Por... Martha Andríés
Comisiones unidas del Senado mexicano comenzarán la discusión del cuarto y último proyecto de dictamen sobre las legislaciones secundarias de la políémica reforma energíética.
Por medio del documento a debatir se expide la Ley de Organos Reguladores Coordinados en Materia Energíética y se modifican diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Este conjunto de normativas complementarias, que reglamentarán la reforma constitucional del sector aprobada en 2013, tambiíén contiene la propuesta sobre la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
La víspera, las comisiones unidas de Energía y Estudios Legislativos Primera analizaron el tercer paquete, integrado por las pautas para el funcionamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad como empresas productivas del Estado.
De acuerdo con la ruta crítica planteada por el senador David Penchyna, la discusión en lo general y lo particular del último dictamen deberá concluir en un tiempo breve.
Con ello se podrían someter a votación los cuatro paquetes durante la próxima semana, para que luego la Comisión Permanente del Congreso convoque a un periodo extraordinario de sesiones y el debate pase al pleno.
Ese proceso podría llevar algunos días, tal vez semanas, pero lo importante es que ya no se detenga, agregó sobre las medidas que debían haber quedado aprobadas antes del 30 de abril último, cuando concluyó la etapa ordinaria de labores parlamentarias.
Las leyes de energía y la reforma constitucional en la materia cuentan con el apoyo de fuerzas como el gobernante Partido Revolucionario Institucional y el conservador Partido Acción Nacional, pero tienen el rechazo de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo, ambos de izquierda.
Con esas legislaciones, por primera vez desde la nacionalización de 1938, se abre la posibilidad de que el capital privado participe en la industria de los hidrocarburos de Míéxico.
De acuerdo con las formaciones que lo respaldan, la iniciativa es fundamental para el desarrollo del país ante la disminución en la productividad de Pemex, y traerá beneficios para los ciudadanos.
Pero los partidos que se oponen la consideran una entrega de los recursos nacionales a manos foráneas y, en el caso del PRD, promueve la realización de una consulta popular para revertirla.
