La acción protectora del Estado no cede. Al contrario. Crece y crece en un contexto económico muy difícil para millones de familias. Hasta el extremo de que, en estos momentos, casi el 30% de los residentes en España –incluidas todas las edades y nacionalidades– recibe algún tipo de ayuda o prestación a cargo del Estado, ya sea por haber cotizado (sistema contributivo) o por razones asistenciales.
En concreto, 13,79 millones de personas tienen su principal fuente de ingresos en el sector público, lo que representa el 29,2% de los habitantes a 31 de diciembre de 2013.
El porcentaje, sin embargo, es todavía más significativo si se tienen en cuenta los distintos territorios [ver gráfico]. Mientras que en algunos como Asturias o Galicia el número de españoles que vive de una prestación económica de carácter público –que asciende como media a 771 euros mensuales– sobrepasa el 35%, en otros, como la Comunidad de Madrid, apenas supera el 23%. Pero es que en algunas provincias como Lugo u Ourense el porcentaje es mayor del 40%. O lo que es lo mismo, cuatro de cada diez de sus residentes viven de rentas del Estado.
Para hacerse una idea de lo que significan los casi 14 millones de inactivos que cobran alguna prestación, hay que tener en cuenta que el número de cotizantes a la Seguridad Social (y que, por lo tanto, son los que mantienen el sistema) asciende a 16,21 millones. Esto significa, ni más ni menos, que sólo hay un 17% más de ocupados que personas que perciben una ayuda pública.
El bajo nivel de actividad en España explica esa proporción, toda vez que la extensión del Estado de bienestar en España es inferior a la media de la Unión Europea. No es que se paguen más pensiones o rentas públicas, sino que el número de cotizantes es menor.
El mapa de las ayudas
¿Y quiíénes son los destinatarios de esas prestaciones? Pues según los datos más recientes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Estado abona cada mes algo más de 9 millones de pensiones de carácter contributivo (despuíés de haber cotizado); 447.153 de ellas son no contributivas (las gestionan las comunidades autónomas); 15.305 pensiones son las denominadas Lismi (de carácter asistencial ya en extinción); 6.295 son asistenciales a cargo de la Administración central y 2,74 millones tienen que ver con prestaciones por desempleo, de las cuales más de la mitad son de carácter asistencial (tras haberse agotado el periodo contributivo).
En total, casi 14 millones de prestaciones con un coste mensual equivalente a algo más de 10.640 millones de euros, el 1% del producto interior bruto (PIB). Lo relevante, igualmente, es su evolución, toda vez que el colectivo más importante (el de las pensiones) crece a un ritmo anual del 1,64%, por encima de la velocidad que se registraba en el trienio anterior. Es decir, que pese a las sucesivas reformas del sistema público de protección social, el número de pensiones sigue creciendo de forma importante, y un 3,47% si lo que se tiene en cuenta es su importe.
Entre todas las provincias españolas, destaca el caso de Lugo, donde nada menos que el 42,61% de la población vive de alguna prestación pública. Pero tambiíén el de Ourense, donde el 41,84% de sus habitantes se encuentra en la misma situación. Otro caso singular es el de Asturias, que despuíés de un duro proceso de reconversión industrial en los años 80 y 90 aún se enfrenta a una realidad complicada.
El 5% de sus residentes cobra el desempleo, y el 36% percibe algún subsidio del Estado, ya sea contributivo o asistencial. Aunque tambiíén es destacable el caso de Andalucía, donde el porcentaje de su población que percibe un subsidio de desempleo alcanza el 7,73%. Alrededor de dos terceras partes de esas prestaciones son de carácter asistencial. En provincias como Córdoba, nada menos que nueve de cada cien habitantes cobra el paro, un nivel ligeramente superior al de Sevilla.
Estos datos confirman, en todo caso, el importante papel que están cumpliendo en la crisis las prestaciones sociales, no sólo por su cuantía, (más de 120.000 millones de euros al año sin contar las pagas extraordinarias), sino tambiíén por el hecho de que se trata de rentas estables que no dependen de circunstancias de mercado. Algunos informes, de hecho, han puesto de relieve que la cohesión social se ha mantenido en España (con un 26% de paro) gracias a las pensiones, ya sean asistenciales o contributivas.
Y es que la crisis económica está produciendo intensos cambios en la estructura económica del país. Y tambiíén afecta, de forma relevante, a la relación entre salarios y pensiones, la clave de bóveda del sistema público de protección social. Lo que dicen las últimas cifras oficiales es que, prácticamente, la cuarta parte de los pensionistas españoles –en concreto, el 23,26%–, tiene ya unos ingresos superiores al tramo salarial más frecuente entre los trabajadores en activo. Eso explicaría en buena medida el mantenimiento de la cohesión social.
