, insistió el presidente del BCE, Mario Draghi, a un extenso grupo de banqueros europeos el pasado 18 de noviembre. El análisis de las carteras que realizará en los próximos meses el Banco Central Europeo (BCE) y, un poco más tarde, los test de estríés perseguirán ya esta homogeneización, reconocen fuentes financieras.
El BCE ha enviado en estos días a todos los bancos centrales nacionales, y estos a su vez a las diferentes entidades financieras, “unas plantillasâ€, según definición del sector, en las que se reclama una serie de información sobre los balances de los bancos.
Estas plantillas deberán remitirse al BCE entre los días 13 y 14 de diciembre, aunque la fecha puede variar ligeramente. Estos documentos serán el prolegómeno a la armonización primero de los análisis de las carteras de activos (asset quality review) de los bancos y más tarde de los test de estríés.
Esta información preliminar ya incluye por primera vez la posibilidad de que los bancos expliquen las peculiaridades de los datos que presenta en función de la normativa de su país de origen. “Es como la letra pequeña de un contrato, hay que leíérsela porque es muy importante y contiene mucha información relevanteâ€, declara un director general de un banco.
Esta iniciativa favorece a las entidades españolas, coinciden varias fuentes. Aseguran que así se diferenciará claramente las mayores exigencias regulatorias que exige, en general, el Banco de España, frente a sus homólogos europeos.
Los bancos españoles llevan tiempo pidiendo una igualdad normativa para Europa, reclamación que se ha intensificado en las últimas semanas. El lobby español tiene ahora como reto que el BCE imponga los mismos criterios en la asset quality review, lo mismo que un poco más tarde haga tambiíén la Autoridad Bancaria Europea (ABE) en los test de estríés. Y parece que lo han conseguido, según las declaraciones del vicepresidente del BCE, Vítor Constí¢ncio.
Una de las principales reclamaciones del sector es la aprobación de los críéditos fiscales para que computen como capital, algo que, según explican fuentes gubernamentales se producirá el próximo viernes. En juego están unos 50.000 millones de euros, aunque al final el Ejecutivo permitirá que los bancos puedan apuntarse algo más de 30.000 millones, según las mismas fuentes.
Fuentes bancarias, de hecho, fijan el apunte de capital de máxima calidad por esta vía en unos 35.000 millones de euros.
Tras un largo tira y afloja las entidades financieras han logrado que no solo computen como capital las provisiones, las bases imponibles negativas o los activos adjudicados, sino tambiíén las contribuciones a planes de pensiones de los empleados que aporta la banca u otras empresas hasta que estos se jubilan y comienzan a cobrar de la Seguridad Social.
Esta era una reivindicación, sobre todo de Banco Santander, que tras ser rechazada a finales de julio, finalmente se incluirá en la norma, según fuentes del Gobierno.
La norma que entrará en vigor en enero de 2014, a la vez que Basilea III, tendrá carácter general, por lo que tambiíén beneficiará a otras empresas, pero en mucho menor medida que a la banca. Telefónica y Endesa, de hecho, serán tambiíén beneficiadas por esta nueva regulación al contar con elevadas aportaciones para cubrir los planes de pensiones de su plantilla.
Además de estas firmas, Bankia y Banco Sabadell tambiíén serán de las entidades más favorecidas por el real decreto ley que aprobará en el Consejo de Ministros el viernes y que podría publicarse en el BOE al día siguiente.
La banca española se sentía hasta ahora “comparativamente discriminada†con el resto de los países de la OCDE, con entidades que compiten con las españolas y cuentan con normas que les permiten transformar las bases imponibles en píérdidas en críéditos fiscales. Este es el caso de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Gran Bretaña, Irlanda, Holanda, Francia, Italia o Japón.
Tambiíén reclaman la homogeneización de los criterios de los activos ponderados por riesgos (APR) o, lo que es lo mismo, las necesidades de capital para cubrir el mismo riesgo, que en España son más exigentes. Los criterios para provisionar un moroso tambiíén son duros en España. Y además, están las provisiones subestándar, inexistentes en el resto de Europa.
Las entidades españolas tenían más deuda en 1986
Una de las principales preocupaciones de la banca europea en general, y de la española en particular, es que la deuda soberana pueda penalizar en los próximos test de estríés, al someterla a una quita, como ya ocurrió en el examen anterior. Aunque Draghi no fijará hasta enero los criterios de los test de estríés, una vez que haya recibido y analizado los informes y explicaciones remitidos en diciembre por los 130 bancos de la eurozona, la idea que ha transmitido ya a las entidades Yves Mersch, miembro luxemburguíés del comitíé ejecutivo del BCE, es que en el análisis de los activos de los bancos, la deuda soberana seguirá considerándose como “sin riesgoâ€.
En los test de estríés, sin embargo, “sufrirán una presiónâ€. Esta presión no se aplicará con una quita o haircut,sino que se estresarán los tipos de interíés de la deuda según diferentes escenarios. “El BCE no pretende aplicar quitas en la deuda, entre otras razones porque los inversores no quieren hablar de haircut para los bonosâ€. Estas medidas, según varias fuentes consultadas, provocarían un efecto contrario al que se pretende, ya que elevarían la volatilidad de este activo directamente vinculado a la economía de un país. El peso de la deuda soberana en el balance de los bancos estrictamente domíésticos –en el que se incluyen BBVA y Santander solo en España– se elevaba en agosto (último dato disponible) al 14,9% del total de sus activos, porcentaje que ascendía al 31,7% si se toma como referencia el críédito al sector privado.
Aunque altos, estos porcentajes están muy alejados aún de los registrados en 1986, año en el que se alcanzó el 50,8% sobre el críédito y del 19,6% del peso sobre los activos. En 2006 la deuda de la banca sobre sus activos se situó en el 5,4%, y sobre el críédito, en el 8,9%.
