Por... Martin Hacthoun
El Fondo de Inversión Fintech Advisory afirmó su disposición a cobrar aquí en vez de Nueva York los bonos de la deuda argentina como propone el anteproyecto de Ley de Pago Soberano, reporta el diario Página 12.
En declaraciones a esa publicación, David Martínez Guzmán, jefe ejecutivo de Fintech uno de los principales acreedores de Argentina, consideró que canjear los bonos bajo jurisdicción nacional "aísla al juez Thomas Griesa y a los fondos buitre, y se puede reanudar la cadena de pagos por ellos interrumpida en forma arbitraria".
Para el ejecutivo, el magistrado Griesa "nada podría hacer ante una emisión de deuda interna en la Argentina, para la cual no hay obstáculos de mercado".
Precisamente, ante esa realidad el juez neoyorquino actuando a favor de los fondos buitre ya rechazó el proyecto, tildándolo de ilegal e inválido.
El titular de Fintech, al que Argentina adeuda unos mil millones de dólares, vaticinó que la iniciativa del Ejecutivo de pago soberano en el Banco Central de la República alcanzará un amplio consenso entre los bonistas que se sumaron a la reestructuración de la deuda de 2005 y 2010.
La propuesta pasará el próximo miíércoles al análisis de comisiones del Senado, donde el oficialismo espera conseguir dictamen favorable, para librar igual batalla legislativa en la Cámara de Diputados, frente a la resistencia de una mayoría de la oposición política.
Martínez Guzmán consideró además que el proyecto de ley de pago soberano local es la forma correcta que tiene el país para "recuperar la capacidad de conducción de sus negocios" y "reconstruir la cadena de pagos de los bonos reestructurados".
Hay muchos inversores -señaló- dispuestos a hacer negocios bajo la ley local porque es indudable la solvencia de Argentina y la voluntad de pago de su gobierno.
En este sentido, recordó la velocidad con que el mercado absorbió los bonos emitidos para pagarle la indemnización a la petrolera española Repsol luego de su nacionalización por el Gobierno.
La propuesta del Ejecutivo ratifica la política de garantizar los pagos e inmuniza al país de los efectos de la aplicación de la llamada cláusula RUFO, que podría incrementar la deuda hasta 500 mil millones de dólares, equivalentes al Producto Interno Bruto anual del país.
La idea es desestimular los pedidos de aceleración en el pago que pudieran generar los tenedores de bonos reestructurados bajo la presión de los fondos buitre con el amparo del Poder Judicial norteamericano.
