Titubante, serio, impreciso, con el gesto cansado se presentó ayer por la tarde Manuel Manrique para dar su versión del conflicto internacional que Sacyr ha provocado por la suspensión de las obras del Canal del Panamá. El presidente de la compañía española expresó su voluntad de llegar a un acuerdo para acabar los trabajos, pero de momento ha enviado al paro a 7.000 de los 9.000 obreros.
“Es cierto que se han parado algunos tajosâ€, fue la ambigua respuesta de Manrique a las numerosas preguntas formuladas en la primera rueda de prensa desde que el 1 de enero el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) advirtió de que paralizará la ampliación del paso que une el Pacífico y el Atlántico. Así hará si la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no le reconoce unos sobrecostes de 1.600 millones de dólares, 1.200 millones de euros, tal y como avanzó El Confidencial en exclusiva.
Fueron 50 minutos en los que el presidente de Sacyr hizo un ejercicio de voluntarismo para expresar su deseo de alcanzar un acuerdo con la ACP y acabar las obras porque es “el único escenario que contemploâ€. Pero a la hora de poner la mano en el fuego se tentó la ropa. “Tengo esperanza y certidumbre. Certidumbre noâ€, se corrigió íél mismo al analizar las consecuencias de tal aseveración.
Tras veinte minutos de exposición, con vacilaciones continuas, se pasó la mano por la frente para secarse el sudor antes de dar paso a las preguntas mientras gran parte de la cúpula directiva de Sacyr asistía a la comparecencia en la parte trasera de una abarrotada sala. Pese a la insistencia, en ningún caso concretó en quíé situación están las conversaciones, cuánto capital se necesita para continuar con el proyecto y si el consorcio perderá dinero.
Manrique quiso dejar claro en su presentación que la oferta con la que Sacyr e Impregilo ganaron la obra “no fue temeraria†y que los sobrecostes de 1.600 millones de dólares –un 50’% de desviación– que reclama se deben a imprevistos que no se podían calcular. “Hay un problema de desfase entre las resoluciones del DAB –el órgano que evalúa las peticiones de las constructoras– y las necesidades de cash para continuar con las obrasâ€. Al principio, con la aportación de la ACP -180 millones– y del GUPC –280 millones– era suficiente, pero ahora “ya no se puede seguirâ€, fue lo único que especificó.
Pese a su dosis de optimismo y deseo de que antes del próximo día 20 se alcance un punto de acuerdo, el presidente de Sacyr reconoció que no había retirado el preaviso de suspensión de las obras y que parte de los trabajos ya se habían parado. Según distintas fuentes, unos 7.000 de los 9.000 empleados que trabajan en la tercera esclusa del Canal han sido mandados a casa. Apenas quedan en el tajo unas 2.000 personas, según estas fuentes.
Esta medida contrasta con los elogios que Manrique dedicó al pueblo panameño y a los Gobiernos de España y del país latinoamericano. “El Canal es un orgullo para la ingeniería española, que es una de las mejores tarjetas de presentación de España en el extranjero. Lo que está pasando no es ningún desprestigióâ€, señaló el primer ejecutivo del grupo constructor para defenderse de las acusaciones del golpe que supondrá para la Marca España el conflicto internacional provocado por el órdago a Panamá.
Las culpas a KPMG
El presidente de Sacyr, que hoy mismo vuelve al país centroamericano, tiró balones fuera cuando se le cuestionó por la contabilidad del GUPC y sus efectos en las cuentas de Sacyr, que se ha anotado como ingresos casi 700 millones de dólares que hasta el momento no dejan de ser reclamaciones rechazadas por la ACP. “Hicimos lo que nos dijo KPMG, que es quien audita el consorcio. Sólo pusimos lo que nos dijeronâ€, expuso dejando en el aire la cuestión de si la terminación de las obras se saldará con píérdidas o con beneficios.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) le ha hecho dos peticiones extraordinarias de información por estos desajustes, que pueden tener implicaciones importantes en la salud financiera de Sacyr. Sin embargo, Manrique considera que la empresa es "solvente" y que no necesita ninguna ampliación de capital.
Según los últimos datos disponibles, el proyecto acumula unos números rojos de 320 millones de euros, unas cifras que pueden ser peores si se tienen que reformular en el caso de que no se atiendan las desviaciones presupuestarias. Por si fuera poco, el GUPC tiene una deuda bancaria con Banesco y HSBC de casi 120 millones de dólares.
