El Ministerio de Empleo se reúne este miíércoles con los sindicatos para estudiar cómo dar marcha atrás al cambio de criterio de la Seguridad Social, que restringe las condiciones para acceder a la jubilación anticipada de 35.000 despedidos a los 61 años.
El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, explicó este martes que el objetivo del encuentro es pactar una solución al problema generado por una decisión "administrativa" de la dirección general de ordenación. En concreto, la orden de 13 de junio que obliga a dar de alta a los trabajadores de más edad que, tras ser despedidos individualmente antes de la última reforma de las pensiones —abril de 2013—, firmaron un convenio con la Seguridad Social para poder seguir jubilándose a los 61 sin una excesiva merma de la pensión.
El problema es que el alta en la Seguridad Social les impide acogerse a las excepciones previstas en la reforma y, por tanto, les fuerza a someterse a la legislación actual sobre jubilaciones anticipadas. Con ello, y pese a haber cubierto el mínimo de cotización, se ven obligados a retrasar el retiro a los 63 años como mínimo. "Vamos a intentar que no se produzcan efectos no deseados sobre personas que tienen derecho a que se respete el principio básico de confianza legítima", comentó Burgos en referencia a los 35.000 afectados que ya tenían el visto bueno de la Seguridad Social para retirarse a los 61 años y se han visto sorprendidos por el cambio de criterio cuando estaban cerca de la fecha de retiro.
A este respecto, el secretario de Estado aseguró que la voluntad del Gobierno es que "se cumpla el espíritu" de la ley, que fijó un periodo de gracia de cuatro años para los despedidos a lo largo de la crisis y "no queden afectadas personas para las que no estaba concebida". Por tanto, y si se comprueba que la norma va contra los "legítimos intereses" de unos trabajadores que vieron rescindido su contrato en la última etapa de la vida laboral y sin opciones de seguir activos, "la Seguridad Social adoptará las medidas convenientes".
El departamento que dirige Fátima Báñez calcula que un total de 35.000 personas podrían verse condicionados por la decisión a razón de 7.000 trabajadores al año. Sin embargo, será en la reunión con los agentes sociales donde tratarán de cuantificar el número real de afectados. Una vez concretada la cifra, el Ministerio descarta una solución conjunta e insiste en la necesidad de ir caso a caso, aunque la publicidad que Burgos ha dado al encuentro y sus palabras invitan a pensar en que habrá un acuerdo con los agentes sociales.
Por su parte, los sindicatos, que llevan todo el verano en contacto con el ministerio para buscar una solución al problema, piden al Gobierno que corrija "urgentemente" la situación. Y que lo haga con efectos retroactivos. Así, evitaría, tal y como denuncian desde CC OO, "que ninguna persona con derecho a la pensión de jubilación sea privada del mismo de forma injustificada". Además, advierten de que "esperar dos años, en el mejor de los casos, para cobrar la pensión puede llevar a muchas familias a una situación económica insostenible".
UGT tambiíén reclama a Empleo que "corrija de oficio todos los expedientes de los trabajadores afectados por el cambio de criterio".
