El consejo de administración de Repsol acordó en su reunión de ayer una adaptación de sus estatutos para reforzar la naturaleza y el carácter integrado de los negocios de la empresa y evitar cualquier tentación que pueda favorecer la separación de actividades en beneficio de intereses ajenos a la petrolera. La decisión se ampara en razones estratíégicas dentro del mercado global y tiene por objeto disuadir a Pemex de su pretendida intención de controlar directamente las operaciones de exploración y producción de la compañía que preside Antonio Brufau.
La multinacional mexicana, socio de referencia con un 9,4% de Repsol, ha mostrado al Gobierno de Mariano Rajoy su deseo de participar más activamente en la gestión de la empresa española, sobre todo a raíz de la mediación interesada que efectuó ante el ministro de Industria, Josíé Manuel Soria, para que España y Argentina cerrasen un principio de acuerdo sobre el conflicto político generado a raíz de la expropiación de YPF. El pacto de noviembre pasado se ha convertido en un trampolín para las ambiciones de Pemex en nuestro país, cuyo declarado objeto de deseo es la toma de poder en Repsol.
La petrolera controlada por el Estado mexicano se ha servido de los buenos oficios del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para estrechar los cauces de negociación con el Gobierno español en una operación de abordaje que teóricamente se justifica dentro del marco de liberalización energíética en el país centroamericano. Al cambio, la solución que propone Pemex se traduce en una bifurcación de la dirección interna de Repsol, de modo que las llamadas actividades de upstream, equivalentes a la exploración y producción petrolífera, pasarían a integrarse en la órbita ejecutiva de la compañía mexicana.
El desarrollo operativo de Repsol que persigue Pemex se haría efectivo mediante una reestructuración del organigrama de dirección de la empresa española, en virtud de la cual se doblarían los cargos de consejero delegado creando dos primeros ejecutivos junto a un presidente de carácter institucional. Uno de los consejeros delegados lo nombraría la compañía mexicana y el otro sería responsabilidad de los socios españoles.
Respaldo de La Caixa
El dibujo diseñado por Pemex está calcado en el pacto de accionistas que establecieron los antiguos responsables de la empresa mexicana con el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, en el verano de 2011. Ambas partes empezaron a definir entonces un acuerdo para trocear la petrolera española y facilitar la venta de los negocios de upstream. Repsol pasaría así a configurarse como una compañía exclusivamente orientada a las actividades de lo que se conoce como downstream con el refino y las estaciones de servicio.
El proyecto negociado con Sacyr no tardó en demostrarse simple fuego de artificio y quedó en agua de borrajas tras la caída en desgracia de Luis del Rivero. Sin embargo, Pemex, ahora al mando de Emilio Lozoya, ha vuelto a las andadas saboreando la posibilidad de recuperar el tiempo perdido si consigue el respaldo de un acuerdo institucional que, en cualquier caso, exige la complicidad necesaria del Gobierno español. De ahí la trascendencia que dentro de la multinacional mexicana se quiere otorgar a la visita que Peña Nieto realizará esta próxima primavera a nuestro país.
El máximo órgano de gobierno de Repsol ha entendido que quien evita la tentación evita el peligro y de ahí la decisión adoptada a instancias de Brufau con el respaldo de Isidro Fainíé y Juan María Nin como consejeros representantes de La Caixa. El blindaje de la petrolera española como sociedad cohesionada en toda la estructura operativa del mercado petrolífero no excluye en ningún caso la colaboración con Pemex si la empresa mexicana sigue interesada en buscar partners que contribuyan al desarrollo energíético de su país. De ahí que la decisión fue finalmente adoptada por unanimidad del consejo.
Negociaciones con Argentina
Los responsables de Repsol analizaron tambiíén la evolución de las negociaciones mantenidas estos pasados días en Buenos Aires por una delegación de la compañía con los representantes del Gobierno argentino. El director general de Negocios, Nemesio Fernández Cuesta, dio cuenta de los avances alcanzados para cerrar las garantías jurídicas y financieras que aseguren el cobro de los 5.000 millones de dólares pactados como justiprecio por la expropiación de YPF.
El desplome del peso argentino ha facilitado un clima más favorable entre los negociadores, pero al mismo tiempo dificulta las expectativas de cobro a poco que la situación de Argentina empeore en los próximos años. Hay que tener en cuenta que los pagos tienen carácter diferido y Repsol necesita blindar el cobro por el bien de la empresa y tambiíén de sus consejeros.
