El contrato que se adjudicó OHL en abril de 2005 para la construcción en la línea del AVE a Barcelona de una plataforma en el tramo Hospitalet-La Torrasa está bajo la lupa del Tribunal de Cuentas. La Sección de Enjuiciamiento ha abierto diligencias para esclarecer la razón por la que el importe de las obras se disparó a 354,7 millones, un 230 por ciento más respecto al importe de la adjudicación. Un portavoz del Tribunal confirmó ayer a elEconomista que "se ha solicitado ya información tanto a Adif (el gestor ferroviario, que realizó la adjudicación) como al contratista", en referencia a la constructora que preside Juan Miguel Villar Mir.
Las diligencias se han abierto tras un primer informe en el que se resalta que la ejecución del contrato estuvo salpicada de múltiples incidencias. En total, hubo once prórrogas, cuatro revisiones de precios y cinco expedientes de obras de emergencias, teniíéndose además que elaborar un contrato modificado y elaborar un proyecto complementario, lo que elevó el plazo de ejecución de las obras a 58,5 meses, casi el triple de los 20 meses previstos y firmados en un principio.
Tan sólo el importe que se pagó al final del contrato principal fue de 247,7 millones, lo que supone más del doble de los 122,1 millones en los que se sacó a concurso y un 130 por ciento por encima del importe final de la adjudicación, que se hizo por 107,6 millones. Pero es que a esos 247,7 hay que sumar además otros 107 millones adicionales por las distintas obras de emergencia que hubo que llevar a cabo.
En su informe de fiscalización sobre los contratos del AVE, el Tribunal recuerda que OHL presentó una primera propuesta para modificar el contrato en junio de 2006, apenas un año despuíés de su adjudicación. La constructora lo justificó entonces "por cuestiones tíécnicas y peticiones de terceros", pero según el Tribunal, eso "implicaba unas modificaciones significativas respecto del proyecto adjudicado con elevada repercursión tíécnica y económica, elevando el precio del contrato en 20,4 millones (el 19 por ciento) y el plazo de ejecución en cuatro meses".
El 29 de septiembre de 2006 Adif autorizó la redacción del proyecto modificado y el 3 de noviembre, la ministra de Fomento, Magdalena ílvarez, la continuación provisional. Tan sólo una par de meses despuíés, el 15 de enero de 2007 Adif acordó la primera declaración de emergencia de las obras, que incluía un túnel por debajo de otro en L'Hospitalet de Llobregat de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC).
Los trabajos que estaba llevando a cabo OHL habían provocado un desplazamiento de las pantallas del túnel del ferrocarril de cercanías, dejándolo en una situación de inestabilidad que obligó a restringir el tráfico ferroviario. Y parecido ocurrió poco más tarde, con la segunda declaración de obras de emergencia tras detectarse unas juntas abiertas entre las pantallas del túnel del AVE, que provocaron la entrada de agua, con el consiguiente arrastre del terreno, que generó hundimientos en la superficie y que obligó tambiíén a suspender el tráfico ferroviario de las líneas de cercanías.
Mediciones erróneas
El Tribunal de Cuentas cuestiona ahora algunos de los importes que se pagaron y resalta, además, que la modificación del contrato para recoger las obras realmente ejecutadas se hizo "con posterioridad a la finalización" de las mismas y sin dar cuenta al Consejo de Ministros en el plazo máximo de 60 días que establece la ley. De hecho, la ministra Magdalena ílvarez no informó al resto del Gobierno hasta el 25 de abril de 2008, cuando el AVE ya estaba en funcionamiento y se habían celebrado mes y medio antes las elecciones generales.
Pero no es sólo el Tribunal de Cuentas el que cuestiona los contratos e importes pagados. Tal y como informó ayer elEconomista, la Inspección del Ministerio de Fomento emitió ya un informe en mayo de 2008 en el que puso de manifiesto que "el criterio utilizado para medir determinadas unidades de obras ejecutadas no era el adecuado, y que si se hubiera aplicado el criterio contemplado en el proyecto, las mediciones hubieran resultado notablemente inferiores".
elEconomista se puso ayer en contacto con la constructora que dirige Juan Miguel Villar Mir para conocer su versión, sin que al cierre de esta edición hubieran respondido a dicha petición.
